Desde 2010, cuando la Ley 026 incorporó la paridad y alternancia como un requisito dentro del sistema electoral, Bolivia se mostró como un pionero en la normativa relacionada con la participación política de la mujer. Sin embargo, 16 años después debemos reconocer que aún no se han creado las condiciones necesarias para que esa norma se implemente plenamente.
Tenemos las leyes, tenemos el discurso, incluso tenemos buenas cifras en algunos niveles de representación, pero aún no hemos podido transformar la paridad en un hecho cotidiano y sostenido.
Al cerrar el ciclo electoral con las elecciones subnacionales, el periodo 2026–2031 se abre como una oportunidad importante, no solo porque el país enfrenta un reacomodo político territorial, sino porque existe una expectativa social renovada de recuperar la institucionalidad democrática.
En este marco, la paridad debe avanzar y dejar de ser un trámite no entendido y soslayado para convertirse en ejercicio real de poder. En su informe más reciente –entregado a las nuevas autoridades del TSE– la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo recogió una señal de más de 60 organizaciones de mujeres que expresaron su preocupación por la falta de avances sustantivos y, al mismo tiempo, su esperanza de que este nuevo escenario político sea el punto de partida para trabajar desde diferentes frentes hacia una paridad y alternancia efectivas. Lo que piden no es privilegio, es simplemente el cumplimiento de la ley.
Pero ese cumplimiento necesita trabajo y voluntad política, y mucho de eso depende del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que, si bien durante años ha garantizado la revisión formal de listas, eso es apenas el inicio.
El desafío real comienza cuando las mujeres ya han sido electas porque debe trabajar sobre todo con las organizaciones políticas, donde ocurren desigualdades en la selección de candidatas, donde se presentan renuncias forzadas, sustituciones que rompen la alternancia o marginación de las mujeres de los cargos estratégicos, o donde apenas preocupa su formación política.
Cambiar la mentalidad y cultura partidaria implica un proceso pedagógico, técnico y político que requiere acompañamiento cercano, procesos de sensibilización y capacitación, la aplicación de las sanciones en caso necesario y la voluntad política de las organizaciones para cumplir con la Ley 1096, cuando señala que la paridad debe ser un requisito de su democracia interna.
Aunque esta ley también debe ser revisada para que logre explicar con mayor precisión los mecanismos de control y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento, entre otros temas.
El OEP también debe avanzar hacia una transparencia activa de la información relacionada con la paridad. La ciudadanía necesita datos públicos, actualizados y comprensibles sobre cuántas mujeres fueron electas, cuántas asumieron, cuántas renunciaron y en qué condiciones; cuántas lideran comisiones o directivas, cuántas denuncias de violencia política se realizan, cuántas prosperan o quedan en nada.
La Fundación Jubileo solicitó información sobre estos temas al TSE y a los tribunales electorales departamentales en 2023 y sólo recibió información sin actualizar desde el nivel nacional; los TED no tenían o no quisieron dar información. Aclaremos que, sin información oficial clara, no es posible hacer un seguimiento serio y, sin esto, no es posible pedir el cumplimiento de la norma.
Pero está claro que este esfuerzo no le corresponde únicamente al OEP. Se necesita una alianza activa también con organizaciones de mujeres que llevan años formando liderazgos, acompañando casos de violencia política y sosteniendo la agenda de igualdad allí donde las instituciones no han llegado. Su experiencia es clave para orientar acciones, identificar riesgos y construir una estrategia de país que vaya más allá de la coyuntura electoral. Con preocupación vemos que este tema sólo sale a flote en los procesos electorales, cuando el momento para avanzar de manera significativa es justamente cuando el OEP no está ocupado en administrar elecciones.
Pero la ciudadanía también tiene un rol decisivo para que la paridad no sea un beneficio sectorial sino una condición para que la democracia funcione. Cuando una mujer es presionada para renunciar, cuando se les niega el acceso a decisiones o cuando se la sustituye con maniobras internas, no sólo se vulnera a una persona: se juega con la voluntad de los votantes y con la representación legítima que esa mujer encarna.
Los medios de comunicación también tienen su cuota de responsabilidad para informarse sobre la paridad y para convertir sus indicadores en una agenda pública sostenida.
No se trata solo de reportar candidaturas; se trata de contar qué pasa después. ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes son desplazadas? ¿Cuántas renuncian? ¿Cuántas denuncian y qué pasa con esas denuncias? Son preguntas que periodistas informadas/os pueden responder para presionar los cambios que se necesitan.
Hacer que la paridad y la alternancia deje de ser sólo un tema que se escucha cuando se presentan las listas de candidaturas depende de todos. Y aquí también es importante sensibilizar a las nuevas salas plenas de los tribunales electorales departamentales para que en los próximos años busquen salidas propias a las realidades locales que afectan el ejercicio de los derechos políticos y civiles de las mujeres.
Sandra Verduguez es comunicadora social.E
