Fiscalía cierra caso terrorismo y el Gobierno señala que era “para arrodillar a la oposición”

Brújula Digital |23|09|20|

El Gobierno anunció este miércoles que la Fiscalía cerró el caso terrorismo, que era “para arrodillar a la oposición”, durante el prolongado gobierno de Evo Morales, que “montó” denuncias contra la oposición, especialmente del oriente boliviano, y advirtió que los responsables de “armar estos casos” deberán pagar en la justicia y resarcir los daños que provocaron a personas que fueron encarceladas de manera injusta.

“Hoy día tenemos en las manos, para presentarle al pueblo de Bolivia, el caso terrorismo II que también ha sido cerrado”, afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, después que el caso terrorismo I fue cerrado en junio pasado.

El caso terrorismo I, que fue cerrado en junio de 2020, apuntaba a Eduardo Rózsa y las personas que le habrían colaborado, mientras que el caso terrorismo II se inició contra los presuntos financiadores de ese grupo, en este caso la oposición del oriente del país. El Gobierno de Jeanine Añez levantó las acusaciones en ambos procesos, bajo el argumento de que las denuncias fueron un montaje de parte del MAS.

“Nunca hubo eso (terrorismo), todo fue montado por un grupo de delincuentes para hacerse del poder a la fuerza. Lo mismo que pasó en Cochabamba y en Porvenir (Pando). Tenemos muchas cosas que debemos aclarar y esperamos que nos alcance el tiempo”, afirmó Murillo.

El ministro de Gobierno aseveró que con esto se comprueba que el MAS armó los casos terrorismo “para arrodillar a la oposición, especialmente en el oriente boliviano” y dijo que “hay que felicitar al Ministerio Público por su trabajo. Es importante porque el pueblo de Santa Cruz va a festejar su aniversario después de tantos años de ser acusado de que su gente estaba implicada en terrorismo”.

Recordó que el caso fue abierto por la Fiscalía a cargo de Marcelo Sosa, hoy sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia boliviana. Detalló que con el cierre de ambos casos, “se hace justicia con el pueblo cruceño” y añadió que en algún momento los responsables de “armar estos casos” deberán pagar en la justicia y resarcir el daño que provocaron a las personas que fueron encarceladas de manera injusta.

“Evo Morales, Álvaro García, Raúl García, Juan Ramón Quintana, fueron las cabezas de esto (...) Trabajamos y se han retirado las acusaciones. El Ministerio Público nos hace conocer que se retira este tema”, dijo Murillo.

El 16 de abril de 2009, un grupo de policías intervino el hotel Las Américas en Santa Cruz, en el que abatió a Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y, Michael Martin Dwyer, irlandés. Este caso está bajo investigación a nivel internacional por presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Un año después de ese hecho se activó el proceso conocido como el caso Terrorismo II.  En éste, la Fiscalía imputó a 14 personas que serían los “financiadores” del supuesto grupo que pretendía dividir Bolivia. Las imputaciones se cursaron por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y organización criminal. Entre los acusados figuraron exautoridades departamentales como Ruth Lozada (exgobernadora), Zvonko Matkovic (exprefecto cruceño) y empresarios.

Después de casi 11 años, el caso Terrorismo I —abierto para investigar el supuesto plan para matar a Evo Morales— se cerró en febrero de este año, con el retiro de la denuncia por parte de la Fiscalía y la absolución de 39 procesados. Ahora, los que fueron acusados apuntan a demandar al expresidente ante La Haya y en la vía penal en el país.

La madre de Michael Dwyer aseguró en 2019 que su hijo fue ejecutado de manera extrajudicial. El principal argumento de Caroline es un examen que se hizo al cadáver de Michael en Irlanda, realizado por la especialista Marie Cassidy del Departamento de Justicia. Este informe señala que falleció por una herida de bala disparada de frente, y que luego le dieron más disparos por la espalda.