Después de tres meses de la gestión del Presidente Paz, las políticas públicas abandonan la comodidad –relativa por supuesto– del decreto supremo y entran al terreno menos dócil pero más democrático de la Asamblea Plurinacional.
Es un cambio cualitativo de envergadura: por primera vez, desde la asunción del nuevo gobierno, una reforma estructural compleja deja de ser solo voluntad gubernamental (Ejecutivo) y se convierte en prueba de gobernabilidad. Aquí ya no basta el discurso; se requieren debates, votos, pactos, concesiones y esa gimnasia fina llamada negociación política. El proyecto de ley de transparencia y alivio tributario será el termómetro real de la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
Y es justamente en ese escenario donde debe analizarse la viabilidad de la referida ley. No estamos ante un simple ajuste , sino ante una cirugía elegante del sistema tributario boliviano. No necesariamente cambia la talla del traje fiscal –en Bolivia poca gente paga impuestos–, pero el proyecto de ley sí le ajusta las costuras, le redefine el corte y le aplica una limpieza facial a la relación entre Estado y contribuyente.
La estrella del espectáculo es el régimen del 5 % sobre ventas que integra varios tributos (IVA, IT, IUE). Traducido al castellano productivo: “pague 5 % de lo que vende y viva sin pesadillas tributarias”. Para el pequeño emprendedor, acostumbrado a sobrevivir entre formularios, fiscalizaciones y cafés fríos con su contador, esto suena a spa fiscal con aromaterapia institucional. Simplifica, reduce costos de cumplimiento y puede incentivar la formalización.
Ahora bien, esto dependerá de la conciencia tributaria de estos sectores. En este caso no queda más que rezarle a San Expedito, el santo de los trámites, para que a millones de informales los cubra con su manto sagrado y entren a este sistema. El nuevo impuesto es voluntario, una joya conceptual digna de museo: un tributo estatal que depende del ánimo del contribuyente, como si la gravedad fuera opcional los martes.
Es la cuadratura del círculo fiscal: obligación sin obligar, coacción con consentimiento aromatizado a civismo. En resumen, un impuesto zen: existe pero solo si usted lo siente en su interior tributario.
Pero aquí entra la letra pequeña, siempre más interesante que el titular. Gravar ventas no es lo mismo que gravar utilidades. Si su margen es bajo, el 5 % puede sentirse como una maratón en altura. Los pulmones le podrían estallar y soltar el bofe
Si su margen es alto, puede parecer un generoso gesto del fisco. En simple: el papucho Estado dejará mucha plata sobre la mesa y tratará a elefantes como si fueran hormiguitas. Hay wawitas de pecho. Kolilitas del cielo.
Y si el control es débil veremos el viejo arte nacional de la viveza criolla; es decir, presenciaremos el fraccionamiento empresarial: empresas medianas o grandes que, por obra y gracia del ingenio societario, amanecen convertidas en tres pequeñas para tributar menos. La creatividad boliviana es patrimonio inmaterial de la mamocracia.
En cuanto a la prescripción, que baja de ocho a cuatro años, el mensaje es técnicamente sensato: si el contribuyente tiene plazos, el Estado también. Se fortalece la seguridad jurídica y se reducen contingencias eternas. Excelente señal para la inversión y clima de negocios. Sin embargo, si la administración no mejora su capacidad analítica y fiscalizadora, el incentivo perverso podría ser resistir cuatro años y esperar el olvido.
La institucionalidad exige eficiencia, no solo buena voluntad. Sabemos que el Estado es un elefante lento, perezoso y torpe, y tendrá que hacer mucho ejercicio para poder atrapar a los evasores.
La condonación hasta 2017 de los que deben menos de Bs 10 millones y la regularización 2018–2026 completan el cuadro, se les perdona intereses y multas y deben paga capital divididos en 24 meses. Desde el punto de vista administrativo, limpiar cartera vieja incobrable y recuperar la principal sin intereses puede tener lógica pragmática. El Estado recauda algo hoy y los contribuyentes respiran. Pero el riesgo moral es evidente: si el perdón se vuelve costumbre, o si así es percibido por los contribuyentes, el cumplimiento se vuelve opcional.
El contribuyente cumplido empieza a sentirse ingenuo, un bolas tristes; el incumplido, visionario estratégico, o en francés, elegante, el péndex o mamon siempre espera el próximo perdonazo.
Finalmente, el IVA “transparente”: que el 13 % vuelva a verse como 13 % y no como un 14,94 % con sobrepeso metodológico. Es pedagógicamente sano. El consumidor entiende cuánto paga de impuesto, pero conviene recordar que en mercados poco competitivos los precios no bajan por decreto ni por cirugía contable; tienen una notable resistencia ontológica a descender.
En suma, la ley contiene elementos técnicamente valiosos: simplificación, seguridad jurídica, mayor claridad. Pero también alberga riesgos estructurales si no se diseña e implementa con precisión quirúrgica.
Y ahora que la política pública camina por el hemiciclo de la Asamblea con pantalones largos, la verdadera prueba no será el entusiasmo inicial, sino la capacidad de construir reglas estables, creíbles y sostenibles. Porque en materia tributaria, como en la gobernabilidad, la confianza no se decreta, se construye voto a voto, artículo por artículo.
Ciertamente, mejorar el sistema actual, hacerlo más transparente, más ágil y menos barroco es un paso importante. Nadie en su sano juicio defendería el placer masoquista de los formularios interminables o la arqueología contable de ocho años. Simplificar es civilizatorio, ordenar también.
Pero no nos engañemos con la estética, la madre de todas las batallas no está en pulir la vitrina, sino en ampliar la base tributaria. Porque el verdadero elefante fiscal no está en el 13 % o en el 5 %, sino en el universo generoso de sectores que simplemente no pagan impuestos, o pagan simbólicamente, mientras disfrutan de carreteras, hospitales, subsidios, universidades públicas y estabilidad macroeconómica.
En Bolivia hemos perfeccionado una curiosa versión del contrato social: algunos pagan, muchos usan y unos cuantos, además, contaminan. Cooperativas mineras que operan con privilegios cuasi medievales; sectores cocaleros con tratamientos impositivos suaves como terciopelo político; grandes gremiales que mueven volúmenes importantes en efectivo, y latifundistas cuya contribución tributaria a veces es más discreta que su extensión territorial. Todos actores económicos reales, todos beneficiarios del Estado, pero no todos aportantes proporcionales.
Si la reforma se queda en hacerle la vida más eficiente a quienes siempre pagaron estaremos perfeccionando la equidad entre cumplidos… mientras la inequidad estructural sigue intacta. La justicia tributaria no es solo eficiencia recaudatoria; es también equidad horizontal (que iguales paguen igual) y equidad vertical (que quien más tiene más contribuya).
En suma, transparencia y agilidad son avances, pero sin ampliación real de la base y sin justicia distributiva, la reforma será eficiente… para los de siempre. Y un sistema tributario que solo optimiza a los que ya cumplían puede ser ordenado, pero no necesariamente justo.
Como ya es costumbre, el gobierno nos presenta el parche de política económica con sonrisa de cirujano estético y nos susurra que la operación de fondo está “en agenda”. Mientras tanto, suena de fondo aquella vieja melodía de Rafael, ese “poco a poco” que promete intensidad, pero administra paciencia.
Ojalá la estrategia sea una transición quirúrgica y no un número de malabarismo fiscal: pelotitas en el aire, aplausos momentáneos… y reformas estructurales que siempre están por llegar, como el próximo verso de la canción.
Por otra parte, la Asamblea tiene ante sí una oportunidad histórica: dejar de ser mobiliario institucional y convertirse en arquitecta de una reforma más integral y ambiciosa. Hasta ahora, el Poder Legislativo ha cumplido un rol decorativo, elegante, casi minimalista, está, pero no interviene demasiado en el diseño, y su presidente solo hace ruido inútil.
Tal vez sea el momento de pasar del adorno al argumento, del aplauso protocolar a la enmienda sustantiva, y demostrar que legislar no es solo levantar la mano, sino también levantar el nivel del debate.
Gonzalo Chávez es economista.
