Uno de los afectados dijo, pidiendo el anonimato, que “pensábamos que con la salida del MAS se iba a proteger los derechos de los propietarios, pero parece que no es así”.
Brújula Digital|21|12|25|
Propietarios de terrenos ubicados en la zona de Kapunita, Huajchilla, en el municipio de Mecapaca, denunciaron un “avasallamiento violento e ilegal de sus predios”. Exigen que los avasalladores sean desalojados.
De acuerdo con la denuncia pública difundida por los afectados, personas ajenas a la propiedad ingresaron sin autorización a los terrenos, rompiendo cercos y precintos, derribando muros y quemando vegetación.
Uno de los afectados dijo, pidiendo el anonimato: “pensábamos que con la salida del MAS se iba a proteger los derechos de los propietarios, pero parece que no es así”. La toma se produjo el sábado y hasta el mediodía del domingo ninguna autoridad se había preocupado por los hechos.
Señalan además que en el lugar se utilizó maquinaria pesada, como tractores, y personal contratado, lo que generó un riesgo inminente de enfrentamientos.
Los propietarios identifican como responsable del ingreso irregular a una mujer de nombre Gina Antognelli, quien –según el comunicado– encabezaría las acciones denunciadas. Los afectados sostienen que el ingreso se realizó con actitudes intimidatorias y sin respaldo legal.
Según relatan, el conflicto fue puesto en conocimiento de distintas instancias policiales, entre ellas la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DP4), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Estación Policial Integral (EPI-Sur), así como la Policía Rural y Fronteriza de Mecapaca.
Sin embargo, afirman que durante aproximadamente nueve horas se produjo un cruce de responsabilidades entre las distintas unidades, sin una intervención inmediata.
Los denunciantes indican que finalmente un solo oficial de policía del municipio de Mecapaca acudió al lugar para verificar los hechos, aunque hasta el momento el caso no fue remitido al Ministerio Público.
El comunicado añade que la Fiscalía de turno no habría recibido la denuncia bajo el argumento de que no existían personas aprehendidas ni víctimas de violencia física directa.
En su pronunciamiento, los propietarios subrayan que la posesión violenta, reciente o de mala fe no genera derecho propietario conforme a la normativa vigente. Asimismo, aclaran que el hecho de que una persona alegue haber sido víctima de una estafa por parte de terceros no le otorga derechos sobre propiedades ajenas ni la faculta a ingresar, ocupar o causar daños en predios privados.
Ante esta situación, los afectados exigen la intervención inmediata de la Policía Boliviana para poner fin al presunto avasallamiento y garantizar la seguridad en la zona. También demandan una acción urgente del Ministerio Público para investigar posibles delitos, entre ellos avasallamiento, usurpación, daño a la propiedad privada y asociación delictuosa.
El comunicado incluye además un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que se pronuncien y actúen en resguardo del derecho propietario y del Estado de Derecho. Los firmantes advierten que responsabilizarán tanto a los presuntos avasalladores como a cualquier autoridad que omita actuar por los daños físicos, materiales o humanos que pudieran producirse como consecuencia del conflicto.
BD/RPU
