Una lectura recurrente sobre la abrogación del Decreto Supremo 5503 sostiene que el gobierno de Rodrigo Paz habría sufrido una derrota política ante “minorías eficaces” o sindicatos mafiosos altamente organizados, violentos y ajenos a la “gente de bien”. Textos como “firmeza democrática frente a las minorías eficaces” de Ricardo Paz, junto con otros afines, convergen en una misma tesis: que no hubo razones de fondo, sino mero chantaje; que no hubo una tensión democrática real, sino capitulación del Estado.
Estas miradas exigen atención no tanto por su ceguera selectiva, sino por su peligrosa deriva reaccionaria. No solo legitiman mensajes virales cargados de violencia simbólica –como esa imagen manipulada donde el Ministro de Economía aparece rodeado de campesinos con rostros de simios–, sino que alimentan la formación de corrientes de opinión cada vez más radicalizadas y dispuestas a abrazar, sin matices, soluciones autoritarias al conflicto social y económico.
En primer lugar, el orden cronológico de los hechos importa para comprender en su complejidad el desenlace. Los primeros en rechazar el decretazo fueron los choferes y transportistas, quienes se posicionaron como los principales protagonistas e interlocutores. El gobierno reaccionó con rapidez al haber desplazado a sus ministros hacia los departamentos para negociar directamente con los gremios regionales. La movida rindió frutos, ya que retornaron a la sede de gobierno con decenas, o quizá cientos, de acuerdos firmados, lo que inclinó la balanza a favor de un entendimiento definitivo con las dirigencias nacionales. Hasta ese momento, la Central Obrera Boliviana (COB) había ocupado un lugar secundario en el tablero y estuvo a punto de rendirse.
El conflicto bien pudo haber terminado ahí, sin mayor trascendencia ni costo político. Pero sucede que el Decreto iba más allá del “ajuste inevitable”. Fue entonces cuando las redes sociales comenzaron a incubar la consigna “lean todo el decreto”. A partir de ese llamado crecieron los cuestionamientos de fondo. Desde el oficialismo y sectores pro–gobierno, la reacción fue la descalificación sin mayor debate, en parte, porque algunas críticas fueron efectivamente formuladas desde el MAS y en tono de “gobierno neoliberal y entreguista de los recursos naturales”.
Sin embargo, el debate no se estancó en la repetición de dogmas. Por el contrario, las críticas ganaron densidad y profundidad. Se fue destilando una lectura cada vez más nítida: no se trataba solo de un ajuste de precios, sino de un intento de instaurar un régimen autoritario de excepción para concentrar poder en materia económica. Fue un intento de desmantelamiento de los mecanismos institucionales, de pesos y contrapesos democráticos y de vaciamiento de atribuciones de la Asamblea Legislativa. El Decreto abría, además, la puerta a compromisos financieros de alto riesgo en nombre de “emergencia económica nacional”.
Esa tentación de pretender gobernar por decreto y con un “cheque en blanco” en la mano, activó el involucramiento político de actores que habitualmente están en el palco de observadores.
Mucha gente sin vínculos con los movilizados cuestionó abiertamente las torpes pretensiones del gobierno. Como era previsible, el MAS en sus distintas versiones terminó apoyando las protestas en las calles. Sin embargo, sus intentos por reinstalar el discurso antineoliberal y antiimperialista naufragaron en la nueva coyuntura.
Esas armas retóricas de los años noventa ya no lograron interpelar ni movilizar con contundencia. El movimiento campesino, por su parte, se sumó con agenda propia. En buena medida, masificaron el bloqueo de caminos en respuesta a la traición de Rodrigo Paz al respaldo electoral decisivo de este sector.
Este es el contexto en que la COB se recompuso, ganó empuje y tomó fuerza. Pese a su indiscutible falta de legitimidad y pasado sombrío, terminó desempeñando el rol de canalizador de agendas compartidas, amplificadas y resignificadas por sectores y voces no corporativizadas.
No comprender este papel de la COB, como agregador de descontentos diversos es lo que lleva a confundir el medio con la causa del conflicto. Este error analítico es lo que alimenta posturas reaccionarias que incitan a combatir la protesta social con mano dura y persecución judicial.
En pocas palabras, la narrativa de “minorías eficaces” es profundamente retrógrada porque se sustenta en la falsa premisa de “ellos” las mafias corruptas y violentas, frente a “nosotros”, la “gente de bien” dispuesta a transitar al pos–masismo a cualquier costo. Esta simplificación binaria no solo empobrece el debate, sino que justifica salidas autoritarias.
Para cerrar, vale la pena subrayar un lado positivo de todo esto. El conflicto visibilizó voces que están politizando la arena pública sin caer en radicalismos, ni autocensurarse por el hecho de que sus posturas hayan convergido coyunturalmente con otras corrientes o que hayan sido canalizadas por la COB.
El Decreto 5503 terminó mostrando el surgimiento de expresiones políticas y formas de interpelación aún incipientes, pero que trascienden edades y estratos sociales y, sobre todo, que se distancian del repertorio habitual plagado de consignas desgastadas y marcos interpretativos moralistas.
Gonzalo Colque es investigador.
