|OPINIÓN|¡Envenenados!|Amparo Ballivián|

Brújula Digital|Brújula Digital|08|02|26|

Amparo Ballivián

En las últimas semanas ha circulado (poco) un artículo titulado “Mercurio: La bomba de tiempo que Bolivia vende al futuro”, cuyo autor es Ervin Serato Dumay y fue publicado por la Red Boliviana de Turismo Rural. Deseo llamar nuevamente la atención a este problema (lo hice numerosas veces durante mi campaña política de 2025) que me parece inhumano y criminal. 

En 2021 y 2022, la Universidad de Cartagena, Colombia, tomó muestras de cabellos a pobladores de 36 comunidades indígenas que viven en las riberas de los ríos del norte de La Paz y del Beni –sobre todo los ríos Madre de Dios, Beni y Mamoré– y las hicieron analizar en un laboratorio colombiano. Los resultados son aterradores. Los análisis revelaron que los niveles de mercurio en el cuerpo son varias veces el máximo aceptable. En 18 de las 36 comunidades, el 100% de las personas superaban los límites permitidos de mercurio. El 75% de las personas evaluadas presentaban niveles de mercurio en su cuerpo superiores al máximo aceptable por la OMS, que es de una parte por millón, o 1 ppm. En tanto que, según el artículo citado arriba, el nivel promedio entre los indígenas esse ejja es de 6,9 ppm, entre los tsimanes es de 6,8 ppm, entre los mosetenes, 4 ppm, y entre los uchupamionas, 2,5 ppm.

Las consecuencias de envenenamiento por mercurio van desde degeneración muscular, pérdida de visión, daños a la capacidad auditiva y el habla y pueden llegar al extremo de parálisis, demencia, coma y muerte. Los efectos son particularmente devastadores en mujeres gestantes ya que pueden causar daños irreversibles en el cerebro del feto. Y el mercurio permanece en el cuerpo humano ¡por casi 30 años!

La causa es claramente el uso de mercurio en la explotación de oro de esos ríos. El mercurio expulsado a los ríos por la actividad minera se traslada a los peces, así como al riego de la vegetación aledaña, ambas fuentes esenciales de la alimentación de los pobladores ribereños. 

Entonces, uno se debe preguntar, ¿cómo es posible que nuestra sociedad permita el envenenamiento de los ciudadanos más pobres entre los pobres de Bolivia? A ellos el Estado no les da las condiciones mínimas de educación, servicios de salud u otros servicios públicos y, encima, ¿permitimos que se los envenene? Es inaceptable. Me parece que lo que se está permitiendo es un homicidio involuntario (¿?) de proporciones épicas. Pero claro, ellos son indígenas, por eso es que este tema no circula mucho ni en medios de comunicación, ni en redes sociales. 

No exagero, Bolivia es el segundo importador mundial de mercurio. No porque seamos el segundo productor mundial de oro, sino porque otros países se toman más en serio sus obligaciones bajo el Convenio de Minamata. Así que parte del mercurio que entra a Bolivia luego sale, vía contrabando, a países vecinos que también tienen minería ilegal.

Establecido el problema, ¿cuáles son las soluciones? Empezaré diciendo que Bolivia firmó el Convenio de Minamata en octubre de 2013 y nuestro Congreso lo ratificó en noviembre de 2015. Ese Convenio establece la prohibición del uso de mercurio para la producción minera, industrial y otras, así como su comercialización, a partir de 2020. Se llama así en virtud a la tragedia ambiental en Minamata, Japón, donde las liberaciones industriales de mercurio produjeron una epidemia conocida como la enfermedad de Minamata. En relación a nuestro país y hablando en castellano, la palabra “Minamata” es elocuente, literalmente minería que mata. Lo primero que se requiere es prohibir la importación de mercurio y realizar un mayor control sobre la importación y exportación ilegal del mismo. 

Hay algunas noticias alentadoras, aunque de poca repercusión mediática. Por ejemplo, en octubre de 2025 el Senado aprobó un proyecto de ley para la “eliminación progresiva” del mercurio en la minería. No sé por qué “progresiva”, pero algo es algo. Otra, hace unas semanas, la Aduana Nacional decomisó 216 baldes de pintura, mezclada con mercurio, provenientes de México. Y el 2 de febrero de 2026, en otra noticia poco difundida, se informa que la Armada boliviana destruyó cuatro campamentos mineros clandestinos en el parque nacional Madidi. Bravo por ellos.

El segundo elemento de solución es modificar la legislación sobre cooperativas mineras. Esa legislación fue aprobada con el objetivo de establecer un régimen de permisos e impuestos mucho más laxo del que rige para las empresas mineras, para aliviar en algo la situación de los mineros que quedaron sin empleo, sobre todo lo de las zonas andinas, permitiéndoles explotar las colas y desmontes, es decir, los residuos de gran escala. Pero el uso de esa figura de asociatividad se ha tergiversado groseramente en el caso de las cooperativas auríferas. Sólo basta ver las fotos y videos de grandes dragas y otra maquinaria pesada que utilizan para darse cuenta que el valor de esa maquinaria supera con creces el capital de unos “pobres cooperativistas”. La realidad, según varios informes periodísticos y testimonios de los vecinos y guardaparques de la zona, es que detrás de la careta de “cooperativa minera” actúan grandes capitales, mayoritariamente chinos, peruanos y brasileños.

En tercer lugar, debe revisarse la legislación tributaria sobre la producción de las cooperativas mineras auríferas. Yo quisiera que alguien me explique por qué los hidrocarburos deben pagar en impuestos el equivalente al 50% del valor de producción, pero el oro apenas 3%. Ambos son recursos naturales no renovables, ¿o no?

Por último, propongo que el directorio del Banco Central o, mejor aún, el gobierno en pleno a través de un decreto supremo, instruya que las compras locales de oro que realiza el BCB sólo estén permitidas previa verificación (podría ser por terceros), de que la producción de ese oro ha sido realizada sin el uso de mercurio.

Amparo Ballivián es economista. Fue presidenta de Aduanas y trabajó en el BM.