Los autoritarismos de bota militar son cosa del pasado. Sin embargo, se regeneran creativamente. Ya lo vimos durante dos décadas de masismo. Un régimen que, con notable eficiencia, se fue, de a poco, tornando autoritario. El autoritarismo militar venía “desde afuera” y triunfaba de lunes a martes. El autoritarismo del siglo XXI, con Morales de líder, vino “desde adentro” fagocitándose a toda la institucionalidad existente en años.
¿Por qué hago esta introducción? Porque hay formas incluso más sutiles de promover un régimen que podría ir adoptando “detalles” autoritarios. Ya no con fusiles ni ponchos sino con “ciencia” y meritocracia.
Conviene comenzar sentando una premisa: reducir el salario de los senadores y diputados garantiza el debilitamiento del modelo democrático. Lo deja librado a un Poder Ejecutivo –la presidencia y sus respectivos ministros y asesores– inmejorablemente pagado. Tengamos presente que el presupuesto general del país en 2025 fue de Bs 296.566 millones.
El 4,8% de este total se destinó a los poderes Legislativo, Judicial y Electoral. Si aislamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional su tajada rondó entre el 0,2% y el 0,4% de la torta. Entre 20 y 40 centavos de cada 100 bolivianos del presupuesto nacional fueron a alimentar a tan “voraz” institución. Ergo: casi nada. El promedio en América Latina ronda entre 0,4 a 0,6% y en Europa es del 1%. La plata que “gastan” nuestros representantes, por tanto, es mínima.
Por tanto, ¿debemos reducirles todavía más? No hay duda que la propuesta del senador Milton Condori tiene legitimidad. El argumento sostenido parte de una tesis: “como estos representantes son tan inútiles, es sensato rebajar sus salarios”. ¿Verdad? Sí, pero el razonamiento debe ser inverso: “son inútiles porque el salario es bajo”. Lo deseable sería que el Parlamento fuese una institución meritocrática de altura con médicos con postgrado en ramas genéticas o cancerígenas, ingenieros civiles expertos en diseño de puentes y carreteras deslumbrantes, informáticos con conocimientos en comercio digital, abogados con maestría y doctorados en derecho económico y marítimo, entre otros perfiles destacados.
Sin embargo, esta gama de profesionales jamás va a estar a la orden del país. ¿Por ser malos ciudadanos? No, tan solo porque en otros trabajos les pagan mejor. Ya vemos que, en estas condiciones, algunos de nuestros “padres de la patria” llegan a las 11.30 a sesión y salen rajando a las 14.00 al gimnasio como lo denuncia el mismo Condori.
Vuelvo al párrafo inicial de esta reflexión. ¿Qué tiene que ver esta última certeza con la posibilidad de erigir un renovado y sofisticado autoritarismo? Un reducido grupo de expertos se siente con la capacidad de proponer normas como el decreto 5503 de 120 páginas por una simple razón: son tecnócratas de innegable talento que sienten que se bastan. Sin embargo, ya lo vimos, el talento no bastó. Mientras tanto, ¿dónde estaban los asambleístas? He aquí la respuesta que refuerza lo sugerido: los asambleístas estaban acatando lo dispuesto por “los que saben”.
Por ende, el problema no es el “salario alto”. Esa denuncia sólo acrecienta un “populismo salarialista” destinado a enardecer a la prensa, mantener un tenor de cabreo que hace tanto bien a la ciudadanía, y, sobre todo, solidificar, casi sin notarlo, un modelo de democracia de un reducido equipo de “sabios”.
No es ese el objetivo. Todo lo contrario: la inteligencia, en un régimen democrático, debe estar en el congreso. Ese es el tenor del libro del gran filósofo Daniel Innenarity en su libro La democracia del conocimiento. Necesitamos gente que proponga, debata, encare. Y eso no se logra bajando el salario.
¿Qué sucedió durante las dos décadas de masismo? Ya les bajaron sus salarios a la fuerza: un jugoso porcentaje se destinaba al partido y a las bases. ¿Sirvió de algo ese aporte de “humildad”? No. Basta recordar ejemplos como la Ley de Reforma Educativa Avelino Siñani con citas demagógicas de “revolución descolonizadora" o la “Ley del Racismo” que es pura energía discursiva plasmada en un papel sin la menor posibilidad de modificar un ápice la institucionalidad jurídica del país.
¿Qué significa eso? Lo que el populismo más indigerible logra: “los éxitos inmediatos garantizan los fracasos de mediano y largo plazo”. El sonoro triunfo mediático de estos ejemplos fue sólo eso: bulla inmediata sin mejora social a largo plazo. Esas leyes fueron decorativas. En diversos países hay comités de asesoramiento al legislativo de notable aptitud. ¿Qué significa esta sugerencia? Dejar que los diputados y senadores sigan como están, representando a la bolivianidad, pero tener espalda técnica eficiente, no contratando a familiares y amigos en el pedacito miserable de presupuesto que les toca.
Sirva recordar que mientras discutimos esta propuesta las empresas públicas del país, vergonzosamente ineficientes, se llevan más del 30% del presupuesto. Entre 100 a 150 veces más dinero que el dinero que maneja el congreso. ¿No está Condori en ese debate? No, este senador del PDC parece mandado por los técnicos que hicieron el Decreto 5503. ¿Ironizo? Claro. Ironizo, teniendo presente que estas autoridades meritocráticas del Ejecutivo podrán seguir sacando decretitos sin que el Congreso, con un salario aún menor, tenga posibilidad de fiscalizarlos.
Diego Ayo es cientista social.
