El expuesto es el ciudadano que entrega datos para estudiar, cobrar, moverse, existir; y cuando duele, no hay a quién reclamarle. Solo un mensaje frío que cierra la puerta: “resultado: no procede”.
Brújula Digital|02|02|26|
Marco Agramont
En 2006, en Bolivia, hablar de protección de datos era un poco como comentar incendios forestales en una ciudad que aún no había visto arder su bosque: la gente asentía, sonreía con cortesía, miraba el reloj y seguía viviendo como si la amenaza fuera una exageración propia de espíritus demasiado imaginativos.
Internet –ese animal joven, aún doméstico– no era todavía el territorio donde se jugaban la reputación, el trabajo, el amor, la educación, la política, la vergüenza y el miedo. Era, en el imaginario nacional, un servicio: algo que se contrataba, que se instalaba, que se apagaba.
El ADSL empezaba a aparecer en algunas casas como una especie de modernidad con cable; la banda ancha era una palabra con pretensión, y la conexión tenía ese pudor de lo nuevo: entraba despacio, como quien no quiere incomodar.
Fue en ese clima –tan ingenuo visto desde hoy– cuando realicé una investigación científica sobre protección de datos personales. La chispa inicial fue mi paso por iLaw, organizado por Harvard Law School; no porque esa marca prestigiosa nos haga mejores, sino porque la distancia ayuda a ver el mapa: en Estados Unidos y en varios países europeos, desde hacía ya años, se intentaba regular –hasta donde resultara posible– el desempeño de los nuevos medios basados en Internet.
América Latina empezaba a descubrir, con retraso, esa urgencia. Bolivia, en cambio, no estaba entre esos empeños. Era como si hubiéramos decidido que el futuro se podía vivir sin reglas, como quien entra a un río caudaloso sin aprender a nadar.
Aquí entra el ejemplo que incomoda porque desnuda la naturaleza real de la tecnología: Venezuela. En febrero se conoció –por reportes consistentes— que en la operación estadounidense en Caracas se utilizó Claude, el modelo de IA de Anthropic.
La reacción automática es la caricatura: imaginar un “chatbot” dando órdenes militares. Pero la verdad es más sobria y por eso más inquietante: la inteligencia artificial (IA) ya no es un accesorio del poder; es una pieza del engranaje. Y cuando una pieza entra al engranaje, deja de ser debate de laboratorio y se convierte en doctrina.
Lo que termina de completar el cuadro es el segundo dato: Estados Unidos no hizo esto como una epopeya estatal, con programadores uniformados y un ministerio de la imaginación. Lo hizo de la manera más prosaica y más eficaz: contrató. La misma Anthropic anunció un acuerdo con el Departamento de Defensa –vía la oficina digital e IA del Pentágono– con un techo de $us 200 millones para prototipos de capacidades de frontera orientadas a seguridad nacional.
Ahí aparece la paradoja moderna, que ya es casi un estilo de gobierno: la soberanía se ejecuta con proveedores privados, pero el detalle de los usos, los límites y las condiciones se mueve en el mundo de lo reservado, lo clasificado, lo “no puedo comentar”, lo contractualmente encapsulado.
No es una acusación, es una descripción del régimen contemporáneo: la democracia –que debería ser luz– empieza a convivir con tecnologías que operan, por diseño, en penumbra. Y cuando la penumbra se vuelve norma, la ciudadanía deja de ser sujeto y pasa a ser dato: algo que se administra, se procesa y se explica después, si es que se explica.
Lo decisivo, entonces, no es solo que se use Inteligencia Artificial, sino cómo queda distribuido el control. ¿Quién audita? ¿Quién responde? ¿Quién pone límites cuando el sistema se equivoca? Porque los Estados también se equivocan, pero el error burocrático todavía tiene un rostro, una firma, una mesa donde reclamar.
El error automatizado, en cambio, suele venir con una frase impecable y desalmada: “resultado: no procede”. Y el sistema –como los dioses antiguos– no se ruboriza, no pide disculpas, no admite culpa: simplemente sigue.
Y en Bolivia el poder no entra con helicópteros, entra con formularios; solo que ahora son digitales. Días atrás se firmó un convenio para acelerar el registro masivo de estudiantes en ciudadanía digital con metas que suenan a campaña de época: cientos de miles al inicio, un millón en pocos meses, dos millones hacia fin de año.
Puede ser modernización, sí: menos colas, menos papeles, menos intermediarios. Pero también es centralización de identidad a escala, y eso reorganiza el poder. Ahí aparece la tentación del Estado-desarrollador: creer que levantar plataformas equivale a construir soberanía, confundir la vanidad de la obra con la humildad del servicio.
El riesgo no es digitalizar; el peligro es hacerlo como espectáculo, dejando al ciudadano donde siempre: entregando datos sin saber para qué, por cuánto tiempo, con qué protección y con qué posibilidad real de reclamar cuando el “sistema” decida por él.
Y aquí vuelvo a 2006, no como acto académico, sino como advertencia política. Yo investigué la protección de datos personales en Bolivia cuando el país aún estaba entrando, tímidamente, a Internet. Y mi maestro Luis Ramiro Beltrán, visionario de la comunicación para el desarrollo, lo dijo —en el prólogo de mi investigación– con una claridad casi profética: Bolivia no estaba entre los países que intentaban regular estos fenómenos, y esa anomia dejaba al ciudadano en indefensión. Ese diagnóstico no envejeció, maduró.
Porque un gobierno puede tener cien programas de conectividad, mil discursos sobre modernidad y un catálogo entero de “transformación digital”; pero si no protege primero al ciudadano de la recolección indiscriminada —de esa gula institucional por acumular—, lo que construye no es progreso: es vulnerabilidad.
Y no estamos hablando de fantasmas. En Europa se ha reconocido que la mala gestión o exposición de datos puede generar compensaciones incluso sin demostrar un perjuicio económico directo. El máximo tribunal civil de Alemania (BGH) sostuvo que la mera “pérdida de control” sobre datos personales puede constituir un daño indemnizable, y se mencionaron montos referenciales del orden de €100 en ese tipo de supuestos.
En Estados Unidos, Meta acordó pagar $us 725 millones para resolver una demanda colectiva por prácticas de datos vinculadas al caso Cambridge Analytica. ¿Qué nos dicen esos episodios? Que en países donde el tema se toma en serio, el abuso de datos no se corrige con seminarios ni slogans: se corrige con reglas y con consecuencias.
Bolivia camina con un vacío estructural: quiere saltar a la identidad digital y a sistemas cada vez más inteligentes sin una ley moderna de protección de datos, y lo más inquietante es que el borrador de reglas lo impulsa la misma instancia que opera el ecosistema estatal de información, como si el árbitro escribiera el reglamento del partido donde juega.
Por eso el Órgano Legislativo no puede seguir dormitando mientras el país se “actualiza”; le corresponde deliberar con independencia, convocar saberes, escuchar a la ciudadanía y aprobar una norma con dientes —garantías, controles y sanciones—, porque si abdica no habrá gobierno electrónico, sino administración masiva de vulnerabilidades.
Lo más grave no es la velocidad con que el Estado quiere digitalizarse, sino la ligereza con que cree entender lo que está desatando. Llega como cotilleo desde la Casa Grande del Pueblo: autoridades que se sienten gurús en la IA tras maratonear podcasts, confundiendo consumo con criterio.
Si bastara esa escuela, el Pentágono habría entrenado a sus generales con YouTube; hizo lo contrario: contrató capacidad real, porque el poder se construye con arquitectura y límites. Aquí, en cambio, el expuesto es el ciudadano que entrega datos para estudiar, cobrar, moverse, existir; y cuando duele, no hay a quién reclamarle. Solo un mensaje frío que cierra la puerta: “resultado: no procede”.
Por eso el verdadero update es el firewall humano de garantías y controles; y las palabras de Luis Ramiro Beltrán sobre la anomia ya no son advertencia: hoy son una tesis confirmada por la realidad.
Marco Agramont es columnista de opinión en política y geopolítica: globalización y tecnología.
