Magnitud de la crisis y disponilidad para el cambio

La crisis política es la afección que resulta del ejercicio del poder, más aún cuando es autoritario. Sin embargo, este nombre genérico esconde una compleja diversidad de situaciones que exigen una distinción fundamental: las crisis pueden ser más o menos graves y, crucialmente, más o menos profundas.

La gravedad se mide por la amplitud de las partes del cuerpo político afectadas (los que ejercen el poder y los que reciben sus efectos) y, a mayor número de estructuras contagiadas, más grave es la situación. La profundidad, por su parte, se evalúa según si la afectación recae en aspectos medulares o periféricos del poder (no es lo mismo no tomar decisiones oportunas en economía que haber redactado mal un reglamento). pues si se comprometen los aspectos centrales la crisis es más profunda.

Partiendo de esta clasificación, las crisis menos graves son las de gabinete o de gobernabilidad parlamentaria. En el extremo opuesto, las más graves y profundas son las que sacuden los cimientos del sistema. Se denominan crisis de la democracia si afectan a la institucionalidad (legalidad electoral, autoridad militar/policial o judicial). El pico es la crisis de Estado, que se configura cuando muchas partes del cuerpo del poder, en sus aspectos centrales, son afectadas, conduciendo al descreimiento de la hegemonía y la autoridad del Estado como ente unificador de la vida social.

Desde este punto de vista, la crisis generada por el gobierno del MAS-IPSP debe ser categorizada como una crisis de Estado, dada su manifiesta gravedad y su alarmante profundidad.

Si se acepta que este es el verdadero tamaño de la crisis del MAS-IPSP con resultados catastróficos que afectan transversalmente a toda la vida social (economía, institucionalidad democrática, justicia, moral política, etcétera), se puede afirmar que esta enorme crisis gestó un vaciamiento de la capacidad hegemónica o de convencimiento del Estado Plurinacional.

Este vaciamiento se manifestó en una amplitud descontrolada. La intermediación social clientelizada, en manos de los dirigentes sindicales, se corrompió al extremo, precipitando disputas internas que fracturaron a organizaciones que antes eran sus pilares de apoyo, como la Csutcb, la Cidob y los colonizadores (que eran además el sujeto histórico indio a los ojos de los teóricos del populismo radical) e, incluso, alcanzaron a la COB y a las juntas vecinales urbanas.

En la gestión gubernamental, la corrupción se extendió a YPFB, Obras Públicas y otras instituciones. El aparato de justicia fue cooptado y corrompido, el Banco Central fue sometido a los caprichos del gobernante. La Contraloría y la Procuraduría se dedicaban a acusar opositores mientras encubrían a sus propios militantes.

La profundidad de la crisis ofreció una muestra aún más preocupante con la ineptitud en la gestión económica. Sus resultados fueron tangibles y dolorosos: la elevación descontrolada de los precios de alimentos básicos, la falta de dólares, que encareció medicamentos e insumos importados.

A esto se añadió a la falta de previsión en la búsqueda de nuevos pozos para la exportación de gas. Todo ello mostró la cima a la que había llegado la crisis, acentuada por la terca insistencia del Presidente Arce, del Vicepresidente Choquehuanca y de los ministros en mantener discursos cargados de ideología y frases rimbombantes, ausentes de conexión con la realidad.

Así, el enorme vacío de poder y de credibilidad generados crearon lo que en sociología política se llama disponibilidad social. Este término describe una gran aceptación en amplios sectores para apoyar cambios fundamentales en varios aspectos medulares del Estado y la gestión de gobierno, incluyendo su capacidad de conducción (hegemonía) sobre la sociedad.

Es desde esta comprensión completa de la disponibilidad social abierta que se vuelven coherentes las acciones políticas iniciadas por el Presidente Rodrigo Paz y el Vicepresidente Edmand Lara en el amplio relacionamiento internacional y con Estados Unidos para apoyo financiero y lucha antidrogas (que incluye la llegada de la DEA junto a otros organismos de lucha contra el narcotráfico), las acciones de recomposición meritocrática de la burocracia estatal con disminución de ministerios y posible racionalización del personal,

Y también adquieren coherencia los discursos de posesión (Paz con una visión más realista del país y su situación general, y Lara con un discurso emocional de gran proximidad con los sectores populares), que demuestran que el nuevo gobierno ha comprendido la gran disponibilidad social abierta y ha comenzado a llenar, gradualmente, los vacíos gestados por la crisis del MAS-IPSP y de su gestión de gobierno, que afectan, incluso, algunos aspectos medulares del Estado Plurinacional etnicista, para llenarlos de una nueva visión de país integrado.

Esto último preludia el inicio de la construcción de una nueva hegemonía. Y aunque el camino será largo y difícil (por las dificultades externas e internas), al parecer el nuevo bloque de poder político tiene la convicción y la solidez suficientes para avanzar decididamente hacia adelante.

Carlos Hugo Laruta es sociólogo boliviano.