En ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba conseguir un cupo se convirtió en una competencia silenciosa con sorteos, filas desde la madrugada y trámites interminables.
Brújula Digital|18|01|26|
Mirna Quezada Siles
Enero golpea donde más duele a muchas familias porque el inicio del año escolar en Bolivia atenta contra la economía de muchas familias que llegan a 2026 sin un incremento efectivo del salario mínimo, atrapadas en la informalidad o sosteniendo emprendimientos que apenas sobreviven. Para miles de hogares, la educación ya no comienza con expectativas, sino con angustia, estrés y con gastos.
El 19 de enero de 2026 se inicia el proceso oficial de inscripciones escolares, conforme a la Resolución Ministerial Nº 0001/2026. El calendario escalonado busca ordenar la demanda y evitar filas, priorizando a estudiantes nuevos, luego traslados y finalmente la ratificación automática de alumnos regulares. En el papel, el sistema luce eficiente; en la práctica, el orden administrativo no corrige el problema de fondo que consiste en el acceso limitado, desigual y cada vez más costoso para quienes dependen de ingresos inestables y de un mercado laboral mayoritariamente informal.
Cerca del 90% de los casi 2,9 millones de estudiantes del sistema regular depende de unidades educativas fiscales, muchas de ellas saturadas según reportes oficiales del Ministerio de Educación. En ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba conseguir un cupo se convirtió en una competencia silenciosa con sorteos, filas desde la madrugada y trámites interminables que reflejan un sistema desbordado, donde el derecho a la educación se transforma en una carrera contra el tiempo y el dinero.
El impacto económico comienza incluso antes de asegurar el cupo. En un país donde gran parte de la población ocupada vive de la economía informal, cada trámite implica dejar de trabajar. No hay licencias, no hay permisos pagados, no hay flexibilidad. Cada hora en fila es ingreso que no llega al hogar. Para microempresarios y pequeños comerciantes, enero es un mes crítico porque se cruzan impuestos, deudas acumuladas y la temporada baja de ventas, pero el calendario escolar no toma en cuenta esa realidad.
Los costos de inscripción, aportes “voluntarios” y pensiones agravan aún más el escenario en 2026. En unidades fiscales, hay padres de familia que afirman haber hecho aportes que oscilan entre 100 y 300 bolivianos por inscripción bajo la figura de “cuotas voluntarias” para limpieza, mantenimiento o actividades. En colegios de convenio, las pensiones mensuales van desde 800 hasta 2.500 bolivianos, a lo que se suman matrículas de inicio de gestión de entre 500 y 1.000 bolivianos. En unidades privadas, los costos son aún mayores, con inscripciones anuales que llegan a 4.000 bolivianos, pensiones promedio de 1.200 a 1.800 bolivianos y cobros adicionales por textos, plataformas y actividades extracurriculares. Para muchas familias que no logran cupo en fiscales, la educación se convierte en una carga financiera insostenible.
Apenas se asegura un cupo, el golpe continúa con los útiles escolares. Inscripción y gasto van de la mano, sin transición gradual ni margen para planificar. Desde los primeros días de enero, supermercados, librerías y ferias activan la temporada alta del “retorno a clases”, trasladando toda la presión al bolsillo familiar. No se trata de una compra más, sino de una avalancha de requerimientos que aparecen al mismo tiempo: cuadernos, textos, uniformes, mochilas y materiales específicos que cada colegio exige.
En La Paz, una encuesta realizada por Brújula Digital muestra un panorama preocupante. Siete de cada diez padres cuyos hijos estudian en unidades privadas declararon sentirse estresados por los gastos escolares. La mayoría afirmó que educación y útiles consumen más del 40% de sus ingresos mensuales, obligándolos a endeudarse o a recortar alimentación y salud. El dato revela que para amplios sectores urbanos la escuela compite directamente con necesidades básicas.
El costo de la canasta escolar confirma esa percepción. Equipar a un estudiante en 2026 cuesta entre 400 y 1.000 bolivianos. Cuadernos que en 2024 costaban poco más de 10 bolivianos hoy superan los 25. Uniformes y mochilas duplicaron su precio en dos años. Para familias con dos o más hijos, el gasto deja de ser un sacrificio puntual y se convierte en un problema estructural que se repite cada gestión.
El tema de los libros escolares sigue siendo crítico. Se cuestiona su alto costo, su peso excesivo y su calidad. El escándalo de 2023 por ilustraciones plagiadas en textos oficiales dejó en evidencia fallas graves en la elaboración de material educativo. A las puertas de una nueva etapa histórica del país, la formación no puede basarse en improvisación ni en prácticas cuestionables, menos aun cuando ese material representa un gasto significativo para hogares ya asfixiados.
A todo esto se suma que 20 años de gobierno del MAS no solo dejaron a las familias con una economía cada vez más frágil, sino que también consolidaron un modelo educativo ideologizado, donde importó más cumplir con los días de calendario que construir calidad en la formación. El discurso de cobertura y masificación terminó tapando la precariedad de contenidos, la falta de inversión real y el abandono de la excelencia académica.
Aunque el Ministerio de Educación destacaba en anteriores gestiones avances en cobertura, la deserción persiste. En secundaria supera el 5% y es mayor en áreas rurales. En 2025, más de 35.000 estudiantes abandonaron el sistema por razones económicas. Inscribirse no basta si mantenerse en la escuela implica endeudarse mes a mes.
Las clases comenzarán el 2 de febrero, con 200 días hábiles. El calendario avanza sin mirar la realidad social. Sin políticas integrales que articulen inscripciones, control de cobros, regulación de útiles y apoyo directo a las familias, el peso del sistema seguirá cayendo sobre quienes menos tienen.
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