El narcotráfico es solo uno de los delitos que forman parte del entramado del crimen organizado en América Latina y, posiblemente, uno que en términos de costo-beneficio empieza a perder terreno frente a otras actividades como la extorsión o la minería ilegal.
Tras la detención del Mencho (Nemesio Oseguera), por ejemplo, se conoció que el cartel Jalisco Nueva Generación había realizado envíos ilegales de mercurio a Bolivia, destinados a operaciones mineras irregulares. Un fenómeno que recuerda lo que ocurre en países como Ecuador y, en menor medida, en Perú.
Los narcotraficantes son, ante todo, hombres de negocios. Peligrosos hombres de negocios. Cuando la presión de la ley se intensifica en un frente buscan oportunidades en otro. Así diversifican sus actividades, mantienen sus ganancias y protegen la estructura que sostiene sus operaciones.
En ese proceso, la extorsión se ha convertido en una alternativa especialmente atractiva para las mafias. Ya no se trata únicamente de presionar a grandes empresas –hoteles, industrias o compañías que operan en territorios dominados por carteles–. El brazo asfixiante del crimen ha llegado también a miles de pequeños emprendedores.
La extorsión golpea directamente a la economía cotidiana. Muchos comerciantes prefieren cerrar sus negocios antes que trabajar para entregar parte de sus ingresos a las mafias o arriesgar la vida por negarse a hacerlo.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo en 2025, en Ecuador se denunciaron cerca de 7.000 casos de extorsión. En Perú, las denuncias por este delito alcanzan una cifra escalofriante: 25.000 casos, de los cuales 10.000 corresponden a Lima.
Aunque no existen datos precisos que vinculen directamente las llamadas “vacunas” con las muertes violentas, es razonable suponer que una parte importante de esos crímenes está relacionada con la extorsión. En la costa ecuatoriana, por ejemplo, se ha vuelto tristemente habitual conocer casos de pequeños comerciantes –mecánicos, pescadores, artesanos– asesinados por negarse a pagar.
En este contexto, la detención de Sebastián Marset en Bolivia es, sin duda, una buena noticia. Podría marcar el fin de una etapa en la que peligrosos delincuentes encontraron refugio en el país, protegidos por redes de encubrimiento policial y, posiblemente, también judicial. Durante años, Bolivia funcionó para algunos de ellos como un punto de retiro estratégico cuando eran perseguidos por autoridades de otros países.
Marset, como se sabe, llevaba una vida cómoda en Bolivia. No solo por los lujos que disfrutaba, sino porque probablemente contaba con una red de complicidades dentro de estructuras institucionales permeadas por la corrupción del narcotráfico. Esa red le habría garantizado libertad para operar a cambio de sumas millonarias.
La investigación que ahora comienza debe tener en cuenta esos antecedentes, aunque sin caer en una cacería política. Es posible que haya existido algún nivel de compromiso de exautoridades policiales o gubernamentales. Pero mientras no existan pruebas concluyentes, lo prudente será avanzar con rigor y sin precipitación.
La lucha contra el crimen organizado es una tarea enorme. Se trata de un monstruo de muchas cabezas. La de Marset es solo una de ellas. El narcotráfico tampoco es el único delito que amenaza la seguridad.
Por ahora, Bolivia sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina y mantiene uno de los índices más bajos de muertes violentas en la región. Pero enfrentar con firmeza a las mafias también genera riesgos y consecuencias que no deben ignorarse.
La captura de Marset fue, como dijeron algunos entusiastas, un “golazo”. Pero conviene no olvidarlo: el partido recién comienza.
Hernán Terrazas es periodista.
