Informe del Departamento de Estado refleja que en Bolivia hay tortura y tratos inhumanos por parte de agentes gubernamentales

Brújula Digital|24|04|24

El Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos, del Departamento de Estado de EEUU, identificó que en Bolivia hubo casos creíbles de tortura, “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales”.

El documento fue presentado el lunes 22 por el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien resaltó que el “informe presenta una descripción fáctica y sistemática de la situación de los derechos humanos en aproximadamente 200 países y territorios”.

Sobre Bolivia, se establece que entre las cuestiones importantes de derechos humanos "figuraban informes creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas”.

Por ejemplo, en torturas y otros tratos o penas crueles indica que al parecer  la mayoría de los abusos "ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían a personas detenidas”.

Si bien, añade el documento, el Gobierno boliviano tomó medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos, el enfoque de las medidas estuvo politizado.

El informe también considera que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Bolivia durante el año (2023)”.

Advierte además de una “grave” corrupción gubernamental, serias restricciones del Gobierno a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, violencia generalizada de género (incluida la doméstica o de pareja, la sexual y el feminicidio) y trata de personas, incluido el trabajo forzoso.

En este sentido, cita el caso de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, fallecido el 19 de abril de 2022. Estuvo desde 2015 hasta el día de su muerte con detención preventiva y llegó a encarar 256 procesos.

“Aramayo, que había acusado a funcionarios del gobierno de corrupción, murió en abril de 2022 después de pasar siete años en prisión preventiva en 56 cárceles diferentes”, añade el informe.

“Un informe de una ONG de septiembre de 2022 responsabilizó a numerosos agentes de policía, jueces y funcionarios gubernamentales de torturar a Aramayo mientras estaba en prisión”.

El estudio del Departamento de Estado indica que si bien el Gobierno “generalmente” autorizó el monitoreo de observadores independientes a las condiciones de los reclusos, “no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y la expresidenta interina, Jeanine Áñez”.

El panorama

Condiciones físicas abusivas en las cárceles. El informe revela que el hacinamiento carcelario es un problema.

Añade que según la agencia penitenciaria del Gobierno boliviano, las instalaciones carcelarias estaban a más del 200% de su capacidad; el 66% de los reclusos se encontraba en prisión preventiva.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos. En general, los defensores públicos están sobrecargados y tienen una capacidad limitada para proporcionar asistencia jurídica adecuada y oportuna. Si bien se permite la libertad bajo fianza, la mayoría de los detenidos quedó en prisión preventiva o no pudo salir porque falta de dinero para pagar la fianza.

Varios expertos jurídicos señalaron que la prisión preventiva era la regla y no la excepción.

Presos y detenidos políticos. El documento revela que hasta noviembre del año pasado había informes de más de 300 presos políticos. El Gobierno negó que los hubiera y aseguró que solo son personas que cometieron delitos. Según observadores de derechos humanos, el número de detenidos se debió, en parte, a la falta de independencia judicial y al abuso de la prisión preventiva.

El documento del Departamento de Estado incorpora en este punto el caso del el exdirector de Migración Marcel Rivas, “quien fue declarado inocente en su primer caso sobre un asunto migratorio, pero recibió una sentencia mínima por una falta administrativa relacionada con alertas migratorias en un segundo caso. Mientras cumplía esa condena, la Fiscalía abrió un tercer caso contra Rivas, lo que retrasó aún más su salida de prisión. El gobernador de Santa Cruz Camacho se encontraba en prisión preventiva en un penal de máxima seguridad de La Paz”.

Libertad de expresión. El informe indica que si bien la Constitución Política del Estado prevé la libertad de expresión, “el Gobierno no respetó este derecho y tomó represalias contra los medios de comunicación que expresaban opiniones disidentes.

Violencia y acoso contra la prensa. “Los periodistas enfrentaron amenazas y acoso. Organizaciones de periodistas reiteraron pedidos de protección. En un comunicado público, la Asociación Nacional de Periodistas y asociaciones departamentales (regionales) de periodistas denunciaron un aumento del acoso, presión y abuso contra periodistas, citando específicamente el cierre de Página Siete y tres estaciones de radio en Los Yungas”.

Lea el informe sobre Bolivia aquí:

https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/bolivia/

BD/LE/JA