Con sus resultados en puertas de confirmarse, las elecciones de este domingo han reiterado lo que sabíamos y que los expertos no quieren ver y menos asumir: que la sufrida democracia boliviana funciona sin partidos o, con más exactitud, a pesar de ellos.
Antes de seguir con el tema, es indispensable señalar que el problema es más extenso, en el sentido de que el daño supera al espacio de los partidos y abarca al conjunto del sistema de representación y mediación política, debido a que sindicatos y organizaciones sociales han retrocedido en cuanto a las capacidades de intermediación política que mostraron durante las prolongadas fases en que ocuparon, casi con exclusividad, esas funciones.
El problema de los partidos se encuentra muy extendido en el mundo y es también crítico en algunos de nuestros vecinos, como puede verse en Perú o Ecuador, donde predomina el astillamiento de sus tiendas. No se expresa igual en Chile o Brasil, donde persisten con aparente solidez organizaciones partidistas de larga data; mientras en Argentina, las formaciones clásicas, peronistas y radicales, exhiben señales de gran agotamiento.
Aquí, en las votaciones de las autonomías municipales y departamentales es difícil distinguir el perfil e influencia de las siglas individuales o coaliciones de mayor presencia (o ausencia) de las elecciones nacionales, con la excepción de Cochabamba, tanto municipio como en Gobernación. Sin embargo, el decaimiento de los lazos entre electores y partidos no mengua la popularidad de la profesión política, como muestra la alborozada y confusa proliferación de candidaturas que marca estas elecciones.
La explosión de candidaturas muestra que la expectativa de lograr fortuna, visibilidad y prestigio social abrazando la carrera política es cada vez más popular, sin importar que, al mismo tiempo, también se incrementa la desconfianza y el rechazo por sus actividades y costumbres características.
Veremos en los siguientes días hasta qué punto estos sentimientos expresados en sondeos, programas radiales abiertos al público y conversaciones cotidianas, se trasladan a resultados de abstención y de votos nulos y blancos.
De todas maneras, lo que está en el centro del quebranto que atraviesa el sistema de representación, sea en el espacio partidista, sindical, o corporativo, es la figura misma del profesional político, sea en su forma tradicional o de los dirigentes sindicales, corporativos que permanecen por décadas en sus puestos.
Al mismo tiempo, no se puede cerrar los ojos ante las potentes evidencias de pulsiones caudillistas en casi todos quienes declaran su aversión a las reelecciones continuas. La resiliencia política del expresidente del país y todavía máximo dirigente de las federaciones del trópico cochabambino es la expresión viva de esa paradoja.
Esa disonancia cognitiva (incomodidad que causa el mantener dos ideas o valores contradictorios) está muy lejos de ser un rasgo distintivo de los bolivianos, porque es muy fácil encontrarlo en el vecindario, en Europa o Estados Unidos.
Por eso mismo, las maneras que permiten aliviarlo también se hallan muy difundidas a través de distintas reglas que limitan, o impiden, reelecciones indefinidas. Han funcionado antes en nuestro país y han vuelto hacerlo, con baches y torpezas, este domingo 22 de marzo.
La tarea pendiente es que las organizaciones sociales de todo tipo (sindicales, gremiales, culturales, deportivas, religiosas) asuman protocolos similares. Mientras no ocurra, el camino de construcción democrática seguirá estando seriamente condicionado por la sombra del caudillismo, como la mayor amenaza a cualquier proceso de autogestión y autogobierno social, (si no sucumbimos antes, como consecuencia del estado de guerra que provoca el mayor centro de poder internacional, empeñado en frenar su declinación).
Lo mismo aplica al real avance descentralizador, tan demando en nuestra sociedad, como lo señalan las referencias y prescripciones de nuestra Constitución en cuanto a democracia plural e intercultural, representación y control social.
La resolución de la brecha entre dichos y prácticas en estos espacios encierra el secreto para generar caminos que lleven a la creación de un sistema representativo genuinamente nuestro, capaz de articular la delegación democrática con tradiciones corporativas de participación en la elaboración de leyes y normas; igual que en vigilancia social sobre el funcionamiento del Estado, incluyendo a cualquier tipo de organización especializada en funciones de representación.
Roger Cortez es investigador y docente universitario.
