La postergación de la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur ha sido una decisión esencialmente política de una minoría de grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, que ven en él una amenaza sesgada para los intereses de grupos minoritarios provenientes de sectores claramente identificados, como agricultores y ganaderos, quienes han organizado una serie de movilizaciones las últimas semanas con el objetivo de frenar el acuerdo alcanzado en el seno de las instituciones europeas.
La negativa responde, a su vez, a la postura de algunos países de la Unión Europea –entre ellos Francia, Polonia y Hungría– que soslayan, en detrimento de la competitividad y del libre mercado, los beneficios transversales que un acuerdo de esta envergadura aportaría a la industria y a las economías de Europa y Latinoamérica.
Por su parte, para los países integrantes de Mercosur el acuerdo supera los intereses comerciales estrictamente, significaría un nuevo canal de intercambio de conocimiento y tecnología, en el marco del principio de reciprocidad, que tanta falta hace y abre un abanico de posibilidades más allá de los socios tradicionales y que hoy son puestos en cuestión, como China o Estados Unidos.
Este acuerdo multilateral entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con los 27 Estados del bloque comercial europeo contrasta con la política de aranceles, nacionalismo y acuerdos bilaterales impuesta por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.
La UE ya es el segundo socio comercial de Mercosur y su principal inversor extranjero. Las empresas europeas están integradas en las cadenas de valor latinoamericanas, desde la industria y las infraestructuras hasta la energía y los servicios. 700 millones de personas unidas en una sola zona comercial. Esa es la propuesta del acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE que crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Pocos acuerdos comerciales parten de una base económica tan sólida.
Sin embargo, como se ha expresado, la decisión de frenar el acuerdo es exclusivamente una responsabilidad de una minoría de políticos europeos. Esta posición, tantas veces discutida, no es nueva. Las negociaciones comenzaron hace más de 25 años, en 1999.
En 2019 se alcanzó un acuerdo político que acabó descarrilando por las preocupaciones europeas en materia de deforestación, aplicación de compromisos medioambientales y competencia agrícola. La Comisión Europea renegoció y reforzó el texto, incorporando compromisos de sostenibilidad diseñados para atender las exigencias del Parlamento Europeo y de varios Estados miembros.
A finales de 2025, la secuencia institucional parecía alineada: aprobación de la Comisión Europea, visto bueno del Consejo Europeo y acuerdo por ambas partes. Se dio por hecho, se celebró, pero de nuevo, se frenó en el último momento.
El bloqueo actual responde a una combinación conocida de presión política interna, protestas agrícolas y nuevas demandas de garantías adicionales. La maniobra del Parlamento Europeo de solicitar un nuevo escrutinio jurídico puede ser defendible desde el punto de vista procedimental. Políticamente, sin embargo, refuerza un patrón que empieza a resultar corrosivo para la credibilidad de Europa.
La constante es conocida: cerrazón política, falta de acuerdo, marginalidad internacional. Lo que se resume en una muestra clara de debilidad. No extraña, entonces, que la UE en la actualidad esté sometida a ese "paso de gigantes" que marca la agenda global.
Gigantes que, en muchos casos, defienden sus intereses a costa de potenciales socios, como ocurre en la actualidad y cuya tendencia parece agudizarse conforme discurre el tiempo, cuando se debaten cuestiones como aranceles a la importación de mercancías o presupuesto militar. No obstante, esa percepción de debilidad y aislamiento no se limita a Mercosur, influye en las expectativas de socios en India, el Sudeste Asiático y en muchos países clave.
El otro precio a pagar por los europeos es el geoestratégico. América Latina ya no es un escenario periférico. Es central en la competencia global por la seguridad alimentaria, las materias primas críticas, las cadenas de suministro de la transición energética y las infraestructuras.
China ha ampliado de forma sostenida su presencia en América Latina durante las últimas décadas. Estados Unidos está recalibrando su relación con un enfoque más claramente estratégico. En ese contexto, el acuerdo UE–Mercosur no es solo un tratado comercial, es una declaración de intenciones. La historia se repite: otra vez Europa queda al margen.
Todo movimiento estratégico tiene consecuencias. La liberalización comercial, la transición energética o la reconversión industrial conllevan ajustes.
La indecisión también afecta a la agenda europea de seguridad económica y autonomía estratégica. Hoy, la política comercial ya no solo es económica, es geopolítica.
El acuerdo UE–Mercosur ofrece diversificación de cadenas de suministro, nuevas inversiones y mayor capacidad de maniobra en una economía global cada vez más transaccional. Aplazarlo debilita la capacidad de Europa para actuar estratégicamente en un entorno comercial altamente politizado, para América Latina supone la postergación de sus aspiraciones por ampliar su enfoque comercial con socios confiables y explorar nuevos mercados.
Mateo Rosales Leygue es consultor político y fundador de Libres en Movimiento.
