El gobierno ha convocado al Concejo Nacional de Autonomías para discutir “la nueva visión del Estado y autonomías reales para el desarrollo”. Dada la complejidad de los temas a discutir, supongo que, en la reunión convocada, el Gobierno expondrá los conceptos y las ideas centrales que propone en ambos ámbitos, y buscará concertar una agenda para desarrollarlos y establecer los objetivos y plazos de las reformas que todas las entidades territoriales autónomas (ETAs) convengan en realizar.
Celebramos la iniciativa porque los 16 años de vigencia de las autonomías han dejado mensajes claros que claman por urgentes acciones correctivas. A pocas semanas de la vigencia de la CPE en 2009, presentamos una evaluación de la ingeniería competencial desde la perspectiva del desarrollo sostenible.
Posteriormente, promulgada la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, revisamos su contenido con los mismos criterios. En ambos casos, concluimos que el diseño autonómico carece de una visión clara sobre conceptos clave, como desarrollo y subsidiaridad.
Esto se refleja en una ingeniería competencial que se reduce a un listado de materias y de políticas sectoriales que no contribuirían al desarrollo sostenible porque no tienen, ni la coherencia ni la complementariedad, necesarias para crear las condiciones básicas que desencadenen procesos articulados de desarrollo.
En octubre de 2012, el TCP declaró inconstitucional el Art. 92 de la Ley de Autonomías referido al desarrollo productivo en los niveles departamental, municipal e indígena. Esto nos dio la esperanza de que se corregirían las deficiencias y errores identificados.
Sin embargo, el tema no se volvió a tocar porque los niveles subnacionales tampoco se interesaron ni propusieron una norma alternativa para construir su desarrollo en un marco de autonomías reales: las autonomías fueron consideradas solo como activos políticos (PPPPPP), no como instrumentos de (auto)desarrollo.
Por estos antecedentes y bajo la premisa de “solo se es autónomo con platita propia”, sugerimos al Consejo Nacional de Autonomías que incorpore, en su “agenda de crisis”, temas polémicos –sin duda en la mentalidad ortodoxa del centralismo, como los siguientes:
Las ETAs son instrumentos de desarrollo, no activos políticos: su misión es generar las condiciones institucionales para que, bajo el principio de subsidiaridad, cada ETA eventualmente pueda tener los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para cumplir las metas de bienestar de la ciudadanía, mensaje que debería acompañar la convocatoria a las elecciones subnacionales 2026.
Con esa prioridad, la estructura y las funciones de los concejos/asambleas deberían ser revisados bajo principios elementales de representatividad, funcionalidad y eficiencia orientada, en los 10 o 20 siguientes años, a crear los cimientos productivos que sustenten la vida autonómica.
Por ejemplo, el nivel departamental seria la instancia indicada para concebir, diseñar y articular proyectos sostenibles de creación de valor e ingresos que incluyan o se radiquen en municipios pequeños o entre municipios de dos departamentos.
En estos casos, en lugar de una Asamblea Departamental estrictamente política (que probablemente trancaría todo), se debería tener un Consejo Departamental de Desarrollo al que se elegirían personas con un perfil técnico antes que político (podría incluir representantes de municipios y diputados uninominales). Con el tiempo, con cultura de desarrollo –y con platita propia, el consejo podría retomar la forma de asamblea.
Si depender financieramente del gobierno nacional anula toda posibilidad de autonomía real, el 50/50 sería un (medio)paso en la dirección correcta, pero en tanto el recaudador no sea la ETA, nunca habría certeza de contar oportunamente con los recursos.
Sin embargo, la transformación fundamental no es tanto quién recauda, sino cuál es el origen de las recaudaciones: claramente, la actual estructura tributaria que traslada prácticamente todos los impuestos al precio final de los bienes y servicios es un enfoque “anti desarrollo productivo” y “anti empleo digno”.
El Gobierno central, como único emisor de la moneda nacional, en principio no necesita recaudar para gastar; mientras que las ETAs, necesariamente, deben primero recaudar para poder gastar. Lo anterior requiere actualizar la concepción y la estructura de la política fiscal, anclada todavía en la lógica del patrón oro y del centralismo, a la realidad del dinero fiduciario.
Pero, como insumo básico para planificación, de los 343 municipios solo 23 tienen más de 60.000 habitantes, 35 tienen entre 30.000 y 60.000, y 285 menos de 30.000 habitantes: ¿pueden estos ser autónomos ahora o dentro de cinco años?
Si no son económicamente viables a corto y mediano plazo, deben definir de que tipo de autonomía se estaría hablando en estos casos para establecer mecanismos de solidaridad, a la vez que se evite su manoseo con fines políticos.
En general, cerrando este listado ilustrativo, las ETAs tienen la responsabilidad de “educar para la autonomía”, porque la autonomía no se la recibe, sino que se la construye. En este sentido, deben asumir la tarea de internalizar, en la ciudadanía, las ideas y objetivos sociales de:
Recuperar, controlar y defender el mercado interno, eliminar la competencia desleal, aumentar la demanda interna, la defensa del consumidor y el apoyo efectivo a la transformación productiva y la reconversión laboral para mejorar ingresos y acceder competitivamente a mercados: el valor generado (agregado) por la producción, solo se materializa cuando los productos se venden…
Incrementar el valor agregado y la productividad para mejorar la calidad y dignidad del empleo, la remuneración al trabajo, el aporte a la sociedad, la capacidad técnica y tecnológica del aparato productivo de responder a las demandas reales y a las esperadas de los mercados
Configurar un Marco Institucional “pro producción, valor agregado y empleo digno”, que priorice relaciones dinámicas entre el Estado, empresas, y empleados, elimine costos de transacción y apoye la redistribución de la riqueza creada en la perspectiva de lograr el bienestar compartido
Sustituir la cultura extractivo-rentista: recuperar, fortalecer, transmitir y actualizar valores sobre los que se consolide una cultura social productiva que reconoce al esfuerzo humano como la fuente de la riqueza social y a la equidad como la condición que garantiza la convivencia pacífica.
En síntesis, Bolivia nunca será autonómica por decreto. “Hacer autonomías” no es tan fácil como “soplar y hacer botellas”. Pero, tras el desastre des-institucionalizador de los últimos 20 años, si alguna oportunidad hubo para incorporar a la ciudadanía en el proyecto, es la actual, que ha dejado al centralismo sin mucha capacidad de respuesta, más allá de restablecer los equilibrios macro.
La expectativa optimista se refuerza porque la persona que está a cargo, Andrea Barrientos, ha mostrado de qué madera está hecha. Le deseamos lo mejor. A quienes les interese, en la página de
INASET (pueden encontrar las publicaciones a las que hago referencia respecto a las competencias autonómicas productivas (¿?).
Porsia, PPPPPP = puras pegas para politiqueros, parientes y partido
Enrique Velazco Reckling es Ph.D., e investigador en desarrollo productivo.
