La Bolivia que emerge tras las elecciones de 2025 presenta una configuración política que obliga a repensar fundamentalmente los mecanismos de gobernanza democrática. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó oficialmente a Rodrigo Paz Pereira como presidente electo con 54,96% de los votos en segunda vuelta, inaugurando un gobierno que después de 20 años enfrentará el desafío de gobernar sin mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según los resultados oficiales del TSE, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 65 escaños de los 166 totales (16 senadores y 49 diputados). La alianza Libre consiguió 51 escaños (12 senadores y 39 diputados), Unidad logró 33 escaños (7 senadores y 26 diputados), mientras que el MAS quedó reducido a apenas 2 diputados. Esta fragmentación parlamentaria constituye un cambio estructural que, nuevamente, restaura la centralidad del diálogo como herramienta indispensable de gobernabilidad democrática.
El nuevo gobierno asume en un contexto económico extraordinariamente complejo. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registró en el primer semestre de 2025 un decrecimiento del PIB de -2,40%, la primera contracción económica en 39 años. El director del INE, Humberto Arandia, atribuyó este resultado a "una coyuntura política desfavorable" y al "exceso de bloqueos" que afectaron toda la cadena productiva.
Simultáneamente, el país enfrenta presiones inflacionarias significativas. El Banco Central de Bolivia reporta que la inflación alcanzó 23,32% a septiembre de 2025, con una variación acumulada de 18,33%. Las Reservas Internacionales Netas, aunque mostraron recuperación, llegando a $us 3.275 millones en septiembre (básicamente por el constante aumento del precio internacional del oro) reflejan la fragilidad del equilibrio macroeconómico.
Esta combinación de recesión económica e inflación elevada genera un escenario de estanflación que demandará medidas de política económica ineludiblemente dolorosas pero necesarias. Ningún gobierno, por fuerte que sea políticamente, puede implementar ajustes estructurales sin generar resistencia social.
Durante casi dos décadas, Bolivia experimentó un modelo de hegemonía política donde el MAS controló entre dos tercios y mayoría simple de la Asamblea Legislativa. Esta configuración transformó el Legislativo en una instancia de ratificación automática de decisiones gubernamentales, vaciando de contenido la función deliberativa del Parlamento y marginalizando sistemáticamente a las oposiciones.
La teoría democrática contemporánea enfatiza que las decisiones colectivas legítimas requieren espacios donde ciudadanos y representantes puedan expresar perspectivas diversas, evaluar alternativas y construir consensos mínimos. Este proceso deliberativo es especialmente crucial cuando se trata de distribuir cargas económicas y sociales, como ocurrirá inevitablemente en Bolivia.
La experiencia comparada de gobiernos minoritarios en América Latina demuestra que estos pueden funcionar exitosamente mediante estrategias de negociación y construcción de coaliciones. La variable determinante no es la aritmética parlamentaria sino la calidad de los procesos de diálogo y negociación institucional.
Las medidas económicas necesarias para estabilizar la economía boliviana generarán inevitablemente tensiones sociales. La eliminación de subsidios, el ajuste fiscal y las reformas estructurales afectarán directamente a sectores organizados con capacidad de movilización (trabajadores, transportistas, jubilados, maestros, médicos y diversas organizaciones sociales).
Paradójicamente, los gobiernos minoritarios generan condiciones más favorables para la educación democrática que los gobiernos de mayorías abrumadoras. Obliga a todos los actores políticos a desarrollar capacidades de argumentación, escucha y modificación de posiciones. Restaura el valor político de la persuasión sobre la imposición.
Esta transformación tiene efectos pedagógicos profundos en la cultura política. Genera en legisladores, dirigentes sociales y ciudadanos disposición para la negociación constructiva. Establece precedentes de resolución pacífica de diferencias políticas que fortalecen la institucionalidad democrática a largo plazo.
Bolivia enfrenta una oportunidad histórica de reconstruir su democracia sobre fundamentos deliberativos sólidos. La configuración política post 2025 no representa debilidad institucional, sino normalización democrática, restituye poder efectivo a las minorías parlamentarias, obliga a la negociación y reconoce que en sociedades plurales no existen verdades políticas unilaterales.
El éxito del gobierno de Rodrigo Paz dependerá de su capacidad para transformar la restricción aritmética en fortaleza democrática. Esto requiere asumir el diálogo no como concesión táctica sino como fundamento estratégico de gobernabilidad. En un contexto de crisis económica severa, la única alternativa sostenible a la imposición es la construcción de consensos mediante deliberación genuina.
La restauración del diálogo como práctica política transversal constituye una demanda histórica. Es la oportunidad de demostrar que la democracia boliviana puede funcionar sin hegemonías, basada en la negociación, el respeto mutuo y la búsqueda compartida de soluciones a problemas complejos.
Franklin Pareja es cientista político.
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