Daños a la prensa

En mayo de 2007, al terminar el denominado “V encuentro de la Red en defensa de la Humanidad” que, según sus organizadores, estaba –no sé si todavía estará– integrado por intelectuales, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró de manera pública que sus principales enemigos eran los medios de comunicación social. Luego corrigió, al decir “algunos medios de comunicación”, pero la palabra suelta ya no tenía vuelta.

Los hechos demostraron, casi de inmediato que, en realidad, Morales consideraba enemiga a toda la prensa que no podía controlar. El referido encuentro concluyó que los medios de comunicación ejercían injerencia en la sociedad y habían armado un “cerco” en contra del mandatario. Eso ameritó interconsultas para saber quiénes integraban ese cerco, pero la verdad era que los “intelectuales” se estaban refiriendo a los medios que no le echaban flores ni le hacían coro a “su” presidente. Por tanto, la pose, y las declaraciones no eran fácticas, sino políticas.

Lo sucedido aquel mayo, en Cochabamba, hubiera quedado como anécdota, pero la realidad fue que Evo desató una sañuda campaña en contra de la prensa que, a fuerza de repetirse, terminó por incrustarse en el sentimiento ciudadano. “Prensa vendida” fue el rótulo más usado, seguido del de “cartel de la mentira”.

De entonces a ahora, la situación de la prensa boliviana se ha deteriorado a niveles insostenibles. Muchos medios han cerrado y hacer cobertura callejera es un peligro, pues son incontables los casos de periodistas golpeados por grupos o masas de violentos.

Pero, si de agresiones a la prensa se trata, estas no solo se manifiestan de manera física.

La semana pasada, cuando editábamos la sección de opinión del diario El Potosí, tuvimos que tomar la dura decisión de no publicar dos artículos debido a que se referían a temas electorales. ¿El motivo? Desde el jueves regía el silencio electoral y los casos de medios a los que se quiere aplicar millonarias multas han logrado asustarnos. Ese día hicimos algo que los periodistas de un régimen democrático no deben hacer: nos autocensuramos, y todavía me reprocho aquello.

Para mi triste consuelo, no fue solo nuestro caso. La editora de uno de los medios en los que se publica esta columna me llamó para consultarme qué se debía hacer con la parte de mi artículo que hablaba de los nuevos gobernantes y, finalmente, decidimos quitar lo de “nuevos”.   

Tengo más de 35 años de ejercicio periodístico y es la primera vez que me veo ante circunstancias semejantes. Lo triste, y alarmante, al mismo tiempo, es que la censura y su consecuente autocensura no viene del gobierno o de organizaciones políticas, sino de uno de los organismos más llamados a defender la democracia: el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE ha desarrollado con éxito los últimos procesos electorales y sus integrantes están a punto de cerrar una gestión sin tachas, que bien podría llamarse “honorable”. Sería triste que los vocales se vayan con la sombra de haber atentado contra la prensa.  

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.