Pocas veces en la historia del país, como está ocurriendo ahora, se ha presentado la ocasión para verificar cómo detrás de discursos políticos inclusivos, de reivindicación histórica y de empoderamiento de sectores oprimidos, en secreto se puso en funcionamiento un sistema de enriquecimiento de los supuestos salvadores de la patria, armados de consignas como la “industrialización” o el “proceso de cambio”.
Es la oportunidad para desmontar aquello que sostuvo por décadas el saqueo a todo nivel: la corrupción, la complicidad, el chantaje mutuo, la impunidad.
El Presidente Rodrigo Paz la anunció el 20 de noviembre y la presentó el 15 de diciembre de 2025. La Comisión de la Verdad de los hidrocarburos nació para desentrañar la corrupción y los desfalcos que se planificaron y se cometieron ese sector estratégico de altísimos presupuestos anuales. Pueden crearse otras –dijo– en distintas áreas en las que se detecte robo de recursos públicos para el enriquecimiento ilícito de exgobernantes. Es difícil calificar su desempeño inicial porque la información que genera la comisión es todavía difusa.
La secretaría técnica, a cargo del Viceministerio de Transparencia, anticipó una metodología que incluía reuniones periódicas de sus integrantes –ministerios de la Presidencia e Hidrocarburos, Procuraduría General, ANH, YPFB y representantes de las bancadas políticas– para evaluar lo avanzado, los resultados de la contrastación de testimonios con documentación específica, la definición de nuevas líneas investigativas y la comunicación oportuna de todo ello.
Se entiende que las pesquisas judiciales, auditorías y demás acciones de investigación y verificación corren por cuenta de las instancias encargadas de esas tareas, mientras que la Comisión de la Verdad mira, analiza y se pronuncia sobre el conjunto de esos actos y los hallazgos en función del objetivo central.
Su radio de acción debe ser integral. Solo así podrá explicarle al país cómo se organizó, funcionó y se expandió el sistema oprobioso en los regímenes del MAS y se conectó con gobiernos de los países del socialismo del siglo XXI.
En Argentina, la Comisión de la Verdad –Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)–, creada en 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un hito en la transición democrática tras la última dictadura militar (1976–1983).
Sirvió para investigar de manera sistemática el terrorismo de Estado, romper el silencio impuesto por los militares y reconocer oficialmente a las víctimas. Marcó una decisión política audaz: afirmar que la democracia debía construirse sobre la verdad.
Tuvo un rol investigativo y testimonial. Recibió miles de denuncias, documentó centros clandestinos de detención, reconstruyó patrones represivos y recopiló testimonios directos de sobrevivientes y familiares. Los resultados trascendieron su mandato original.
El informe “Nunca Más”, redactado esencialmente por su presidente, el escritor Ernesto Sábato, fue pieza clave en el Juicio a las Juntas de 1985 y se convirtió en un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos.
En América Latina, diversas comisiones de la verdad surgieron después como respuestas institucionales a las dictaduras y los conflictos armados internos, con alcances y resultados desiguales. Funcionaron en Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia y Bolivia, aunque el alcance y resultados de la última fueron decepcionantemente limitados en comparación con otros países de la región.
Fue creada en 2017, durante el régimen de Evo Morales, con el mandato de investigar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1964 y 1982, período marcado por las dictaduras militares, entre ellas las de Hugo Banzer y Luis García Meza. Su objetivo central era esclarecer las desapariciones forzadas de líderes políticos y sociales, ejecuciones, torturas y persecuciones políticas, así como identificar a los responsables y proponer medidas de reparación.
La Comisión de la Verdad boliviana entregó su informe final en 2021, al Presidente de ese momento Luis Arce, sin haber logrado la desclasificación de los archivos castrenses que ayuden a ubicar los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros desaparecidos forzados. A diferencia de Argentina, sus resultados judiciales y políticos fueron inocuos, reconociendo retóricamente la responsabilidad estatal en los crímenes de lesa humanidad.
Eso no puede ocurrir ahora con la comisión encargada de descifrar la corrupción en los hidrocarburos, un sistema controlado directamente por el presidente del Estado, integrado por personajes clave incrustados en áreas re–clave, con familiares y entornos próximos implicados a fondo… Hay ilusión por conocer la verdad, aquella a la que el Presidente Paz siempre hace referencia. Es de esperarse que parcelar el caso Botrading en 1 y 2 no sirva para extraviarla.
Por el momento, la Comisión de la Verdad, que debió dotarse de independencia política y pluralidad, ha estado reemplazando al Ministerio Público y otras instancias menores, ante al enorme contexto de sus responsabilidades, y no ha mostrado nada sobre el rumbo de las investigaciones sistematizadas.
Por su puesto que los medios estamos ávidos de informar sobre aprehensiones, extradiciones, imputaciones, encarcelamientos preventivos y más, pero también quisiéramos conocer la contextualización histórica, los patrones corruptos, la permeabilidad institucional y la responsabilidad política, entre otros aspectos de fondo.
La Comisión de la Verdad está ante el desafío de informes claros, accesibles y pedagógicos, por supuesto acompañados de una estrategia de difusión que debe ayudar a que la sociedad se apropie de los resultados. El silencio o la opacidad debilitan incluso los mejores hallazgos y hará que la gente, dentro y fuera de Bolivia, se pregunte para qué la Comisión de la Verdad.
Edwin Cacho Herrera es periodista y analista.
