Las cifras de candidaturas inhabilitadas en el actual proceso subnacional han encendido alarmas. Nunca antes se había visto una inscripción tan masiva y un número de candidaturas tan alto que termina fuera de la carrera por no cumplir requisitos básicos. ¿Es esta sólo una estrategia de las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas o una situación que está revelando problemas del sistema político electoral?
Si comparamos lo que está sucediendo con las elecciones subnacionales de 2021 resulta más fácil entender la dimensión del fenómeno. En ese momento, en departamentos como Cochabamba, alrededor de un tercio de las candidaturas fueron inhabilitadas, una cifra alta pero manejable.
Entre las causas, se vio que no subsanaron la documentación que les observaron, que buena parte registró un domicilio electoral distinto al que postulaba; que los candidatos tenían pliegos de cargo ejecutoriado o que no renunciaron a cargos públicos 90 días antes. Sin embargo, hoy el escenario es distinto: en algunos departamentos, más de la mitad —e incluso cerca del 80%— de los candidatos podrían quedar fuera tras la revisión de requisitos, con el riesgo de impugnaciones que eso significa.
Esto ocurre en un contexto de crisis institucional profunda y podría estar reflejando dificultades de una democracia en transición, caracterizada por la fragilidad organizativa de los actores políticos y por una ciudadanía que desconfía de los partidos, del sistema judicial y de la política en general.
En este clima, las inhabilitaciones podrían interpretarse como decisiones políticas, aunque tengan base legal, o como una estrategia política poco responsable que permite seguir buscando candidatos o alianzas hasta el último momento, en un claro abuso de la norma electoral (que debe ser revisada para evitar este tipo de comportamiento) que, además, estaría causando una sobre carga importante de trabajo en los tribunales electorales departamentales.
A esto se suma un cambio de modelo político. Durante años, un partido dominante cumplió el rol de organizador de amplios sectores sociales: filtró candidaturas, aportó equipos técnicos y evitó errores básicos. Hoy ese tutelaje se ha debilitado.
Aparentemente, muchas organizaciones intentan participar por cuenta propia, con legítima expectativa democrática, pero sin infraestructura mínima, sin experiencia y con poco o ningún conocimiento de la reglamentación electoral. El resultado entonces, es una participación masiva pero precaria de partidos débiles, fragmentados y sin una mínima estructura u orientación ideológica, incapaces de filtrar candidaturas, formar cuadros o cumplir reglas básicas.
En este escenario, las inhabilitaciones masivas no son un accidente, son también la prueba de que el sistema de partidos ya no cumple su función de intermediación democrática.
Por otro lado, y en el contexto actual, la gran cantidad de inhabilitaciones también podría causar una pérdida de legitimidad del OEP por tratar de hacer cumplir las reglas en un entorno que no está preparado para ellas, poniendo en riesgo la credibilidad y confianza que tanto le ha costado recuperar.
Para avanzar y disminuir los riesgos, los nuevos vocales del TSE cuentan con recomendaciones de las misiones de observación electoral nacional e internacional. Es importante considerar su aplicación y analizar, en este caso, que aplicar la norma no basta y que la legalidad debe ir acompañada de orientación, clara, sencilla y directa hacia los interesados sobre las razones de la inhabilitación, los errores que se cometen y cómo se los debe evitar (y esto se debería trabajar de forma permanente, no sólo en procesos electorales en curso, cuando ya no hay tiempo) para fortalecer la confianza y credibilidad de las nuevas Salas Plenas. Un acercamiento permanente y pedagógico a los actores políticos permitiría abrir la participación, pero invirtiendo en capacidades organizativas para evitar situaciones como las que hoy se presentan.
Por su parte, los partidos y agrupaciones deben entender que participar en elecciones no es sólo un derecho, también es una responsabilidad. Inscribir candidaturas sólo con carnets de identidad y sin respaldo no amplía la democracia, revela incapacidad, desorganización, falta de estructura, desconocimiento de las reglas de participación (entre otros), crea susceptibilidades y causa dificultades técnicas al organismo electoral.
Por lo tanto, la avalancha de candidaturas inscritas no debe tomarse como una señal de salud democrática si es que, en la misma magnitud, resultan inhabilitadas. Es más bien un signo de desorden político en un momento de transición que debe empezar a ser corregido con reglas claras, con más transparencia y con un acompañamiento serio desde el OEP (en el nivel nacional y departamental) a los actores políticos. Este es uno más de los desafíos que debe enfrentar el OEP.
Sandra Verduguez es comunicadora social.
