El balance del sector de la energía en Bolivia en el año 2025 distingue dos períodos, teniendo al cambio de gobierno como parteaguas: (1) de enero a octubre y (2) noviembre y diciembre.
Antes del DS 5503 hemos sufrido la crisis de abastecimiento de combustibles y los efectos de la errática política aplicada los últimos 20 años, que resultó en fracasos exploratorios, la baja de la producción hasta niveles inferiores al año 2005, la pérdida de mercados de exportación y la paralización de la industrialización mal concebida y peor llevada.
Asimismo, a ese período se le responsabiliza la falta de decisiones oportunas y necesarias; la sospecha de una descomunal corrupción en la importación de carburantes; el favorecimiento del contrabando; la mentira y la falta de transparencia en la información; la propaganda triunfalista y el vaciamiento de las reservas internacionales.
El retraso de proyectos (improvisados, por cierto) como el biodiésel, y la ausencia de un plan de transición energética que hubiera permitido mitigar la crisis de los hidrocarburos son pesadas herencias para el nuevo gobierno. Por la importancia del sector en la economía nacional, esa crisis afecta a todo el sistema económico del país, debido a los menores ingresos y mayores costos.
El mencionado DS 5503, en los aspectos que tienen que ver con la energía, acierta en el ajuste universal de precios de algunos combustibles, buscando el menor impacto en la población (mantiene inmutadas las tarifas del gas domiciliario, del GLP y de la electricidad) y el máximo beneficio para el Estado (corta de raíz el contrabando a los países limítrofes y disminuye el déficit fiscal).
Sin embargo, el decreto de marras es tan solo el primer paso –es la cirugía de urgencia, diría– para curar al enfermo.
En efecto, sincerar los precios de algunos combustibles no causa un repunte de la producción de gas y petróleo, la cura del enfermo. Para eso se requiere un largo camino que pasa por recuperar la confianza del capital de riesgo en un Estado que ha violado contratos; por aprobar nuevas leyes en el sector energético (la de hidrocarburos sin duda, pero también la de electricidad, incluyendo a las fuentes renovables de generación eléctrica); por retomar la exploración “en serio”, con inversiones adecuadas a las metas que se buscan; por reestructurar YPFB, volviendo a la idea que se tenía al elaborar la ley 3058 de una empresa moderna y competitiva, una más entre otras del rubro.
Como bien saben las nuevas autoridades del sector, ese camino es largo, pero empieza con pequeños pasos, capaces de alejarnos de la crisis.En primer lugar, sin querer ser ave de mal agüero, ante la eventualidad de que la “nueva” exploración no tenga el éxito esperado, hay que poner en marcha ya un plan complementario de generación eléctrica con fuentes renovables, involucrando capitales particulares, institucionales y empresariales, en el marco de un Plan de Transición Energética. La alternativa es importar gas natural dentro de pocos años para dar seguridad a departamentos demasiado dependientes del gas, como Santa Cruz.
El 2026 debería ser el año que dé a Bolivia ese plan pluri decenal, consensuado y aprobado como política de Estado. Si no se hace ahora, ¿cuándo?No se puede confiar solo en la suerte, (“si tenemos suerte…”, repite el ministro Medinaceli), sino es urgente actuar para incentivar la producción de hidrocarburos de campos maduros y marginales, empezando por retribuir con un precio justo el petróleo nacional, que sigue en 27,11 $/bbl (herencia de un tiempo en que el barril internacional estaba en menos de 40 $) y que no se reajustó en 20 años.
¡Qué el año 2026 renueve el sector de la energía, con suerte y valentía!
Francesco Zaratti es físico y analista.
