Investigación periodística desnuda explotación ilegal de oro en la Amazonía y pasividad del Estado

Brújula Digital 19.09.2021

“Tras el Dorado, crónicas de la explotación del oro en la Amazonía”, un libro de investigación de la periodista, Jimena Mercado, puso al descubierto la producción aurífera ilegal que involucra a capitales chinos y colombianos frente a la pasividad de autoridades de gobierno.

La investigación periodística reveló, por ejemplo, que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), otorgó permiso por 30 años a una empresa de capitales chinos, para explotar oro a lo largo de 2.500 kilómetros de un río en Cachuela Esperanza en el departamento del Beni.

Con presencia casi nula del Estado en el cordón amazónico, la febril explotación aurífera que descubrió Mercado fue más dramático aun cuando estableció que los capitales asiáticos, no solo sentaron propiedad sobre el río, sino también, avanzaron con planes de deforestación del cordón ecológico de la zona.

“Habilitaron una isla a la que bautizaron con el nombre Oro Blanco, para que aterricen capitales chinos en Cachuela Esperanza y lleguen enormes dragas para explotar el metal con tecnología de última generación. Para esto montaron un campamento minero para consolidar la febril e incontrolada explotación aurífera”, denunció la periodista.

Mercado también muestra en su libro, de manera prolija, otras cuatro investigaciones periodísticas que denuncian la ausencia del Estado en Arcopongo, que deriva en explotación ilegal de oro; la presencia de capitales chinos y colombianos en la Amazonía para producción aurífera bajo la fachada de cooperativas; además, expone públicamente cómo el pueblo Tacana decidió convertirse en minero para frenar el avance arbitrario y abusivo de los chinos sobre el Río Madre de Dios.

 “Encaré los reportajes, ahora descritos en un libro, sin prejuicios, dispuesta a sorprenderme con cada realidad, sin saber exactamente qué encontraría en el camino, solo con la curiosidad de saber en terreno hasta dónde llegan las presiones del extractivismo sobre nuestros pueblos amazónicos”, comentó Mercado.

La investigación, marcada por travesías en la Amazonía, no solo abarca territorios indígenas como el leco, tacana, mosetén, sino también muestra diferentes aristas de la compleja realidad que circunda la febril explotación aurífera en el norte del territorio nacional donde están involucrados los departamentos de La Paz, Pando y Beni.

También denunció cómo el extractivismo está destrozando la amazonia boliviana con agresivos planes de deforestación masiva, daños irreparables al medioambiente, y vulneración de los derechos que tienen los pueblos indígenas a preservas su territorio.

“La AJAM, instancia que otorga los derechos mineros actúa de acuerdo con cálculos políticos y económicos, y sus acciones no se basan en principios de legalidad, mucho menos en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos ambientales o de la salud de la población”, declaró Mercado.

Para la investigadora el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es identificado como cómplice por los pueblos indígenas, porque tiende a parcializarse, frecuentemente, a favor de los intereses privados, nacionales o extranjeros, en perjuicio de los derechos que tienen los indígenas que habitan, desde hace miles de años, la amazonia.

“Lejos de acompañar un proceso transparente de consulta se limita aprobarla, sin que responda a una realidad, para que la AJAM pueda otorgar derechos para explotar recursos naturales, sin considerar aspectos técnicos, legales administrativos ni éticos de las comunidades afectadas por la minería”, afirmó.

BD/EMV.