De acuerdo con ONU-Hábitat, cada boliviano genera entre 0,48 y 0,56 kilogramos de residuos sólidos por día. Esto equivale a más de 8.000 toneladas diarias a escala nacional.
Brújula Digital|27|02|26|
Mirna Quezada Siles
Pasado el carnaval, cuando se acaban las comparsas y se retiran los escenarios, comienza a notarse con mayor claridad lo que durante el resto del año suele diluirse en la normalidad urbana es decir las toneladas de residuos acumulados en calles, plazas, parques y avenidas. Lo que queda tras la celebración no es solo papel picado y envases plásticos, sino la confirmación visible de una fragilidad estructural en el sistema de gestión de residuos en Bolivia. La basura posterior a la fiesta no es un hecho aislado; es la expresión concentrada de un problema que opera todo el año.
De acuerdo con ONU-Hábitat, cada boliviano genera entre 0,48 y 0,56 kilogramos de residuos sólidos por día. Esto equivale a más de 8.000 toneladas diarias a escala nacional. Con el crecimiento poblacional sostenido y la expansión urbana acelerada de la última década, la generación podría haber superado ya las 10.000 toneladas diarias, presionando infraestructuras que en muchos casos funcionan al límite o más allá de su capacidad técnica.
El Instituto Nacional de Estadística reportó que en 2023 se recolectaron 1, millones de toneladas de residuos en las nueve capitales departamentales más El Alto. Santa Cruz de la Sierra concentró el 36% del total; El Alto, La Paz y Cochabamba registraron también volúmenes significativos. El 85% corresponde a residuos domiciliarios. Un dato estructural clave es que entre el 60 y el 70 % de los residuos sólidos bolivianos son orgánicos, una característica que debería orientar las decisiones tecnológicas hacia soluciones como el compostaje, pero que hoy termina agravando la presión sobre los rellenos.
Detrás de estas cifras hay un problema sistémico. Un documento técnico actualizado a enero de 2026 por la ONG boliviana Red Hábitat identifica fallas acumuladas en toda la cadena de gestión: recolección, transporte, tratamiento, disposición final, gobernanza técnica y financiamiento.
En la recolección y transporte, los barrios periurbanos y las zonas rurales mantienen acceso limitado o nulo al servicio. Muchos municipios operan con flotas vehiculares envejecidas, con altos costos de mantenimiento y baja eficiencia operativa. Las rutas rara vez están optimizadas con criterios técnicos, lo que genera doble cobertura en algunas áreas y vacíos en otras. Esta ineficiencia incrementa costos, reduce cobertura y limita la capacidad de respuesta ante contingencias, según el texto.
Las debilidades se agravan en el tratamiento y disposición final. En numerosos casos, los rellenos sanitarios funcionan en la práctica como botaderos controlados, sin impermeabilización adecuada, sin sistemas eficientes de captación de lixiviados y sin aprovechamiento de biogás. El relleno de K’ara K’ara en Cochabamba es citado recurrentemente como ejemplo de saturación y conflicto socioambiental. La Paz depende en gran medida de Alpacoma, que recibe alrededor de 700 toneladas diarias y enfrentó episodios de inestabilidad. Santa Cruz, con cerca de 1.826 toneladas diarias generadas, mantiene tasas de reciclaje todavía bajas, incrementando la presión sobre Normandía.
El riesgo ambiental más grave es también el menos visible. Los lixiviados generados en rellenos sin impermeabilización pueden migrar durante décadas hacia napas freáticas (agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo). En un país donde numerosas comunidades periurbanas y rurales dependen de pozos y fuentes superficiales no tratadas, la contaminación por metales pesados, amonio y compuestos orgánicos persistentes puede volverse irreversible en escalas de tiempo humanas. Una vez contaminado un acuífero profundo, su remediación es técnicamente posible, pero económicamente inviable para cualquier municipio boliviano.
Red Hábitat señala que la dimensión hídrica no se limita al subsuelo. Bolivia ocupa una posición estratégica en el corazón de Sudamérica, en cuencas que alimentan tanto el Amazonas como el sistema de la plata. Los residuos que terminan en quebradas y ríos urbanos no desaparecen; se integran a sistemas fluviales mayores, transportando contaminantes más allá de las fronteras municipales. Sin separación en origen ni tratamiento diferenciado, los plásticos se fragmentan progresivamente en microplásticos que ya se registran en ríos bolivianos, con efectos acumulativos e irreversibles sobre la biodiversidad acuática y potencial ingreso a la cadena alimentaria humana.
El documento indica que cuando los rellenos formales se saturan, tiende a acelerarse la expansión de botaderos informales. Estos ocupan suelos con potencial agrícola o forestal y los contaminan con metales pesados y residuos peligrosos, inutilizándolos durante décadas. En zonas de piedemonte y valles, esta degradación interactúa negativamente con procesos de erosión preexistentes, amplificando el deterioro territorial.
En el plano climático, los residuos orgánicos en condiciones anaeróbicas producen metano, un gas con un potencial de calentamiento global 80 veces superior al CO₂ en un horizonte de 20 años. Sin sistemas de captación activa, advierte la ONG, los rellenos se convierten en fuentes difusas de emisión que no solo contribuyen al cambio climático, sino que limitan el acceso a mecanismos de financiamiento verde y bonos de carbono que podrían aliviar la carga fiscal municipal.
La gobernanza técnica es otro punto crítico. Bolivia cuenta con 339 municipios con capacidades muy dispares y sin economías de escala. Aunque la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos está vigente desde 2015, su implementación reglamentaria y operativa fue débil. La información sobre generación y composición de residuos sigue siendo escasa y poco confiable, lo que dificulta la planificación basada en evidencia y el acceso a financiamiento internacional que exige líneas de base verificables.
En materia financiera, las tasas de aseo urbano no reflejan el costo real del servicio y la recaudación efectiva es baja. Se configura así una trampa estructural porque sin recursos no hay mejora del servicio y sin mejora, la ciudadanía se resiste a pagar. El documento técnico citado propone esquemas de tarifas diferenciadas y subsidios cruzados, donde grandes generadores comerciales e industriales contribuyan a sostener el servicio en zonas de menores ingresos.
La ONG añade que los impactos sanitarios son acumulativos. La mala gestión de residuos favorece la proliferación de vectores como roedores y mosquitos, incrementando el riesgo de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y vectoriales. La quema a cielo abierto libera dioxinas, furanos y partículas finas asociadas a cáncer y mortalidad cardiovascular prematura. La mezcla de residuos hospitalarios, agroquímicos y electrónicos con la corriente domiciliaria expone a trabajadores de recolección y recicladores informales a patógenos y sustancias altamente tóxicas.
Varios de estos procesos siguen lógicas de umbral porque se acumulan de manera silenciosa durante años y luego se manifiestan de forma abrupta o se vuelven irreversibles. La contaminación profunda de acuíferos, la saturación física de rellenos y la exposición crónica infantil a contaminantes son procesos con ventanas de intervención limitadas.
Frente a este panorama, existen rutas técnicas viables que se sugieren en el documento como la optimización de rutas con herramientas de código abierto, fortalecimiento y formalización de recicladores, clausura técnica de botaderos a cielo abierto, impulso al compostaje acorde a la alta fracción orgánica y creación de mancomunidades municipales para compartir infraestructura regional. Modernizar rellenos y capturar biogás hoy es significativamente menos costoso que remediar daños acumulados en una década.
Bolivia enfrenta un colapso silencioso en la gestión de sus residuos que ya no puede seguir postergándose. La proximidad de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 coloca este problema en el centro de la responsabilidad política. Las cerca de 5.000 autoridades que asumirán funciones para el periodo 2026-2031 heredarán un sistema tensionado por rellenos saturados, déficits financieros y fragmentación institucional. Modernizar la gestión integral de residuos no será una opción programática secundaria, sino una obligación técnica, ambiental y presupuestaria desde el primer día de gobierno.
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