Creemos denuncia al Gobierno ante la OEA por reforma de DDRR que supuestamente vulnera la propiedad privada

Brújula Digital |08|05|24|

La bancada de Creemos denunció al Gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) porque el decreto reformador de Derechos Reales, en su aplicación, supuestamente, intervendrá la propiedad privada de los bolivianos, además de ser inconstitucional porque vulnera la supremacía de la Constitución e invade la competencia del Legislativo.

“El gobierno de Bolivia, bajo un nuevo argumento de actualización y modernización apunta a la intervención de instituciones públicas y que afecta la información reservada sobre el derecho propietario de los bolivianos, vulnerando la supremacía de la Constitución y los principios de legalidad, seguridad jurídica, derecho a la propiedad privada y otros, configurando elementos de inconstitucionalidad, invadiendo el ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la reserva de Ley además de otros elementos de absoluta incongruencia”, señala parte de la carta que envió la bancada de Creemos al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Creemos explica que esta pretensión del Gobierno tiene que ver con el DS 5143, que en su artículo 17 y Disposición Transitoria Tercera, establece la creación de un “Sistema Único de Derechos Reales” en coordinación con una institución perteneciente al Ministerio de la Presidencia, como la es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y que esta tendría que transferir datos de las personas a los ministerios de la Presidencia, Justicia y de Gobierno.

“Extremo que no se ajusta a la supremacía de la Constitución y desprotege los datos sobre inmuebles que tienen los ciudadanos bolivianos custodiados única y exclusivamente por el Órgano Judicial; institución que no puede por ningún concepto transferir esos datos personalísimos a otras instituciones del Estado, sin consentimiento y autorización de sus titulares”.

El documento señala con el decreto el Gobierno podrá “elaborar perfiles ideológicos” de los dueños de la propiedad privada. “Esto es otorgar facilidades al partido de gobierno para que pueda manosear, corromper e intervenir datos para elaborar perfiles ideológicos con la finalidad de proteger a sus afines y perseguir a opositores a través de un acecho patrimonial”.

Asimismo, la bancada opositora mencionó que la norma aprobada por Arce es inconstitucional debido a que Derechos Reales debe ser regulada por una Ley y no por un decreto supremo, tal como manda la disposición transitoria de la Ley 025 de 2010 que establece que su situación jurídica solo debe ser definida mediante un Ley.

“El DS 5143 presenta indicios de inconstitucionalidad toda vez que no es posible reglamentar Derechos Reales con cambios estructurales que afectan derechos fundamentales con esta disposición, sino con una ley que solo puede ser aprobada luego de su debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, indica la misiva.

Creemos pidió que el decreto aprobado el 10 de abril de esta gestión sea abrogada en su totalidad y planteó que se debería “iniciar un debate consensuado en el marco de la necesidad con una ley actualizada de Derechos Reales evitando el menoscabo de los derechos de los ciudadanos”.

Gobierno defiende la norma

El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió la noche de este martes la reforma al sistema de Derechos Reales afirmó que el Decreto Supremo 5143 tiene el objetivo de simplificar los trámites y aseguró que quienes se oponen a la norma “tienen objetivos políticos”.

Lima explicó que el primero que reglamentó la ley del 15 de noviembre de 1887 fue el expresidente Carlos Mesa, mediante el DS 1757 y que el gobierno de Luis Arce solamente mejoró tal norma para conseguir objetivos que favorezcan a los bolivianos.

Para el ministro Lima, el decreto reformador no vulnera la propiedad privada de los bolivianos porque la misma está protegida y garantizada por la Constitución Política del Estado.

“Lo importante y para tranquilidad del país es que tenemos una Constitución y en su artículo 57 señala expresamente que en Bolivia la propiedad e inmueble urbana no está sujeta a ningún tipo de reversión. No es un decreto, ni una ley, sino la Constitución que señala que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva”, añadió la autoridad.

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