Compromiso de todos por las elecciones

A poco más de 45 días del inicio del calendario electoral, enfrentamos momentos decisivos que amenazan la realización de las elecciones generales de agosto y el ejercicio efectivo del derecho ciudadano al voto. La incertidumbre producida por la crisis institucional, la desconfianza ciudadana en el proceso, el protagonismo del Tribunal Constitucional y la debilidad de los actores políticos configuran un escenario de alto riesgo para la democracia.

La reciente elección judicial –que terminó por legitimar la prórroga inconstitucional de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)– dejó una huella profunda de desconfianza. Casi de inmediato, la ciudadanía se vio inmersa en un proceso electoral que se inició sin reglas claras y que mostró encuestas sin apego a la normativa, duplas improvisadas y el uso de siglas sin arraigo ideológico ni responsabilidad ante la ciudadanía. Iniciado el calendario electoral el 3 de abril, el TSE, por su parte, tiene en sus manos la decisión sobre la habilitación de candidatos y sobre otros temas, como el TREP, bajo una presión que podría comprometer en cualquier momento la independencia y credibilidad del proceso electoral.

Tres amenazas jurídicas ponen en riesgo el proceso electoral. En primer lugar, la Sentencia 0007/2025 del TCP limita a dos periodos el ejercicio de la presidencia o vicepresidencia, lo que podría afectar a candidatos con aspiraciones reeleccionistas. Segundo, está pendiente la resolución sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por Miguel Roca contra el artículo 5 de la Ley 1096, que restringe a las organizaciones indígenas a competir solo en elecciones subnacionales. Tercero, existe la posibilidad de que surjan nuevos recursos judiciales antes de los comicios. Estos factores podrían generar desconfianza ciudadana hacia las instituciones, provocar protestas sociales e incluso llevar a que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de interferencia política. Si el Órgano Electoral no puede tomar decisiones autónomas sin que sean revocadas por el TCP u otros tribunales, se pone en seria duda la posibilidad de celebrar elecciones libres y confiables.

¿Qué puede hacer el TSE frente a este escenario adverso? El TSE tiene el deber de conducir el proceso electoral no como un mero organizador, sino como garante de la integridad democrática. Para esto, en primer lugar, debe ejercer su autonomía con firmeza. Es crucial que sus decisiones estén plenamente fundamentadas en derecho y sean comunicadas de forma clara, recordando a la ciudadanía y a los actores políticos que se trata de un órgano del Estado. Debe actuar sin ambigüedades frente a cualquier intento de presión, utilizando comunicados institucionales y ofreciendo argumentos jurídicos sólidos que respalden su actuación.

Segundo, reforzar la transparencia y abrir espacios a la participación. A estas alturas del proceso, el TSE podría publicar de forma proactiva toda la documentación relacionada con el registro de candidaturas, incluyendo fundamentos de habilitación o inhabilitación, y también facilitar el acceso ciudadano a las siguientes actividades del calendario electoral de forma comprensible. Esto implica involucrar a los ciudadanos como actores corresponsables en la defensa de la democracia, más allá de convocarlos al voto. La ciudadanía debe ejercer su derecho a participar, a tener acceso a la información y a la vigilancia activa. Es su proceso y debe asumirlo como tal.

Tercero, abrir el proceso a la observación. El acompañamiento de misiones internacionales –OEA, Unión Europea u otros organismos regionales– no debería limitarse a la jornada electoral y ser más fuerte desde ahora, para que su presencia sea una señal contundente de que el proceso está siendo observado y respaldado desde estándares democráticos.

Asimismo, es clave fortalecer la observación nacional. Plataformas ciudadanas, universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil tienen un papel insustituible como veedores del proceso. Si el TSE acredita, respalda y protege el rol de los observadores durante el proceso y en la jornada electoral, logrará mayor legitimidad con la vigilancia a la consolidación de los datos del padrón, a la habilitación de candidaturas (con acceso a la conformación de las listas); con el acompañamiento al desarrollo de los sistemas informáticos (TREP y cómputo nacional) y, por supuesto, a los sistemas del cómputo departamental y nacional.

Bolivia no puede quedar sola frente al riesgo de un retroceso democrático. Las elecciones de este agosto serán factibles si cuentan con el compromiso del organismo electoral, de la ciudadanía, de actores políticos, de la sociedad civil organizada y de los organismos internacionales.

Sandra Verduguez es comunicadora social.