Un total de 95 vulneraciones a la libertad de expresión fueron registradas en los últimos seis meses en Bolivia, en un contexto marcado por el proceso electoral y la crisis económica, según un informe respaldado por organizaciones periodísticas y el Comité de Escritores Encarcelados de PEN Bolivia, filial Cochabamba.
Brújula Digital|23|02|26|
Un total de 95 vulneraciones a la libertad de expresión fueron registradas en los últimos seis meses en Bolivia, en un contexto marcado por el proceso electoral y la crisis económica, según un informe respaldado por organizaciones periodísticas y el Comité de Escritores Encarcelados de PEN Bolivia, filial Cochabamba.
De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 51 de esos casos estarían directamente vinculados al proceso electoral y al clima de polarización política.
El reporte consigna 19 amenazas, 14 restricciones al acceso a la información, siete agresiones físicas a periodistas y seis casos de criminalización, entre otras formas de hostigamiento. Las organizaciones señalaron como principal agresor al Estado y exigieron reformas legales, entre ellas una ley de protección al gremio, una norma de acceso a la información pública y medidas efectivas contra la impunidad.
La amenaza como mecanismo de presión
El informe recogido por PEN Bolivia sostiene que la amenaza se ha convertido en una herramienta recurrente para intimidar y silenciar a periodistas que realizan coberturas independientes. Estas incluyen advertencias de sanciones económicas, procesos judiciales, agresiones físicas e incluso amenazas de muerte.
Uno de los casos mencionados ocurrió en Yapacaní, donde reporteros denunciaron que seguidores de Evo Morales, que rechazaban la proclamación del candidato Andrónico Rodríguez, empujaron y amenazaron a periodistas que cubrían la manifestación, según reportes publicados el 13 de julio por Los Tiempos.
También se cita la denuncia del periodista español Javier Negre, quien afirmó haber recibido amenazas de muerte tras formular preguntas incómodas durante su cobertura electoral en Bolivia. De acuerdo con publicaciones de El Deber del 16 de agosto de 2025, Negre advirtió que la polarización extrema del proceso electoral pone en riesgo también a corresponsales extranjeros.
El documento detalla episodios de violencia directa contra trabajadores de prensa, que incluyeron empujones, apedreamientos, insultos, golpes y destrucción de equipos.
En Oruro, un individuo ingresó al Canal 15 y golpeó a la periodista Marcela Cruz cuando se disponía a iniciar un programa informativo, según reportes del 21 de agosto de 2025 difundidos por Los Tiempos y El Deber.
Otro caso destacado es el del periodista Guider Arancibia, con amplia trayectoria en el diario El Deber de Santa Cruz. Durante una cobertura en el aeropuerto El Trompillo fue agredido por el piloto Jaime Rodríguez, quien reaccionó por publicaciones referidas a Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. Según el reporte, sus equipos fueron dañados y fue expulsado del aeropuerto.
Posteriormente, el propio medio para el que trabajaba informó su desvinculación laboral, argumentando que no había recibido instrucción formal para realizar la cobertura. La Fiscalía rechazó la denuncia presentada por Arancibia y la ANPB, apoyándose en ese pronunciamiento, de acuerdo con una publicación de Brújula Digital del 26 de noviembre de 2025.
Tras la segunda vuelta electoral, los reporteros Patricia Melgar y Antonio Calla también denunciaron agresiones físicas y destrucción de equipos mientras cubrían hechos de violencia. El portal Periodismo Somos Todos presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC), exigiendo disculpas públicas y la reposición del material dañado.
BD/RED
