El DS 5503, emitido recientemente por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira –cuyo eje central es el aumento de los precios de los combustibles–, ha provocado el rechazo de diversos movimientos y organizaciones sociales, en especial de la COB, los mineros y los profesores, pero también ha recibido el apoyo de sectores importantes de la población boliviana. No ha habido una aclamación unánime, pero tampoco un abucheo generalizado.
Si los acontecimientos continúan siguiendo las pautas marcadas en estos días, las movilizaciones callejeras de oposición irán menguando hasta disiparse en proclamas, manifiestos y discursos difundidos a través de las redes sociales; pero también disminuirá la simpatía popular que se expresó, por ejemplo, en el abucheo de ciudadanos transeúntes a los bloqueos y marchas opositoras. Esto nos señala que lo verdaderamente relevante –en cuanto a reacción popular– está aún por venir. De ahí que resulte sustancial reflexionar sobre algunos antecedentes y posibles consecuencias del DS 5503.
Es indudable la necesidad de modificar la política económica heredada del gobierno del MAS. Evo Morales intentó un capitalismo de Estado fundamentado en el popularismo y no en el populismo. Un buen diccionario define el popularismo como la tendencia o afición a lo popular en las formas de vida, el arte, la literatura, etcétera.
En su aplicación en el campo político, el popularismo resulta pernicioso cuando el poder corresponde a un estamento definido en términos coloniales y raciales, en el que la cúspide está ocupada por rebrotes de los colonizadores y la base por los descendientes de los colonizados, indígenas y mestizos. Esto es evidente, aun cuando la cúspide sea ocupada ocasional y transitoriamente por un indígena, como ocurrió durante el gobierno de Evo Morales.
Como contraste, la comprensión política del término populismo tiene actualmente un carácter peyorativo. Se lo entiende como la relación directa y personal entre un líder y las “masas”, en la que el primero busca movilizar a las segundas mediante la manipulación de sus dificultades y pretensiones. Sin embargo, esta definición distorsiona la necesaria identidad que debe existir entre un pueblo y sus dirigentes. Sobre todo, en situaciones con una derivación colonial como la nuestra, un dirigente político no puede sino ser populista, en el sentido de interiorizar y empatizar con los anhelos y la idiosincrasia del pueblo.
El MAS utilizó y abusó del popularismo. Se construyó una imagen deformada de lo indígena y de lo popular para disimular la mala conciencia de su aparato criollo y justificar, mediante triquiñuelas ideológicas, la manipulación de lo indígena: eso fue el pachamamismo.
En lo económico, repartió –“a capricho de las bases”– recursos provenientes de la cooperación internacional, de sus amistades políticas y de los ingresos del IDH. No hubo inversiones ni planes sostenidos de desarrollo. Sí hubo, en cambio, dilapidación de recursos y corrupción en su administración; el Fondo Indígena es paradigmático al respecto. Era, pues, necesario un cambio de timón en la política económica: esa es la esencia del DS 5503.
Sin embargo, el éxito de un “cambio de timón” no radica únicamente en sus buenas razones y justificaciones, sino en que sea adecuado y sostenido en el tiempo. De ahí la necesidad de abandonar el popularismo y encaminar un populismo serio y respetable.
Es necesario adquirir una nueva comprensión de nuestra formación social. En Bolivia, las clases sociales parecen estar determinadas por estamentos: quienes poseen un determinado estilo de vida desempeñan una función social específica. El poder, como señalamos más arriba, parece haber excluido a los pueblos originarios. En este contexto, la economía no puede desvincularse de lo sociocultural.
La subvención a los combustibles fue una política implementada inicialmente en 1997, por el gobierno de Hugo Banzer, para beneficiar a la empresa privada agroindustrial del oriente boliviano. Como suele ocurrir en nuestra convulsa historia, fueron luego los sectores mestizos y los indígenas emergentes quienes se apropiaron de esa “ayuda”.
De ahí que cualquier gobierno que pretenda poner en entredicho dicha subvención ponga en riesgo su estabilidad, pues vulnera la manera perturbada en que se ha ido construyendo nuestro orden social. El propio gobierno de Evo Morales intentó cortar la subvención a los combustibles en el año 2010, debiendo retroceder ante la masiva y violenta protesta popular.
Tomando en cuenta lo anterior, las protestas y manifestaciones recientes contra el decreto de Rodrigo Paz pueden considerarse casi triviales. Sin embargo, el verdadero problema para el nuevo gobernante puede surgir después. Si consideramos que las medidas económicas están mediadas por el sistema colonial estructurado en Bolivia, las reformas económicas deben avanzar en paralelo con las sociales, nacionales y estatales; de lo contrario, solo se remienda superficialmente una grieta que luego se profundizará aún más.
Para minimizar las protestas contra el DS 5503, el gobierno de Rodrigo Paz ha recurrido a algunas estratagemas: dictar la medida entre feriados, prolongando algunos de ellos para reducir las movilizaciones populares, por ejemplo; mimetizar otras iniciativas económicas en el caldo del simple aumento de los precios de los hidrocarburos, y también comprometerse con determinadas organizaciones sociales, como los cooperativistas mineros. Se intenta remendar un agujero profundizando el vacío de otros. Esto evidencia, simplemente, un desconocimiento de las estructuras sociales y de sus mecanismos en Bolivia y, si no se lo remedia, anuncia una catástrofe futura.
Es, pues, imprescindible un entendimiento y un contacto nuevo y diferente entre el poder y el pueblo. Es momento de ser populista de manera legítima y honrosa. La falta de una relación adecuada entre el gobierno y la población –especialmente con los sectores populares e indígenas– resulta acuciante para el nuevo gobierno, en momentos en que lo que podía haber sido la ocasión para implementar nuevas visiones y relaciones acaba de desaparecer, tras la implosión de la relación entre el presidente Paz y su vicepresidente Lara.
Pedro Portugal es historiador, especialista en temas de indígenas.
