Son cuatro. Vinculados con el poder. Comparten ahora la cárcel de San Pedro. Son la expresión, en grado superlativo, de la degradación de los valores humanos y de los principios básicos con los que se organizan las sociedades. Es que trastocaron todo en sus vidas. Y de paso arrastraron a los suyos en el envilecimiento.
Luis Arce, Juan Carlos Huarachi, Franklin Flores y Rubén Ríos tienen algo en común, además de su condición de encarcelados preventivos en el penal de La Paz: presentan una irrefrenable codicia por lo material.
Hicieron de sus familiares –hijos, esposas, suegros y demás– y de sus entornos –autoridades, funcionarios, conmilitones y demás– cómplices del robo de recursos que pertenecen a todos para el enriquecimiento meteórico, pero ilegal.
Por lo conocido hasta ahora, a partir de los procesos judiciales en torno a escandalosos casos de corrupción, Arce, Flores y Ríos han asaltado al Estado con la participación de sus núcleos familiares, repartiéndoles incluso áreas y roles en las redes de corrupción administradas por los patriarcas.
En lugar de protegerlos o buscar que sean ciudadanos y ciudadanas respetables, despertaron en ellos la ambición por el dinero fácil al extremo de convertirlos en insaciables. En el caso de Arce, sus tres hijos mayores se involucraron en negocios familiares” con carburantes desde YPFB, con el litio desde YLB, con productos agrícolas desde Adán y Eva, además de Emapa, y con el oro desde la AJAM.
Varias veces me pregunté cómo habrían sido los almuerzos dominicales con Arce sentado en la cabecera. ¿Conversaban de la actualidad política y económica del país y del mundo? ¿Cruzaban opiniones sobre el fútbol, el básquet y otros deportes? ¿Bromeaban con alguna anécdota personal? ¿Aprovechaban la sobremesa para planificar los negociados?
En el caso de Flores, la actividad ilícita se habría extendido a su esposa y hasta sus suegros. Según la investigación fiscal en uno de los siete casos de corrupción que enfrenta el exgerente de Emapa, la pareja compró de los suegros un departamento en 100.000 bolivianos y posteriormente intentó obtener un préstamo bancario de 600.000 bolivianos con ese mismo inmueble.
Sin embargo, para controlar las maquinarias de corrupción desde la presidencia del Estado o la gerencia general de Emapa, el concurso de los familiares más próximos no era suficiente. Los entornos laborales y políticos fueron clave para que nada quede al azar. Había que comprometer a autoridades y funcionarios de confianza para que las ganancias mal habidas lleguen a todos.
Ríos, exdirigente de los panificadores beneficiados con la subvención de harina y otros insumos cumplió un doble rol en ese oscuro sistema. Por un lado, se convirtió en socio de Flores conformando una empresa de importación de harina con fines inconfesables y, por otro, montó su propia organización con el concurso de su expareja y su hijo.
En lugar de impulsar en sus familias valores de honestidad, trabajo y respeto por lo ajeno, o promover los principios de transparencia o de ética en la función pública; los caballeros del envilecimiento colocaron en la cúspide de las pirámides de corrupción a hijos, esposas, parejas, suegros y demás. Ojo, no son víctimas. No creo que hayan sido obligados a ser parte de lo ilícito.
De Huarachi no se conoce que haya implicado a los suyos en corruptelas. Sin embargo, el mayor exponente del envilecimiento sindical, “le sacó jugo” a su condición de secretario ejecutivo de la COB por casi ocho años.
Los regímenes del MAS construyeron nuevas sedes para sindicatos afiliados a la COB y un hotel para los dirigentes que llegaban a La Paz. Le entregaron vehículos, curules parlamentarios, cargos importantes en el Ejecutivo, espacios en los altos tribunales del país y otras gangas. Las cúpulas cobistas nunca rechazaron las prebendas. Las justificaron.
Huarachi ha sido denunciado de haber conformado un clan mafioso en la Caja Nacional de Salud que manipuló procesos de contratación para quedarse con tajadas millonarias. Por ejemplo, en la construcción de hospitales de especialidades en Sucre y Cochabamba o en la adquisición de medicamentos específicos.
Ahora los cuatro buscan tomar el sol entre las paredes del penal de San Pedro. Se dice que un par de ellos están en el mismo sector, compartiendo estrategias jurídicas que los ayuden a revertir la prisión preventiva. Es probable que el daño económico que infringieron al Estado pueda ser cuantificado en los procesos penales que se llevan adelante, pero el daño que hicieron a sus familias es profundo e irremediable, con consecuencias insospechadas.
Edwin Herrera Salinas es periodista y analista.
