Los primeros pasos del gobierno de Rodrigo Paz en materia de tierra, territorio y bosques todavía son incipientes, pero ya existen elementos mínimos para un balance provisional.
El día de su posesión, el Presidente presentó 10 compromisos clave, en los que destacó el “gobierno verde”, como una prioridad orientada a proteger ríos, bosques y glaciares.“Desarrollo económico de la mano con el medio ambiente”, en sus palabras.
Sin embargo, la primera decisión de Paz sorprendió. Eliminó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fusionó sus competencias dentro de la cartera de planificación y creó el Ministerio Productivo, Rural y Agua en lugar de dos carteras de la gestión anterior.
Asimismo, despierta susceptibilidades el traslado del Viceministerio de Tierras al Ministerio de Presidencia. En suma, agrava el caos institucional y debilita la arquitectura agroambiental.
En este nuevo orden, Oscar Mario Justiniano funge como un verdadero “superministro”. Por encima de Fernando Romero, es él quien lidera reuniones con organismos internacionales, traza la nueva agenda ambiental, define viceministros e, incluso, nombró al nuevo director de Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Ahora mismo, Justiniano se encuentra en Brasil junto al Vicepresidente Lara, en la cumbre COP30; mientras Romero mantiene un perfil tan bajo que nadie conoce sus intenciones.
Lo único claro es que ambos fueron nombrados para convertir la agenda agroempresarial en política de Estado y no para la defensa de derechos agroambientales.
Tanto Justiniano como Romero son empresarios con intereses directos en la mercantilización de la tierra y los bosques. El primero -expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSE), de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO)- pertenece a una de las familias que controlan el Grupo empresarial Vida, con ramificaciones financieras en la banca nacional y empresas constituidas en Paraguay y Panamá.
La apropiación de tierras, su explotación irracional y la extracción de madera han sido históricamente -y lo siguen siendo- los pilares de la acumulación económica.
Romero, por su parte, fue presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y es productor soyero y ganadero. Es uno de los promotores más influyentes de la agenda sectorial que exige legalizar cultivos transgénicos, privatizar tierras fiscales a nombre de “seguridad jurídica” y liberar las exportaciones de granos, carne y derivados.
En otras palabras: Rodrigo Paz ha tomado partido. Se apresuró en aliarse con sectores cruceños que no votaron por él y, al hacerlo, renunció a cualquier margen de maniobra para modificar el marco legal excesivamente laxo que permite desmontes, quemas, incendios y avasallamientos.
Desde el inicio queda atrapado en una narrativa “verde” redundante y con inquietantes paralelismos con su predecesor. Acepta de entrada el riesgo de gobernar con un programa agroambiental que no tiene legitimidad entre sus propios votantes.¿Cómo interpretar estas decisiones apresuradas? ¿Pragmatismo? En parte sí, porque necesita ampliar su control territorial desde el occidente hacia el oriente boliviano. Pero también peca por exceso de pragmatismo, casi con seguridad, guiado por la creencia de que el agro cruceño inyectará dólares frescos y rápidos.
Es cierto que la agroexportación puede generar divisas, pero está condicionada a un requisito: una devaluación capaz de unificar el tipo de cambio oficial y el paralelo. Sin ese ajuste drástico e impopular, la agroexportación no despegará. No solo eso, sino que viene con letra chica que el equipo económico de Rodrigo Paz parece pasar por alto. Esto es, la devaluación beneficia al exportador, pero golpea de lleno al empresario nacional que produce para el mercado interno y, en última instancia, a la población en general.
Para que el ajuste no concentre las ganancias en manos de unos pocos y hunda al resto del país, el gobierno tendría que diseñar e implementar mecanismos de compensación intersectorial; usualmente mediante retenciones parciales a la agroexportación y creación de fondos de redistribución de los impactos diferenciados. Solo así la devaluación no llevaría a la quiebra a quienes sostienen el aparato productivo nacional.
Pero discutir una ecualización económica de este tipo se requiere algo a lo que Rodrigo Paz ya renunció sin dar muchas vueltas: que los grandes beneficiarios del ajuste no estén en el gabinete ministerial.
Gonzalo Colque es economista e investigador.
