Organizaciones indígenas exigen investigación y posible destitución de la viceministra Jessica Echeverría por presunta discriminación contra Mónica Guzmán, profesional guaraní y madre, a quien habría maltratado por llevar a su hijo al trabajo en La Paz.
Brújula Digital|10|03|26|
Diversas organizaciones indígenas emitieron pronunciamientos públicos denunciando supuestos actos de discriminación que habría sufrido la socióloga guaraní Mónica Guzmán de parte de la viceministra de Igualdad de Oportunidades y Descolonización, Jessica Echeverría.
Entre otras, el Consejo Indio de Sudamérica (CISA), con sede en Puno, Perú, y afiliada a NNUU, expresó “con vehemencia” que “la discriminación y el racismo, en cualquiera de sus formas, constituye una violación a la dignidad humana y un atentado contra los principios de igualdad y respeto que deben regir nuestra convivencia”.
En declaraciones a Brújula Digital, Mónica Guzmán aseguró que fue invitada a trabajar en la Dirección General de Descolonización y Despatriarcalización, bajo la dirección de Pedro Portugal, con la promesa de que se le asignaría un ítem. Para ello, la profesional se trasladó hasta la ciudad de La Paz junto a su pequeño hijo, donde fue presentada ante la viceministra Jesica Echeverría.
De acuerdo a su denuncia, Guzmán acudió a su oficina durante aproximadamente dos semanas, hasta que un día acudió acompañada de su hijo. Ante esta situación, habría recibido un trato verbal hostil por parte de Echeverría, que se habría molestado por la presencia del menor, pese a que la trabajadora explicó que al día siguiente el niño asistiría a un jardín infantil.
“Por el solo hecho de haber llevado a mi hijo fui discriminada, se enojó conmigo”, dijo Guzmán. Posteriormente, agregó, no pudo finalizar el trámite para obtener el ítem prometido para trabajar en esa instancia estatal.
Brújula Digital buscó una versión de la viceministra Echevarría, pero se encontraba fuera del país. En su lugar, la directora de Igualdad de Oportunidades, Durby Blanco, dijo que desconoce que se hubiera producido algún acto que discriminación contra Guzmán.
“Estamos abiertos a las investigaciones pertinentes sobre este tema siempre y cuando sean por las instancias regulares y correspondientes. Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades impulsamos un trabajo constante contra el racismo, la discriminación en todas sus formas y eso se hace visible en nuestras acciones”, dijo Blanco.
Guzmán también presentó su caso ante la Defensoría del Pueblo y las comisiones de pueblos indígenas de la Asamblea Legislativa.
Agregó: “lo que yo busco es la restitución de mis derechos individuales, sociales, culturales e identitarios y la sanción a quien infringió estos derechos según la ley 045 sobre racismo y discriminación”.
Otros pronunciamientos
Aparte de CISA, cuatro organizaciones bolivianas emitieron criterios al respecto: el Consejo de Capitanías Guaraní de Santa Cruz, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y la Nación Indígena Originaria Tsimane (NIOTS); todas ellas exigen una investigación imparcial y la aplicación de sanciones contra la viceministra Echeverría.
La entidad NIOTS elevó una carta al presidente Rodrigo Paz en la que advierten que, de no procederse a la destitución de Echeverría, se verán “obligados a declararla PERSONA NO GRATA en la TCO Tsimane”.
En el pronunciamiento de la CIDOB, la comunidad de Cosincho y las autoridades tsimanes advierten que podrían iniciar una demanda contra Echeverría “con la Ley 045, de lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación cultural, por ir contra la identidad de los pueblos amazónicos”.
“Como es posible que una mujer soberbia sea autoridad de ese Viceministerio tan importante para los indígenas originarios de tierras bajas y tierras altas, cuando lo primero que hace es discriminar a una hermana que sale de su comunidad para ir a trabajar por la buena gestión del gobierno”, cuestiona el documento firmado por el Corregidor de la Comunidad Cosincho.
Por su parte, la CANOB, miembro fundador de la CIDOB, emitió otro pronunciamiento público en el que denuncia la “vulneración de derechos fundamentales de una hermana indígena guaraní y su hijo” y advierte que los hechos podrían derivar en responsabilidad internacional del Estado.
CANOB recuerda que Bolivia ha incorporado a su bloque de constitucionalidad instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio 169 de la OIT, cuya inobservancia puede llevar el caso a instancias como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La organización ayorea califica los hechos como una “contradicción estructural que debilita la credibilidad institucional” por provenir de “una autoridad cuya función específica es promover la despatriarcalización y descolonización del Estado”.
En resumen, las organizaciones indígenas exigen la apertura de una investigación administrativa imparcial, que se evalúe la continuidad de la viceministra Echeverría en su cargo, garantías de protección integral para Guzmán y su hijo y un pronunciamiento público del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sobre este tema.
BD/RPU
