El primer mes del nuevo gobierno quedará en la memoria como una puesta en escena marcada por inconsistencias internas. Mientras, por un lado, Rodrigo Paz describe un panorama desolador, un Estado en quiebra, desfalcos y montañas de deudas; por el otro, presume logros nada menores, como la normalización del suministro de combustibles y la caída del dólar paralelo.
Ambas versiones no están alejadas de la realidad, pero no despejan una contradicción de fondo que no habría que dejar pasar: si todo está en ruinas, ¿de dónde están saliendo los dólares que el gobierno necesita como el aire?
La explicación oficial ha sido escueta y evasiva. Gracias a la “confianza recuperada” ante los organismos internacionales, los proveedores de gasolina y diésel habrían ampliado las líneas de crédito existentes. Cabe esta posibilidad, hasta cierto punto, pero la confianza, por sí sola, no alcanza para que las refinerías y los traders internacionales despachen cientos de camiones cisterna cargados hasta el tope por un valor equivalente a 60 millones de dólares semanales.
El contador de pagos públicos lanzado recientemente confirma que no todo se da al fiado: solo en la primera semana reportada, Bolivia desembolsó 96 millones de dólares para combustibles.
Cerrar el año fiscal 2025 es un desafío brutal para las finanzas públicas, pero el gobierno parece que está consiguiendo liquidez de algún lado. Sólo para cubrir los gastos de noviembre y diciembre hacen falta unos 760 millones de dólares frescos: 500 para importar combustibles y 260 para servicio de deuda externa.
En contrapartida, el ingreso disponible apenas suma 232 millones, entre los 72 millones que Luis Arce dejó como saldo en el Banco Central y los 160 millones previstos como desembolsos de deuda externa. La suma y resta arroja un déficit financier¿De dónde salen los dólares que el gobierno necesita como el aire?
El primer mes del nuevo gobierno quedará en la memoria como una puesta en escena marcada por inconsistencias internas. Mientras, por un lado, Rodrigo Paz describe un panorama desolador, un Estado en quiebra, desfalcos y montañas de deudas; por el otro, presume logros nada menores, como la normalización del suministro de combustibles y la caída del dólar paralelo.
Ambas versiones no están alejadas de la realidad, pero no despejan una contradicción de fondo que no habría que dejar pasar: si todo está en ruinas, ¿de dónde están saliendo los dólares que el gobierno necesita como el aire?
La explicación oficial ha sido escueta y evasiva. Gracias a la “confianza recuperada” ante los organismos internacionales, los proveedores de gasolina y diésel habrían ampliado las líneas de crédito existentes. Cabe esta posibilidad, hasta cierto punto, pero la confianza, por sí sola, no alcanza para que las refinerías y los traders internacionales despachen cientos de camiones cisterna cargados hasta el tope por un valor equivalente a 60 millones de dólares semanales.
El contador de pagos públicos lanzado recientemente confirma que no todo se da al fiado: solo en la primera semana reportada, Bolivia desembolsó 96 millones de dólares para combustibles.
Cerrar el año fiscal 2025 es un desafío brutal para las finanzas públicas, pero el gobierno parece que está consiguiendo liquidez de algún lado. Sólo para cubrir los gastos de noviembre y diciembre hacen falta unos 760 millones de dólares frescos: 500 para importar combustibles y 260 para servicio de deuda externa.
En contrapartida, el ingreso disponible apenas suma 232 millones, entre los 72 millones que Luis Arce dejó como saldo en el Banco Central y los 160 millones previstos como desembolsos de deuda externa. La suma y resta arroja un déficit financiero que supera los 500 millones de dólares, un agujero negro capaz de succionar cualquier ilusión de recuperación económica.
En lo inmediato, las opciones de Rodrigo Paz se reducen a dos fuentes de financiamiento. La primera es el salvavidas que lleva el logo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El gobierno accedió a un préstamo extraordinario de 550 millones de dólares, un monto muy superior a las operaciones regulares.
Aunque el convenio aún no ha sido remitido a la Asamblea Legislativa, el Presidente ya autorizó su firma por decreto y anticipó que su aprobación será un mero trámite.
También dio a conocer que el desembolso está en camino, será inmediato y casi en su totalidad. Una inyección vital tanto para cerrar el año fiscal, como para oxigenar los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz.
Sin embargo, este monto, por extraordinario que sea, será un alivio pasajero que alcanza para dos meses. La tormenta no amaina para el próximo año. Incluso recortando el déficit fiscal en un 30%, el gobierno tendría que conseguir en financiamientos externos entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Y, por supuesto, ningún organismo concederá préstamos excepcionales si el dinero se sigue gastando para aplazar el ajuste fiscal.
La segunda fuente de alivio sería un pozo conocido y envenado: la monetización del oro del Banco Central de Bolivia (BCB). Hasta octubre, los lingotes de oro han sido la principal fuente de suministro de dólares para el gobierno de Arce.
Su desesperación fue tanta en los meses previos que llegó al extremo de empeñar cerca de 10 toneladas de las reservas mínimas como colateral para obtener préstamos de corto plazo por más de 1.000 millones de dólares. Las exautoridades violaron la ley del oro que manda a custodiar un mínimo de 22 toneladas de oro.
A pesar de estos sobregiros y violaciones —que requieren una aclaración urgente por parte de las nuevas autoridades del BCB— existe la tentadora posibilidad de recurrir una vez más a los lingotes restantes para cubrir el agujero financiero de 500 millones de dólares. Paz y su equipo económico, discretamente, podrían estar colocando entre 4 a 6 toneladas en operaciones de monetización o swaps de activos.
No sabemos si es así, pero si fuera el caso, arrastraría al nuevo gobierno al mismo pantano de ilegalidades y decisiones irresponsables que su predecesor. Disponer del oro de forma opaca y sin pedir autorización a la Asamblea Legislativa no solo constituiría un daño económico al Estado, sino un error político capaz de dinamitar la confianza depositada en las nuevas autoridades.
Sería precipitado y temerario afirmar que esto ocurre, pero sí corresponde subrayar que hay señales que despiertan dudas. Para empezar, Paz y su equipo han guardado un silencio llamativo a la hora de pronunciarse sobre las reservas de oro, tanto antes como después de la segunda vuelta electoral.
Mientras Tuto Quiroga denunciaba abiertamente las maniobras del BCB y prometía investigaciones a fondo, Rodrigo Paz gambeteó hábilmente el tema del oro, una y otra vez. Ya en el gobierno, está destapando escándalos relacionados con las subvenciones y malos manejos en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Gestora Pública, entre otros.
También prometió revelar datos “extraordinariamente escalofriantes” de corrupción. Sin embargo, al menos hasta ahora, ni una sola mención en relación al BCB. ¿Es prudencia este silencio, o un velo que oculta las mismas prácticas?
Solo hay una manera de despejar las dudas y los nubarrones. Esto es, transparencia sobre el origen de los dólares que está gastando. Sólo así, la normalización del suministro de combustibles sería un logro genuino y duradero, y no un castillo de arena financiado con el oro empeñado al margen de la ley y reproduciendo las soluciones falsas del gobierno anterior.
Gonzalo Colque es investigador.
