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Sociedad | 17/05/2025   18:31

En una década, el número de las ONG en Bolivia cayó de 1.980 a 206

Entre 2015 y 2025, el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Bolivia sufrió una drástica reducción.

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Brújula Digital|17|05|25|

Sumando Voces, Rodolfo Huallpa

Entre 2015 y 2025, el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Bolivia sufrió una drástica reducción, de 1.980 organizaciones registradas en 2015 a 206 en 2025, lo que representa una disminución del 89,6%, según el Informe sobre Libertades e Institucionalidad en Bolivia 2024, del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

El informe se respalda en datos del registro de ONG que realiza el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que también refleja la disminución de ONG internacionales, de 185 en 2015 a 44 en 2025, que equivale a una caída del 76,2%.

La problemática por la que atraviesan las ONG en Bolivia en los últimos años, de acuerdo con el informe, abarca diferentes ámbitos, por ejemplo, la independencia, afectada por presiones tales como “vigilancia, acoso burocrático y financiero, o la estigmatización”. Así también la falta de acceso a la información y recursos.

También se cita que el derecho a la libre asociación está “condicionado por obstáculos normativos y administrativos”. “Se denunciaron trabas arbitrarias en la regulación de organizaciones críticas, así como la asignación discrecional de recursos públicos, favoreciendo a sectores afines al gobierno”, se lee en el documento.

El informe cita una consulta realizada en 2024 por UNITAS a diferentes organizaciones de la sociedad civil, en la que “32% de los participantes evaluó la situación como extremadamente restrictiva, debido a barreras en la inscripción y renovación de personerías jurídicas” para las ONG.

En sus recomendaciones, UNITAS exhorta al Estado a garantizar la plena vigencia de la libertad de asociación, respetando la independencia de las organizaciones, simplificando los trámites administrativos y evitando cualquier forma de injerencia.

Suman 15 casos de suplantación o división de organizaciones en los últimos dos años

Entre 2023 y 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS registró un total de 15 casos de suplantación o división de organizaciones sociales, práctica que pone en riesgo la autonomía del tejido asociativo del país.

La suplantación o división de organizaciones ocurre cuando actores externos —principalmente grupos de personas o partidos políticos— interfieren en la estructura interna de una organización, buscando reemplazar o fracturar su dirigencia.

“La vulneración más recurrente a la libertad de asociación durante el 2024 fue la suplantación y división de organizaciones, entendida como la creación de una dirigencia paralela que se atribuye el título legítimo de cabeza de una organización, generando un discurso de invalidación de la estructura orgánica, legítima e histórica de ésta”, refleja el informe.

El año pasado, UNITAS identificó ocho casos de división de las siguientes organizaciones: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Asamblea de la Alteñidad, la Federación de Padres de Familia de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa.

A estas organizaciones se suman otras siete identificadas en 2023: el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (dos ocasiones), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (dos ocasiones), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto.

Este paralelismo, para UNITAS, surge por el interés de actores del gobierno de “cooptar” dirigencias a través del “establecimiento de redes clientelares que han afectado el funcionamiento y la legitimidad” de las organizaciones.

El informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, que refleja estos y otros datos, puede ser descargado aquí.

BD/





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