El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, afirmó que la solicitud presentada por las operadoras confirma que la Ley 580 está en plena vigencia y debe cumplirse mientras no sea observada por el Tribunal Constitucional.
Brújula digital|26|01|26|
El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, afirmó que la Ley Municipal 580, que deja sin efecto el servicio de estacionamiento pagado, está vigente y es de obligatorio cumplimiento, y sostuvo que las propias empresas operadoras reconocieron esta situación cuando solicitaron formalmente la reconsideración de la norma ante el ente deliberante.
"Publicamos la ley el jueves después de las 16:00, por lo que la norma es de obligado cumplimiento. Esto se refleja en que las empresas nos enviaron una solicitud de reconsideración, lo que demuestra que reconocen que la ley debe cumplirse", afirmó Dulon, y explicó que dicha solicitud fue presentada para agotar la vía administrativa y ya fue turnada a la comisión correspondiente, integrada por los regidores que diseñaron la norma, para evaluar una posible revisión técnica.
Dulon remarcó que ni el Ejecutivo municipal ni las empresas tienen facultades para desconocer la ley bajo el argumento de supuesta inconstitucionalidad, y aclaró que tales determinaciones corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)."Si consideran que la ley es inconstitucional, lo correcto es acudir al Tribunal Constitucional mediante una consulta o un amparo, pero no la cumplen. No les corresponde decir que no la van a cumplir porque no son un tribunal constitucional", dijo.
El concejal lamentó que el asunto se haya politizado y que esto haya generado confusión entre la ciudadanía. Indicó que recibió más de 200 llamadas de vecinos preguntando si la norma estaba vigente y denunciando presuntas irregularidades en las tarifas de estacionamiento. "Hoy lo más importante es dar certeza a la población y decirles claramente que la ley ha sido promulgada, publicada y es de obligatorio cumplimiento. Cualquier observación sobre facultades o constitucionalidad debe resolverse en las instancias correspondientes", afirmó.
Como solución de fondo, Dulon propuso cancelar tanto la ley como las autorizaciones vigentes otorgadas por el Ejecutivo y repensar el proyecto de estacionamiento a través de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, con una nueva convocatoria pública, términos de referencia claros y un proceso de socialización previo."Se hizo mal desde el principio. Se dieron autorizaciones a tres empresas sin criterios de transparencia y sin socializar el proyecto, y eso provocó la confusión que persiste hoy", dijo.
Finalmente, recordó que desde la Presidencia del Concejo Municipal el proyecto de ley fue turnado al TCP para su evaluación, sin que hasta el momento haya habido respuesta, reiterando que será esa instancia la que determine si la norma es constitucional o no. "La vía legal es impugnar la ley por los canales establecidos, no ignorarla", concluyó Dulon.
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