Caso “Consorcio” y corrupción endémica

En los últimos días, los titulares de los medios de comunicación se han colmado de noticias relacionadas al caso “Consorcio”, que trata de una investigación penal por presunto tráfico de influencias y “consorcio” entre operadores de justicia. El origen del caso es un fallo emitido por un juez de Coroico que buscaba la destitución irregular de la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia Fanny Coaquira. El objetivo buscaba que su suplente, Iván Campero Villalba, asumiera el cargo.

La vulneración de la independencia judicial es el punto más crítico del caso, que expone una clara injerencia del poder político en las decisiones judiciales. Esto socava uno de los pilares fundamentales de la democracia: la separación de poderes y la independencia del Órgano Judicial para administrar justicia sin presiones externas. ¿Acaso no es pan de todos los días esta situación en Bolivia?

Cuando se trata de mezclar los poderes del Estado para beneficiar, de una u otra manera, a unos cuantos, el gobierno del Movimiento al Socialismo podría tener el récord. Como ejemplos tenemos el caso del 21F, el Referéndum constitucional de 2016 que rechazó la reelección indefinida de Evo Morales, pero que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en 2017, emitió un fallo que habilitó a Morales para postularse nuevamente, basándose en la aplicación preferente de derechos humanos sobre la Constitución, siendo este fallo una clara injerencia política en el TCP.

Otro ejemplo, el caso de Eduardo Rózsa y su supuesto grupo terrorista (2009) que fue ampliamente criticado por la oposición y analistas debido a su falta de transparencia y las aparentes motivaciones políticas detrás de las acusaciones. Varios implicados denunciaron torturas y montajes.

El último escándalo profundiza la ya precaria confianza ciudadana en el sistema judicial y, por extensión, en el gobierno. Cuando un exministro está implicado en una trama de manipulación judicial, la percepción es que la corrupción y el tráfico de influencias permean los más altos niveles del Estado. Esto debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

El término "consorcio" no es casual. Implica la existencia de una red organizada de individuos (jueces, abogados, funcionarios políticos) que colaboran para defraudar el sistema. Esto sugiere que no se trata de casos aislados de corrupción, sino de una estructura o "modus operandi" que permite el tráfico de influencias de manera sistemática.

¿Eso no les recuerda a las roscas de instituciones de diferentes áreas que usted conoce, estimado lector? Donde el que pertenece a la rosca no denuncia algo irregular o se hace de la vista gorda ante algo que perjudica los objetivos institucionales. O cuando aparece alguien que no pertenece a la rosca y se vuelven más papistas que el papa con requisitos y otros; pero cuando aparece alguien de la rosca, buscan todas las formas para incluirlo en algún lugar de poder. Pasa en hospitales, colegios de profesionales, universidades, y cuanto lugar quiera imaginar. Obviamente, nunca es buena la generalización, porque en todas partes hay buenos y malos. Seguramente hay también buenos abogados y jueces.

¿Cómo cambiar esta situación? Seguramente esta pregunta se hace en todas partes y la respuesta tiene que ver con aspectos éticos y morales de las personas. Hoy, con los avances de la tecnología, existen herramientas digitales útiles para eliminar estas turbias prácticas, y tener puntualizados, en términos de hechos y personas, actos corruptos.

Por los antecedentes históricos de los últimos 20 años, además de las múltiples crisis que estamos viviendo los bolivianos, ¿no será esta otra cortina de humo para distraer nuestra atención?

Todos estamos cansados de escuchar lo importante que es cambiar el sistema judicial. En tiempos electorales eso seguramente se expondrá con mayor énfasis en los debates. Lo que queda claro es que quien asuma las riendas del país debe cambiar radicalmente la situación. Las formas seguramente las explicarán los expertos, pero, en el fondo, la voluntad política para que los cambios sucedan es indispensable. Hay esperanza de que esto sea así, y que los consorcios se vayan desvaneciendo, como le sucede al Movimiento al Socialismo.

Cecilia Vargas es cirujana y docente universitaria.