Los retrasos electorales y la crisis boliviana

En 2020, las elecciones fueron suspendidas tres veces. Tras el fraude electoral, la renuncia del expresidente Evo Morales y la toma de posesión por sucesión constitucional de la expresidenta Jeanine Áñez, se anunció como fecha de elecciones el 3 de mayo de ese año. Sin embargo, en marzo se declaró oficialmente la pandemia por COVID-19 y por ese motivo se postergó la jornada electoral. Posteriormente hubo otras postergaciones hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la fijó para la fecha definitiva del 18 de octubre.

La pandemia por COVID-19 trajo consigo tristeza y luto para millones de familias alrededor del mundo. En Bolivia murieron 22.387 personas por infección de coronavirus (según registros hasta 2024). Las primeras olas de la enfermedad fueron las más graves, no solo por la inexistencia de protocolos específicos para el tratamiento, sino también por las deficiencias en el acceso a los servicios de salud. A esto se sumó el fuerte impacto económico: el 85% de la población desempeña actividades informales para subsistir y se produjo una ruptura cuyas consecuencias aún se sienten.

La repetida suspensión de las elecciones nacionales culminó en la reorganización del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que se encontraba debilitado tras la huida de Evo Morales. De no haberse postergado los comicios, quien probablemente habría ganado y asumido el gobierno habría sido Carlos Mesa, un candidato con sólidos principios de democracia e institucionalidad. Y aunque no se hubiera tratado de una gestión perfecta –como nada lo es en la vida–, no se puede negar que nuestra situación nacional sería distinta.

¿Culpables? Muchos. Desde una situación sanitaria riesgosa hasta candidaturas inesperadas, incluida la de la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez, acompañada por el actual candidato de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y por quien hoy es considerado preso político: el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

En este momento, ¿también está en riesgo la fecha de las elecciones? Los bolsillos del Estado están repletos de agujeros, de tanto rascarlos. Mientras tanto, préstamos destinados a un fin específico se utilizan para otros propósitos. Y el Banco Central cumple el papel de caja chica. Es un país sin dólares, con casi nada de oro, poco combustible y un abastecimiento inestable, además de reservas mermadas y una Asamblea Legislativa con las manos atadas para interpelar al Ejecutivo. Nadie con credibilidad puede garantizar las elecciones nacionales.

El presidente interino del TSE cuenta con la confianza de la población. Sin embargo, él solo no podrá llevar a cabo el trabajo titánico que se espera. El escenario es adverso, con un desgobierno que no reconoce la crítica situación económica de las familias bolivianas y que no ha hecho efectiva la orden de aprehensión contra Evo Morales, a lo que se suma la anulación de su juicio por trata y tráfico de personas con agravantes. Por ello, puede considerarse que ese caso fue simplemente una cortina de humo. Evo Morales no está habilitado para postular a la presidencia, pero es evidente que ese es su único objetivo en la vida. Más allá de las leyes y de la voluntad popular expresada en el 21F de 2016, se proclama como candidato.

Todo lo anterior, con autoprorrogados en el sistema de justicia y en la dirigencia de la COB, genera un peor pronóstico ante un presidente que fue proclamado candidato, en medio del incremento salarial, inentendible para estos momentos de inflación en aumento y subida de los dólares.

Es imprescindible garantizar que las elecciones se realicen en tiempo y forma. Las fuerzas políticas en carrera deben incluir en sus planes mecanismos que consideren necesarios en caso de que, por algún motivo, se presente una eventual postergación de la fecha electoral u otras situaciones similares que, una vez más, pongan en vilo a la democracia boliviana.

Cecilia Vargas es cirujana y docente universitaria.