El reto de ser jurado electoral en estas elecciones

A un mes de las Elecciones Generales del 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) encara un desafío decisivo: garantizar la capacitación efectiva de cerca de 180.000 jurados electorales, responsables de la administración de aproximadamente 35.000 mesas de sufragio en todo el país. En ellos recaerá, esta vez de una manera especial, la responsabilidad directa de asegurar la emisión del voto libre y la transparencia de los resultados, en un contexto marcado por la incertidumbre política, la polarización social y las condiciones logísticas adversas. En esta ocasión, el papel de los jurados electorales es transcendental y para que esto sea comprendido, deben ser sensibilizados sobre la importancia de su trabajo en la jornada electoral.

El desafío no es menor. Las experiencias recientes, particularmente las elecciones judiciales de 2024, dejaron señales de alerta que deben ser atendidas con urgencia por el organismo electoral. Diversos informes de misiones de observación nacional e internacional identificaron debilidades que van desde dificultades en el llenado de actas y hojas de trabajo, hasta fallas en la transmisión de información básica a los electores por parte del personal electoral. Además, se evidenció la persistencia de vacíos normativos y de desinformación, así como la limitada capacidad de los jurados para atender consultas o responder ante situaciones imprevistas en la jornada electoral.

Estos antecedentes no pueden repetirse en un proceso electoral de tanta importancia como el que viviremos en agosto. No se trata solamente de ampliar la cobertura de la capacitación, sino de transformar su calidad, profundidad y pertinencia territorial. Hoy, más que nunca, el diseño metodológico de la formación debe considerar la diversidad geográfica, lingüística y digital del país. En zonas donde menos del 30% de la población tiene acceso a internet y más del 60% enfrenta analfabetismo informático, se debe considerar la capacitación híbrida, que solo será posible si se acompaña de formación básica en herramientas digitales como el uso del celular, mensajería instantánea y lectura de documentos electrónicos. Frente a estas exigencias, resulta legítimo preguntarse si el tiempo asignado para la capacitación en el calendario electoral es realmente suficiente para afrontar este reto con el nivel de rigurosidad que se requiere.

Pero el TSE debe asumir que una estrategia de capacitación eficaz no puede ejecutarse en solitario. Se requieren nuevas ideas y estrategias que consideren alianzas activas con gobiernos municipales, organizaciones de base, sindicatos, comunidades educativas y redes de medios comunitarios para construir una red nacional de formadores locales, como se hace en otros países. Estos instructores –docentes, líderes comunales, jóvenes con experiencia digital– pueden replicar los contenidos mediante ejercicios prácticos, simulacros y acompañamiento en grupos, priorizando la comprensión del procedimiento del escrutinio, el llenado del acta electoral y la obligación de exponerla públicamente.

También es imperativo profesionalizar y supervisar la labor de los notarios electorales y de los capacitadores contratados. La improvisación, el uso de materiales desactualizados o la falta de criterios técnicos en la selección del personal de campo son prácticas que atentan contra la confianza ciudadana y comprometen la integridad del proceso. La autoridad electoral no puede permitirse repetir el error de recurrir a los “primeros de la fila” para reemplazar a jurados ausentes sin haber sido previamente formados. Esa práctica podría vulnerar el principio de transparencia y poner en duda los resultados de las mesas. Es tiempo de evitar las “excusas” y de cumplir con lo que demanda este proceso electoral.

Otro aspecto que exige atención inmediata es la estrategia comunicacional. Una capacitación sólida debe estar respaldada por una campaña pública coherente, territorializada y técnicamente informada. El TSE debe desplegar mensajes claves en lenguas originarias, con materiales audiovisuales, digitales y radiales que lleguen a las comunidades más remotas y a los segmentos más desconectados del debate político formal. Y debe hacerlo ya porque no será fácil comprometer a 180 mil ciudadanos a cumplir con este deber.

No podemos perder de vista que en muchas mesas no habrá presencia de delegados políticos, ni observadores nacionales ni cobertura de iniciativas ciudadanas de control electoral. En esos casos, los jurados serán la única posibilidad de frenar posibles irregularidades. Ellos deberán ejercer su autoridad, garantizar que el acta se exhiba durante cinco minutos al final del escrutinio y velar por la fidelidad de los datos consignados. No hay margen de error ni sustituto para una preparación adecuada.

El sistema de resultados preliminares (Sirepre) podrá funcionar con eficiencia, pero no tendrá legitimidad si los actores humanos que lo alimentan no están debidamente capacitados. Los jurados electorales deben ser también vigilantes de este trabajo porque no son meros auxiliares administrativos, son autoridades electorales el día de la votación en las que debemos confiar.  Relegar o subestimar el valor de su capacitación es poner en riesgo todo lo trabajado antes de la jornada.

Si el TSE quiere garantizar elecciones transparentes, justas y creíbles en agosto, debe actuar desde hoy con visión estratégica, enfoque técnico y voluntad política al capacitar a los jurados que serán sorteados este 18 de julio. La historia electoral reciente ha mostrado lo costoso que puede ser ignorar las señales de alerta. Esta vez aún estamos a tiempo.