La asociación de periodistas denuncia un intento de intimidación tras un reportaje sobre el pueblo ese ejja que pone en evidencia algunas decisiones del INRA. Advierten que las amenazas de judicialización afectan el derecho de la sociedad a estar informada.
Brújula Digital|13|02|26|
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales expresaron su “más enérgica condena” ante las amenazas dirigidas contra el periodista Rafael Acuña, de Rurrenabaque, tras la publicación de un reportaje sobre las condiciones de vida y el confinamiento del pueblo indígena ese ejja en Eyiyoquibo, y algunas decisiones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que habrían afectado ese territorio ancestral.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que “las amenazas de judicialización en su contra no solo constituyen un intento de intimidación personal, sino que envían un mensaje preocupante a todo el periodismo boliviano: investigar y denunciar posibles vulneraciones de derechos podría tener represalias”.
La ANPB advirtió que la utilización de procesos judiciales como mecanismo de presión “no solo compromete la seguridad personal de los periodistas, sino que crea un clima de autocensura que perjudica a toda la sociedad y vulnera el derecho de la sociedad a estar informada”. El pronunciamiento enfatiza que “en democracia, las investigaciones periodísticas deben responderse con información y transparencia, no con amenazas”, y rechaza “cualquier intento de utilizar amenazas, presiones o procedimientos judiciales como mecanismos de intimidación para silenciar voces críticas y denuncias sobre situaciones de vulneración de derechos de pueblos indígenas”.
Las organizaciones instaron a las autoridades competentes y a los actores sociales a “garantizar la protección integral de periodistas y comunicadores frente a amenazas y hostigamientos”, así como a “respetar y defender la labor informativa como derecho humano y elemento esencial de la democracia”. También pidieron “investigar con diligencia cualquier acto de intimidación, garantizando que no queden impunes ni se conviertan en un precedente de silenciamiento”, y “promover un ambiente de respeto donde el periodismo pueda ejercer su función sin miedo a represalias”.
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