Human Rights Watch pide retirar acusación de terrorismo a Evo porque es “desproporcionada”

Brújula Digital |11|9|20|

La fundación Human Rights Watch presentó este viernes el informe “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia” en la que atribuye que el gobierno interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y a partidarios del expresidente Evo Morales “quien enfrenta cargos por terrorismo que a la luz de las pruebas parecen responder más bien a motivaciones políticas”.

El reporte señala que la acusación por terrorismo a Evo Morales es "desproporcionada" y que la Fiscalía debe retirarla, aunque la actitud del expresidente con el llamado a bloquear alimento a las ciudades se puede tipificar como delito.

El informe de HRW, denominado ‘La justicia como arma: Persecución política en Bolivia’, documento de 53 páginas, considera “desproporcionadas o infundadas” las acusaciones contra Morales y observa “violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva” y “(sugiere al Gobierno de Bolivia) abandonar toda persecución por motivos políticos de personas que hayan tenido vínculos con el gobierno de (Evo) Morales o sus partidarios, y respetar la independencia judicial y fiscal”.

La imputación contra Morales se basa en una grabación correspondiente a noviembre de 2019, en la cual se escucha al exmandatario instruyendo a su colaborador Faustino Yucra que se cerquen ciudades para dejarlas sin alimentos, y se dé, más bien, “combate” y “batalla”.

Human Rights Watch revisó el expediente y se entrevistó con la fiscal del caso Heidy Gil. Con esa investigación, concluyó que no se respalda la acusación por terrorismo. “El contenido de la conversación no demuestra ninguna participación en actos de violencia, ni tampoco ningún acto que podría ser categorizado correctamente como terrorismo”, dice el informe.

Por otro lado, el informe alude a que la intrusión política del sistema judicial es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia.

“La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. El expresidente Evo Morales manifestó su rechazo a la independencia judicial reiteradas veces. Durante sus casi 14 años en el poder, la Fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían estar motivados por razones políticas”, señala el informe.

“La exsenadora Jeanine Añez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo”, dice el informe leído por José Miguel Vivanco, director para las Américas, Human Rights Watch.

Agregó que “decenas más (de esos adversarios) están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”.

En ese sentido, Human Rights Watch señala que para reafirmar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales de los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor
a represalias.

Dicho informe, además, documenta casos promovidos por el gobierno con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

El reporte también presenta casos de abuso del sistema de justicia contra opositores durante el gobierno del expresidente Evo Morales.

Para elaborar el informe, Human Rights Watch sostiene que examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 de esos casos, y en febrero de 2020 tuvo acceso a todo el expediente de la investigación por terrorismo contra Morales, conformado por más de 1.500 hojas.

También entrevistó a 90 personas, entre ellas el ministro de gobierno, Arturo Murillo; la defensora del pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados.

También pidió que se deje de utilizar operaciones de “ciberpatrullaje” para identificar a aquellos que critican al gobierno interino y dejar de impulsar procesos penales contra jueces por haber dictado sentencias con las que no está de acuerdo.

BD/ML/RED