Vecinos de La Paz denuncian cobros irregulares, uso de grampas y falta de respuesta, mientras el concejo y la alcaldía mantienen posturas enfrentadas sobre la vigencia del servicio.
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La aplicación para el pago de parqueo tarifado dejó de funcionar hace dos días, pero el cobro en calles de La Paz continúa, según denuncian vecinos que aseguran haber sido obligados a pagar para evitar la colocación de grampas en sus vehículos. Estos controles se producen en medio de la disputa entre el Concejo Municipal que abrogó el parqueo tarifado y el Ejecutivo edil que asegura su continuidad.
“Hace dos días que la página no funciona y aun así hay personas cobrando. Dicen que trabajan para la alcaldía, pero usan un QR distinto. La gente paga por miedo a que les inmovilicen el auto”, relató uno de los vecinos afectados, quien también señaló que al pedir explicaciones no recibió ninguna respuesta.
Otro ciudadano afirmó que estacionó su vehículo convencido de que el cobro ya no estaba vigente, tras anuncios difundidos por medios de comunicación. “Salimos y encontramos el coche engrampado. Hablamos con el funcionario, pero se fue sin retirar la grampa. Solo dijo que su función era transmitir la protesta”, reclamó. El trabajador encargado de colocar los inmovilizadores se limitó a señalar que cumplía órdenes. “Yo vengo a hacer mi trabajo, deben llamar al call center”, respondió ante los reclamos, pese a que los usuarios aseguraron que esa línea no atiende.
El conflicto se da luego de que el Concejo Municipal de La Paz promulgara de oficio una ley que anula el servicio de parqueo tarifado impulsado por la alcaldía. La concejala Roxana Pérez del Castillo celebró la medida y afirmó que responde a una demanda ciudadana. “Es una victoria de la gente, de las juntas vecinales y de las actividades económicas”, sostuvo, al cuestionar que el sistema se haya implementado sin consulta previa.
Desde el Ejecutivo municipal, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, aseguró que el servicio continuará vigente, al amparo de un fallo de la Sala Constitucional Cuarta que en noviembre pasado ordenó su restitución. “Las decisiones de una sala constitucional tienen rango constitucional y son de cumplimiento obligatorio”, afirmó. Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Jorge Dulon, explicó que la norma fue promulgada debido a que el Ejecutivo no lo hizo dentro del plazo legal y precisó que la publicación oficial aún está pendiente. Advirtió que, si la alcaldía no la publica en los próximos días, el concejo asumirá ese trámite.
El sistema de parqueo tarifado funciona bajo una alianza público-privada en seis zonas de la ciudad: Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y el Casco Urbano Central, donde continúan las quejas y la incertidumbre entre los conductores.
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