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Atando cabos | 31/07/2025

La crisis no sólo es falta de gasolina y dólares

Rodolfo Eróstegui
Rodolfo Eróstegui

Todas las flechas apuntan a que el próximo gobierno debe corregir, como se afirma en la revista Número 47 de la Fundación Jubileo, los desequilibrios existentes con base en medidas como la reducción del gasto público, incluyendo la subvención de los hidrocarburos, flexibilizar el tipo de cambio y aplicar políticas para promover al productor nacional.

En otras palabras –nos reiteran los de Jubileo– se tiene que corregir la situación de inestabilidad económica, cuya cara más visible es el déficit fiscal, la escasez de divisas y la creciente inflación. De no hacerlo, la situación podría agravarse y afectaría a los más pobres.

El desafío para el nuevo gobierno es introducir cambios cuidadosamente estudiados y programado para no afectar la estabilidad. Esa es la condición básica. De no hacerlo, las familias se podrían desencantar de los nuevos rostros que gobiernan.

Uno de los problemas que se tiene que solucionar es la del empleo. En la actualidad la Fundación Jubileo señala, apoyándose en cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el 84,5% del empleo total es informal. Se tiene que aclarar que la informalidad en el país está concentrada en los sectores como el comercio y la agricultura; esta última abarca al 99,5% de los trabajadores. En la industria el 85%o es informal y en servicios el 77,2%.

Según el informe de la Fundación Milenio 2024, el año 2023 la población ocupada en el ámbito urbano creció un 4% respecto al año anterior, pasando de 4,39 millones a 4,56 millones de personas. Esto representa un incremento de 174 mil nuevos empleos, de los cuales 119 mil corresponden a mujeres y 54 mil a hombres. Esto significa que 149 mil jóvenes aspirantes a un puesto de trabajo lo encontrarán en la economía informal y sólo 25 mil encontrarán un puesto de trabajo en la economía formal.

Dado este panorama, el nuevo gobierno deberá incluir en su plan de desarrollo, o como quieran llamarlo, prioritariamente una solución al problema estructural del mercado de trabajo.  Esto, fundamentalmente, porque la informalidad acarrea varios problemas al país.

El diagnóstico inicial es que el país necesita más recursos económicos, y los márgenes de endeudamiento externo e interno y la informalidad laboral implica que los trabajadores y las empresas no pagan impuestos, lo que reduce la recaudación fiscal y limita la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos y infraestructura.

Por otro lado, hay una falta de protección social. Los trabajadores informales no tienen acceso a la seguridad social, lo que los deja desprotegidos en caso de enfermedad, accidente o desempleo, a diferencia de los trabajadores asalariados. 

También la informalidad se manifiesta en otros aspectos, como en la asignación ineficiente de recursos, lo que les impide el acceso a créditos y otros recursos que les permitan crecer y desarrollarse.

Se evidencia que existe una competencia desleal entre empresas formales e informales, lo que puede afectar negativamente a las empresas que cumplen con las normas laborales y fiscales.

Por otro lado, la informalidad puede afectar la productividad laboral, ya que los trabajadores informales pueden no tener acceso a capacitación y desarrollo de habilidades.

Está comprobado que la informalidad puede aumentar la vulnerabilidad a la pobreza, ya que los trabajadores informales pueden no tener acceso a ingresos estables y seguros.

En otras palabras, el próximo gobierno no sólo deberá resolver el problema de los combustibles y falta de dólares, sino que deberá enfrentar problemas en casi todos los ámbitos. Donde se aprieta sale pus.

Rodolfo Eróstegui es experto en temas laborales.



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