Donde había una bella casa, hay ahora un terreno baldío y pronto comenzarán las excavadoras a sacar toneladas de tierra hasta toparse en el subsuelo con corrientes de agua y otras sorpresas para luego levantar un edificio (se teme que tendrá 40 pisos), mucho más alto que la construcción que está al lado, el edificio Mario Mercado en la esquina de la calle 17 de Obrajes. Ya fue un problema la construcción de los 26 pisos del edificio de Baisa (Marcelo Claure, Club Bolívar), y ahora, a menos de 10 metros (si respetan las normas), se elevará otro más alto que pondrá una presión enorme sobre los servicios de agua, alcantarillas y electricidad, y sobre el propio suelo.
¿Cuánto peso más puede soportar esa zona de Obrajes que está entre el río y los cerros? Hay por lo menos veinte edificios entre la avenida 14 de Septiembre y la avenida Hernando Siles, cuya construcción ha tenido un efecto perverso sobre la zona, rajando casas y calles porque son edificios que bloquean los cursos naturales de agua que baja de Alto Obrajes, y no toman en cuenta la fragilidad del suelo, no apto para estructuras tan altas. Puedo citar dos ejemplos emblemáticos que tuve la oportunidad de conocer desde adentro: la residencia de la embajada del Reino Unido (entre las calles 5 y 6 de Obrajes), y la residencia de la embajada de Francia (entre las calles 16 y 17), a la que me refiero extensamente en este artículo. En ambos casos, residencias de categoría patrimonial, que serán destruidas por la angurria y codicia de constructores inescrupulosos cuyo oficio es lavar dinero mal habido.
No lo digo con ligereza: todos sabemos que el “boom” de construcciones de edificios en La Paz y en otras ciudades se debe en gran parte al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del contrabando. Los constructores son cómplices de ello, algunos tan groseramente cómplices como Harold Lora, el dueño de la empresa Loritas que está medio-preso (sale cuando le da la gana) por haber construido irregularmente 16 edificios (que siguen avanzando a hurtadillas a pesar de la sentencia municipal y penal).
En Bolivia, los constructores honestos que respetan las normas se cuentan con los dedos de una mano. Los demás consiguen permisos truchos para cometer arbitrariedades con la complicidad de funcionarios corruptos de la Alcaldía de La Paz, que abundan como ratas en un basural. Los departamentos en edificios se venden en efectivo, ya sea en dólares o en moneda boliviana, sin pasar por el sistema bancario, con precios nominales que pagan menos impuestos. Las empresas compran materiales de construcción en El Alto, sin facturas, y pagan a los obreros también en efectivo, sin ninguna documentación legal ni beneficios sociales para los trabajadores. El sector de la construcción es uno de los más corruptos en este país.
Los vecinos de la que fue residencia de la embajada de Francia llevaban más de un año luchando para salvar de la destrucción a esa hermosa casa, pero corrió dinero y jueces corruptos determinaron que los ávidos constructores no sólo tengan permiso para destruir completamente la casa (que comenzaron a hacerlo antes de la sentencia) sino además para “construir”…
¿Desde cuándo le corresponde a un juzgado otorgar licencias para construir un edificio? Esa es una atribución exclusiva de la Alcaldía, una vez que todos los estudios de impacto ambiental hayan sido realizados.Con una Alcaldía tan corrupta, los vecinos están desarmados.
Sólo han tenido el apoyo del exsecretario de Culturas, Américo Gemio, y de la concejal Roxana Pérez del Castillo, que ha estado luchando a su lado para que cesen las arbitrariedades, pero ni siquiera su buena voluntad y su poder político en el Concejo Municipal ha podido contra las mafias instaladas en la Alcaldía, que suele recibir a cambio de sus favores dinero en efectivo o departamentos. Concejales como Chaín son ejemplos de corrupción descarada por su asociación con constructores inescrupulosos. Muchos funcionarios se enriquecen de esa manera. Los de menor nivel cobran coimas para hacer cualquier trámite.
La casa que fue una elegante residencia de la embajada de Francia fue vendida en 2024 a la Empresa Pok Ha Bek, y no le interesa ni un pepino a los actuales diplomáticos franceses.Como no es su país, no importa el patrimonio sino el negocio. Pero sí les interesa a los vecinos de Obrajes porque en esa casa y en ese terreno se podría haber hecho un proyecto con función social, aprovechando la construcción que existía y el extenso jardín que ahora no es más que una plataforma polvorienta. O un proyecto comercial de otra naturaleza: un restaurante, un centro cultural, un salón de eventos.
Hay antecedentes que hoy se pretenden ignorar. El año 2010 la Alcaldía de La Paz elaboró la ficha técnica que catalogaba como Patrimonio de Categoría A la casa de la exresidencia de la embajada de Francia. La ficha sigue vigente y, según la normativa, la casa no podía ser objeto de demoliciones ni modificaciones, sólo de un mantenimiento adecuado.
En lugar de defender el patrimonio, la Alcaldía ha hecho todo lo posible para aliarse en contubernio con la Empresa Pok Ha Bek (“roca sólida”, pero ética líquida), que tiene antecedentes de violación de normativa de construcción en la ciudad de La Paz como en el caso de la Torre Kyrios, ubicada en la calle 7 de Obrajes donde elevaron 15 pisos más que lo que determinaba el permiso de construcción. La Empresa Pok Ha Bek SRL, representada por su gerente Daniel Claure Veizaga, ha actuado con mala fe en complicidad con funcionarios de la alcaldía para impedir que la casa que fue residencia de la embajada de Francia, construida en 1947, confirme su estatuto patrimonial, que estaba en proceso desde hace más de un año.
La nueva Dirección de Patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no hizo lo que tenía obligación de hacer para la aprobación de la Ley de Declaratoria de Patrimonio, ni gestionó que la Sub Alcaldía Sur realice acciones de fiscalización.
Casi todos los funcionarios son una manga de corruptos, con excepción de Américo Gemio, que era secretario de Culturas, quien alertó a la Dirección Jurídica de la Alcaldía pidiendo se inicie un proceso penal contra los autores de la destrucción de la casa, pues el 5 de agosto de 2024, gente vinculada a la empresa Pok Ha Bek, socavó subrepticiamente la estructura para derrumbar una parte. Cuando se pudo realizar una inspección ocular, se exigió la reconstrucción del daño causado en la estructura, de acuerdo a las normas vigentes.
Américo Gemio solicitó al subalcalde de la Zona Sur, Álvaro Fabricio San Martin, que inicie un Proceso de Fiscalización para sancionar a los autores de la destrucción parcial del patrimonio, y aplique la sanción de no otorgar ningún permiso de construcción durante diez años, acorde a la normativa. Sin embargo, ni la Dirección Jurídica ni la Subalcaldía hicieron nada de lo solicitado. Dejaron pasar el tiempo para que la casa se termine de desmoronar, en espera del fallo del 2 de septiembre de 2025, plagado de irregularidades, de la Sala Primera Constitucional para dar un permiso de destrucción del patrimonio. Meses antes Américo Gemio había sido retirado de su cargo, era sin duda un funcionario honesto, incómodo para una alcaldía corrupta desde la cabeza a los pies.
En 2024 la Empresa Pok Ha BeK presentó un amparo constitucional solicitando la nulidad de la ficha técnica que declaró la residencia Patrimonio Categoría A. El Amparo Constitucional fue negado por la Sala Segunda Constitucional de La Paz, gracias a la defensa de los funcionarios de la Dirección de Patrimonio y del entonces director de Culturas Américo Gemio. No cabe duda de que esa fue la razón para que el alcalde Iván Arias decidiera desmantelar la Dirección de Patrimonio, prescindiendo de Américo Gemio y de otros funcionarios comprometidos con la protección del patrimonio de La Paz.
La Dirección de Patrimonio fue transferida a la Secretaría de Planificación Municipal dirigida por Diego Chávez, con otros funcionarios menos comprometido con el patrimonio. Así terminó la comunicación que existía con los vecinos y con las instituciones defensoras del patrimonio. Según informan los vecinos, los nuevos funcionarios, claramente coludidos con la empresa Pok Ha Bek, dejaron de responder a las cartas y reclamos.
Me queda claro que ahí ha corrido dinero y prebendas. De otro modo no se explica el contubernio lamentable y vergonzoso entre la empresa Pok Ha Bek, los funcionarios de la alcaldía de La Paz, y los jueces de la Sala Constitucional Primera, Alexis Ángel Angles Mercado, y de la Sala Constitucional Cuarta, Carmiña Ninoska Vera.
Nuestra justicia corrupta tiene que cambiar pronto, ojalá se pueda en los próximos años y todos los jueces corruptos dejen de ejercer y vayan a la cárcel. No hay suficientes cárceles en Bolivia para tantos “operadores de justicia” corruptos.
No deben ceder los vecinos en su empeño. Los jueces corruptos deben ser acusados, con nombre y apellido, así como los funcionarios de la Alcaldía y los constructores que violan las normas, pero consiguen de manera fraudulenta las firmas y sellos necesarios para perpetrar sus crímenes contra la ciudad y contra el patrimonio.
Qué triste es ver al país sumido en la más profunda corrupción, una corrupción con cimientos más profundos que un edificio de 40 pisos.
@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta
