El 17 de julio se recordó 45 años del golpe de Estado de 1980, cuando grupos paramilitares irrumpían en la sede de la Central Obrera Boliviana para intervenir la reunión del Conade destinada a planificar la resistencia al golpe militar que se ejecutaba desde tempranas horas de la mañana, en la ciudad de Trinidad. Todos recordamos la muerte, ese día, de Gualberto Vega, Carlos Flores y Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Fue el último golpe militar. Sin embargo, otras formas antidemocráticas se acuñaron en nuestra novel democracia. Contrariamente a lo que se pensaría, fue durante el gobierno del MAS de Evo Morales y Luis Arce que se desplegaron acciones autoritarias vulneradoras del orden constitucional tendientes a imponer un régimen con careta democrática, pero con espíritu dictatorial.
Por ello es bueno apelar a la siguiente representación: golpe militar con botas, golpe evista con ojotas y golpe arcista con togas de magistrados autoprorrogados.
En el primer fue el uso de las armas contra el pueblo. En el segundo fue la violación del resultado del referendo constitucional del 21F, mediante la sentencia constitucional de la repostulación. En el tercer caso, se dio mediante la autoprórroga de magistrados del TCP que cogobiernan con Luis Arce. Son ingenierías distintas pero convergentes en sus objetivos, que son la imposición de gobiernos contra la decisión del soberano.
En este tiempo se conoce versiones que intentan, fallidamente, hacer creer a la opinión pública que los levantamientos populares contra los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, y contra Evo Morales, después del fraude electoral de 2019, fueron “golpes de Estado”; cuando, en realidad fueron movimientos ciudadanos que salieron a defender nuestros recursos naturales o el voto ciudadano frente a acciones gubernamentales contrarias a la patria. Por suerte, en Bolivia existe una larga tradición insurreccional que nunca permitirá gobiernos autoritarios o que pongan en riesgo nuestra heredad.
El año 2017, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 084/2017, el TCP rompió el orden constitucional al modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Con ello se inició un golpe de Estado destinado a que el mandato de Evo Morales fuera indefinido. Caracterizo a este tipo de golpe de Estado como de ojotas para diferenciarlo del golpe armado por sus antecesores, durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado.
Así como de las escuelas y cuarteles militares salían los perpetradores de la democracia al servicio de intereses transnacionales (norteamericanos) y de grupos de poder nacionales; así, de las universidades, salían estas gavillas de abogados al servicio del poder de Evo Morales, enmascarado con el ropaje indígena. Todos alojados en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya no era el fúsil sino la “pluma” que se disponía contra la legalidad y la democracia.
Dando continuidad a esta tradición golpista de Evo Morales, Luis Arce perfeccionó el mecanismo a través de los magistrados del TCP, que se autoprorrogaron. Dividieron las elecciones judiciales de 2024 en cinco departamentos para no ser afectados mediante el voto popular y mantenerse ilegalmente en sus cargos. Emitieron una serie de sentencias constitucionales para modelar (neutralizar) la capacidad de fiscalización del Órgano Legislativo y subordinar al Órgano Electoral.
Así como el coronel Alberto Natusch Busch dio un golpe de Estado en 1979 que fracasó, Luis Arce, junto al General Zúñiga, perpetró un autogolpe el 26 de junio de 2024 que también fracasó. No por la resistencia popular en las calles, sino por ser un espectáculo circense, improvisado y carente de todo efecto político real.
Hoy ratifico mi apegó a la forma democrática e insurgente que tenemos los bolivianos. Urnas y calles se convierten en los escenarios en los que el pueblo decide. Me opongo a toda forma de golpe, sea con botas, ojotas o con togas de magistrados. Y rindo mi homenaje a todos los luchadores contra toda forma de dictadura.
Manuel Morales Alvarez es investigador.