Estado pagó casi $us 1 millón a Blas Valencia e implicados; Procuraduría busca recuperar el dinero

Brújula Digital |11|03||24|

El Gobierno pagó en febrero de este año una indemnización de casi un millón de dólares a Blas Valencia y a una veintena de implicados en un atraco armado a una remesa de 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) halló culpable al Estado por las denuncias presentadas por violación de derechos humanos. Ahora la Procuraduría General del Estado busca recuperar el dinero con una “acción de repetición”.

“Se hizo (el pago) en cumplimiento en los tiempos establecidos porque (de lo contrario) corren intereses, multas y un mayor perjuicio para el Estado boliviano. (…) Se llegó a pagar, en total, casi un millón de dólares que implica reparación de víctimas, costas y gastos que son menores como 20 mil dólares que nos han cobrado y un fondo de asistencia legal a las víctimas de seis mil dólares”, declaró a radio Fides el procurador César Siles.

El principal implicado en el atraco, Blas Valencia, acudió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto a su familia y otros investigados en el caso, para denunciar violaciones a sus derechos humanos como la tortura, detenciones y allanamientos a viviendas realizados con violencia.

La Corte IDH encontró culpable al Estado boliviano por haber cometido violencia policial en los allanamientos y detención de 22 personas involucradas en el caso, los mismos fueron presentados como delincuentes sin haber comparecido ante la Justicia. Asimismo, se halló culpable por torturas sexuales, incomunicación prolongada, malas condiciones de detención, sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La sentencia de la Corte fue leída, en enero 2023, en presencia del procurador general del Estado de ese entonces, Wilfredo Chávez, y estableció que debía ser cumplida en un plazo de un año que ya venció en febrero pasado. Chávez asumió la Procuraduría en noviembre de 2020 y dejó en septiembre de 2023.

Ahora que se cumplió con el pago, Siles presentó una “acción de repetición” con el fin de recuperar ese dinero. “Yo tengo la constancia del depósito del pago y con eso estoy habilitado para iniciar la acción de repetición. La Procuraduría inicia la acción, identifica a los responsables y les exige el cobro de ese dinero”, precisó.

Siles también informó que el Estado pagó alrededor de medio millón de dólares a los abogados que llevaron adelante este proceso, pero perdieron el mismo. “Para estos casos –precisó Siles– y para otros de derechos humanos que estaban en la Corte Interamericana y algunos en la Comisión Interamericana; el año pasado (el Gobierno) facturó, más o menos, la suma de 500 mil 400 mil dólares al buffet por horas trabajadas”.

Es decir, que al Estado le costó alrededor de 1,5 millones de dólares enfrentar este proceso y Siles cree que no se debió de contratar a esos profesionales. “Los abogados de la Procuraduría son suficientemente competentes, conocen la norma boliviana y de vulneración de derechos humanos se habla; somos los que deberíamos responder tanto la Comisión como la Corte como lo estamos haciendo ahora”, afirmó.

La sentencia de la CIDH no sólo implica el pago del dinero, también obliga al Estado a llevar adelante otro tipo de medidas de reparación integral como, por ejemplo, continuar con las investigaciones penales, adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, disponer medidas de atención en salud física y mental necesaria para la rehabilitación de las personas y otras.

El atraco armado de 2001

El caso “Blas Valencia” data del 2001, cuando un grupo armado asaltó un vehículo de valores de Prosegur y mató a dos policías y a un civil para llevarse 385.000 dólares.

Según la información de ese entonces, el atraco estuvo conducido por el entonces coronel Blas Valencia y otros 16 integrantes, entre quienes estaban un mayor de la Policía Boliviana, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de la familia Valencia.

Cuatro días después, el 18 de diciembre, un contingente policial, fuertemente armado, allanó con violencia varios inmuebles sin tener una orden judicial. En dichos operativos, 11 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, fueron torturadas y maltratadas. Una persona falleció y otra perdió el brazo por no recibir atención médica.

Blas Valencia fue sentenciado en 2003 por los delitos de asesinato, robo agravado y organización criminal, debería cumplir una condena de 30 años sin derecho a indulto, pero fue nominado por Régimen Penitenciario para optar al derecho de libertad condicional.

El febrero de este año, el excoronel de la Policía Nacional se benefició con libertad condicional y abandonó las instalaciones del penal de Palmasola, en Santa Cruz, luego de 20 años de prisión.

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