El futuro de Bolivia se gesta hoy en las aulas, donde es imperativo que cada estudiante aprenda a “leer el mundo” con pensamiento propio que permita rescatar a la educación de intereses particulares.
Brújula Digital|04|01|26|
Mauricio Alzérreca
Bolivia atraviesa una crisis educativa de dimensiones devastadoras que ha dejado de ser un problema pedagógico para transformarse en una amenaza existencial al desarrollo nacional.
El hecho de que en 2023, el 98 % de los estudiantes reprobara en matemáticas, física y química desnuda la realidad de un sistema con escuelas físicamente abiertas, pero pedagógicamente clausuradas a las competencias requeridas para el siglo XXI. Este naufragio no es accidental; es el desenlace previsible de un modelo capturado por intereses corporativos y diseñado bajo lógicas autoritarias, dentro de un ecosistema donde la complicidad política ha desplazado al mérito.
Paradójicamente, aunque el riesgo país ha mostrado una notable recuperación a inicios de 2026, cayendo por debajo de los 600 puntos básicos después de los 2.000 puntos en 2025, este alivio financiero es insuficiente. Si bien la confianza de los mercados aleja el fantasma del default bancario, Bolivia sigue sumida en un profundo default intelectual. Sin una base educativa sólida, la sostenibilidad de cualquier medida económica es una ilusión; el país continúa en un riesgo extremo, transitando peligrosamente hacia la configuración de un Estado fallido.
La retórica del marco normativo, los discursos políticos, los estudios y las políticas públicas sobre el desarrollo de los países elevan la educación a la categoría de pilar del desarrollo, prioridad nacional y derecho humano; sin embargo, rara vez se traduce en acciones concretas y sostenidas. La agenda de los gobiernos termina estando más alineada con intereses de carácter económico, político y de simbología cultural que con una verdadera transformación del ámbito educativo.
El sistema educativo, que debería ser el bien común supremo, es tratado como un botín corporativo. Los políticos extraen legitimidad con promesas incumplidas; los sindicatos extraen rentas salariales desvinculadas del aprendizaje; los burócratas extraen estabilidad callando ante el desastre por supervivencia laboral; y las élites extraen privilegios refugiándose en colegios particulares. El resultado es un magisterio rentista que prioriza el escalafón sobre la excelencia, y donde la formación docente ha degenerado en una formación con “títulos vacíos” que operan como pólizas de seguro salarial, pero no como garantías de capacidad.
En este escenario, gran parte del magisterio ha asumido un rol que evoca la “banalidad del mal” de Hannah Arendt. Como “pequeños Eichmanns en el aula”, miles de docentes se limitan a la gestión burocrática y a la repetición de contenidos obsoletos, sin la capacidad de pensar en el daño irreversible infligido a la niñez. Para la captura del sistema educativo por el magisterio, el analfabetismo funcional del estudiante es el seguro de vida de la burocracia, ya que no tiene la capacidad de exigir rendición de cuentas.
Este escenario se torna irreversible al colisionar con una estructura económica profundamente distorsionada. El 85 % de la economía es informal y el avance del crimen organizado y de actividades ilegales (narcotráfico, avasallamiento de tierras, extractivismo de cooperativas mineras y contrabando) a gran escala se ha consolidado en los últimos años, ocasionando una reconfiguración de los incentivos socioeconómicos.
Esta distorsión de los incentivos ha erosionado la psicología colectiva y las expectativas de ascenso social de los jóvenes. Al observar que la acumulación de riqueza y la movilidad social no dependen del conocimiento, sino de la captura de rentas estatales, la corrupción y la participación en actividades ilícitas, la demanda por una educación de calidad se desploma.
Para el joven boliviano, el costo de oportunidad de estudiar es hoy demasiado alto, porque resulta racionalmente más lucrativo integrarse al contrabando o al crimen organizado que apostar por una formación académica que no garantiza inserción laboral, consolidando así la tendencia de sustituir el “capital humano” por un corrosivo “capital mafioso”.
En este contexto, Bolivia está dilapidando su bono demográfico. Esta ventana de oportunidad, donde la población activa supera a la dependiente, se está cerrando peligrosamente; se estima que restan apenas dos décadas de margen. Transcurrido ese tiempo, el país enfrentará el envejecimiento masivo de una población sumida en el analfabetismo funcional.
Sin ahorros ni competencias productivas, no solo habremos perdido la oportunidad del desarrollo, sino que habremos condenado a las futuras generaciones de adultos mayores a una vejez de indigencia y precariedad extrema.
La estabilidad de este sistema con incentivos perversos que secuestra la calidad de la educación responde a un comportamiento arraigado en la cultura rentista del país. Este sistema es más fuerte que los intentos de políticas públicas educativas que responden a reformas frontales que la evidencia histórica ha demostrado que suelen terminar en retrocesos estériles. La propuesta se relaciona con “caminar el cambio” mediante la identificación de puntos de apalancamiento estratégico de bajo costo y alto impacto.
Una primera propuesta se relaciona con un presupuesto inteligente territorializado, transitando del gasto inercial a una gestión por resultados basada en la calidad educativa. El Ministerio de Economía podría crear tramos presupuestarios variables asignados a municipios que demuestren progresos incrementales en lectura y pensamiento lógico. Al vincular el dinero con el aprendizaje, los alcaldes y los padres se convertirán en los primeros fiscalizadores de la calidad.
Crear una Red de Escuelas de Producción y Tecnología con currículos codiseñados con el sector productivo. Si el joven ve que la educación le permite generar ingresos legítimos superiores a la ilegalidad, la demanda social por calidad renacerá.
La tercera propuesta se refiere a la transparencia radical, implementando una plataforma pública donde cada familia pueda ver, mediante un código QR en la escuela, el rendimiento real del centro y su ejecución presupuestaria. La información es la única fuerza capaz de romper el monopolio del sindicato.
Y, por último, la inversión en educación inicial (0-5 años), creando un subsistema de calidad desde el inicio que asegure que la futura generación llegue a la primaria con una base sólida de neurodesarrollo.
La viabilidad de Bolivia trasciende la mera inversión productiva o el agotamiento de sus recursos no renovables; su verdadero eje de sostenibilidad reside en el desarrollo del talento humano. El futuro de Bolivia se gesta hoy en las aulas, donde es imperativo que cada estudiante aprenda a “leer el mundo” con pensamiento propio que permita rescatar a la educación de intereses particulares y de esa simulación institucional que condena su porvenir a una pobreza estructural.
Mauricio Alzérreca es especialista en políticas públicas.
