La seguridad alimentaria y las políticas gubernamentales: Una contradicción irresuelta

Los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19 han aumentado las brechas de desigualdad y malnutrición. El panorama no es alentador, el Banco Mundial proyectó que este año el PIB de América Latina y el Caribe se situará en -4.6 %, lo que significa que el comercio mundial podría caer entre el 13% y 32%. Al disminuirse los recursos del país, los ingresos familiares se contraerán, esta situación generará mayor pobreza y ahondará la situación de inseguridad alimentaria que afecta a los grupos más vulnerables.

La inseguridad alimentaria y la malnutrición son factores que merman el bienestar y la calidad de vida de los individuos. Hasta el año 2019, la FAO señaló que existía un aproximado de 820 millones de personas que padecen hambre, siendo África y América Latina las regiones más afectadas por esta situación. En Bolivia, el año 2011 a través del informe “Seguridad Alimentaria en Bolivia” se evidenció que persistía el problema de calidad en la alimentación, es decir, que en los hogares bolivianos había un alto consumo de alimentos con baja cantidad de nutrientes.

Esta situación se volvió a evidenciar el año 2012 en el informe “600 Mapas interactivos de los 337 municipios del país” del INIAF que señaló que en promedio cada persona consume 2 kg de zanahoria, 2,6 kg de pescado, 1,1 kg de quinua en relación a los 92 kg de papa, 47 kg de harina, 34 kg de azúcar, 32 kg de arroz y los 25 litros de aceite transgénico, que en promedio un boliviano/a consume por año. Ello genera un déficit energético que afecta principalmente a los sectores más pobres.

El 2018 el informe de Naciones Unidas “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional” señaló que la inseguridad alimentaria en Bolivia afecta principalmente a mujeres, poblaciones indígenas y niños/as pobres, siendo las principales causas que mantienen esta situación “los cambios que han sufrido los sistemas alimentarios en la región”, es decir, se opta por consumir alimentos que cuestan menos dinero pero que son menos saludables. Los alimentos orgánicos son más caros porque tienen un proceso más lento y más difícil frente a la múltiples plagas y eventos meteorológicos que deben enfrentar.

Si hay algo que caracteriza el incremento de cultivos transgénicos es su utilidad para la producción a gran escala. Este tipo de producción genera costos más bajos en los alimentos, pero con graves riesgos a la salud y al medio ambiente. Al respecto, es importante mencionar que se ha evidenciado que el uso del glifosato puede afectar la salud. El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado como cancerígeno por la OMS y es un elemento que se utiliza en cultivos transgénicos. A pesar, que la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos ha señalado que no hay una asociación directa entre el consumo de transgénicos y enfermedades crónicas o daño al medio ambiente, el impacto de este tipo de alimentos sobre la salud sigue siendo un tema debatible.

Los daños a la salud y la afectación al medio ambiente fueron aspectos que se tomaron en cuenta al momento de establecer normas que eviten el cultivo de transgénicos en Bolivia, sin embargo, a la fecha el Chaco y Santa Cruz se encuentran produciendo maíz transgénico en un 70% y 40%, que según el CIPCA su cultivo amenaza a 18 variedades de maíz local.

Asimismo, con la promulgación del Decreto Supremo Nro. 4232, en mayo de este año, se ahonda aún más esta situación de vulneración, ya que a través de esta norma se establece procedimientos abreviados para ensayar la producción transgénica de productos como la caña de azúcar, algodón, trigo, soya y maíz.

Si bien se han dado avances en relación a la seguridad alimentaria a nivel normativo, a través de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Nro. 144 y 300. Así como mediante, los compromisos que el Estado ha asumido a través de la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aún prevalece un contexto en el cual los bolivianos/as no tienen acceso físico y económico de alimentos seguros y nutritivos.

Sin ir muy lejos hasta el 2016 Bolivia seguía importando trigo y maíz transgénico, hecho respaldado por el Decreto Supremo Nro. 2857. Asimismo, desde el año 2014 el representante de ANAPO confirmaba que el 99% de la soya producida en Bolivia es transgénica. Por tal, el consumo y producción de alimentos transgénicos en los últimos años ha entrado en contradicción con las políticas gubernamentales de seguridad alimentaria

Lorena Choque Flores es politóloga, candidata a magister en Diplomacia y Relaciones Internacionales.