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Sociedad | 10/08/2021

El Gobierno inicia procesos en Santa Cruz por la propiedad de tierras e incendios

El Gobierno inicia procesos en Santa Cruz por la propiedad de tierras e incendios

Inspecciòn de rpedios. Foto: INRA

Brújula Digital |10|08|21|

El Gobierno inició una serie de procesos penales y administrativos por la propiedad de tierras agrarias y los incendios en el sector de la chiquitania, en el departamento de Santa Cruz. Busca la reversión de predios observados en su proceso de saneamiento y sanciones en contra de los responsables de causar el fuego que ya arrasó más de un millar de hectáreas de bosque seco.

En el caso de la propiedad de tierras, el conflicto empezó en julio, cuando el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD), para definir el destino de tierras, luego de que indígenas denunciaron el avasallamiento de tierras en áreas protegidas por parte de grupo de interculturales, un sector afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

No obstante, la reunión de la CAD, en dos oportunidades, no prosperó por la inasistencia del representante del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que depende del Órgano Ejecutivo. Además, el presidente Luis Arce, autoridades del INRA, asambleístas del MAS y el expresidente Evo Morales aseguraron que la administración de las tierras en el país es potestad del gobierno central, no de las gobernaciones o alcaldías.

Posteriormente, la semana pasada, Arce anunció la revisión del saneamiento de tierras durante el “gobierno de facto” de Jeanine Añez. El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, por su lado, informó que ya se presentaron las demandas respectivas, ante el Tribunal Agroambiental, para revertir cerca de 26 mil hectáreas de las propiedades Laguna Corazón y Empresa Agropecuaria Tierras Bajas del Este de la familia del exministro Branko Marinkovic. Advirtió que esa corte judicial es la única instancia que puede definir, en última instancia, la titularidad de un determinado predio.

En respuesta a los anuncios de reversión de tierras, la Asamblea de la Cruceñidad convocó para este 9 y 10 de agosto a un bloqueo de caminos en la chiquitania, en defensa de sus predios agrarios. No obstante, esta medida fue suspendida por los incendios forestales que azotan esa región. Los dirigentes cívicos provinciales donaron sus productos a ser utilizados en la medida de protesta, principalmente agua, al personal que trabaja para contener las llamas.

El diputado Daniel Rojas (MAS) anunció un proceso penal contra Camacho si insiste en pedir al INRA que participe en la reunión de la CAD. El asambleísta llamó “pequeño matoncito” a la autoridad regional, de quien dijo que busca desestabilizar al Estado Plurinacional.

Al referirse a la disputa por tierras, Morales declaró: “quiero aprovechar para reflexionar al pueblo boliviano, especialmente del movimiento campesino, indígena originario, siento, y espero estar equivocado, que el separatismo empieza en Santa Cruz con el tema tierras”.

En el caso de los incendios forestales, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ya presentó unas 40 demandas administrativas y cuatro procesos penales contra los responsables de iniciar el fuego en San Matías, Roboré, aeropuerto de Viru Viru y La Guardia.

El fin de semana aseguró que el Ministerio Público ya inició los procesos en contra de los responsables, que pueden ser personas naturales o empresas agroindustriales. Sostuvo que, en su criterio, estos autores del siniestro en el departamento cruceño deberían cubrir el dinero que destina el Gobierno en contener las llamas.

El diputado Rolando Cuéllar (MAS), vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña, fue más allá, indicó que no permitirán que incendien la chiquitania para dar paso a un nuevo “golpe de Estado”, como ocurrió en 2019, cuando Morales renunció a la Presidencia, acusado de cometer fraude electoral en los comicios de ese año.

Por ese motivo, Cuéllar pidió informes al INRA y a la ABT para que identifiquen a los dueños de los predios en los que se iniciaron los incendios forestales, para dar paso a los procesos penales respectivos.

BD/JJC

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