Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS documentó 22 vulneraciones a los derechos de personas defensoras.
Brújula Digital|11|12|25|
Sumando Voces, Rodolfo Huallpa
El segundo cuatrimestre de 2025 registró un incremento alarmante en la criminalización y hostigamiento contra defensores ambientales y del territorio en Bolivia. Entre mayo y agosto, el Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS documentó 22 vulneraciones a los derechos de personas defensoras, de las cuales 14 corresponden específicamente a criminalización, lo que consolida esta conducta como la forma más recurrente de ataque hacia este sector.
El informe cuatrimestral II del Observatorio, recientemente publicado y que puede descargarlo al final de esta nota, identifica que estos hechos se concentraron en territorios donde existen conflictos socioambientales vinculados a proyectos extractivos, especialmente en Tariquía (Tarija), Cala Cala (Pñotosí) y Viacha (La Paz), casos que ilustran un patrón común: el uso del sistema penal y las amenazas directas y agresiones como mecanismos de presión para desmovilizar la defensa del territorio.
Tariquía: criminalización como mecanismo de intimidación
En la reserva forestal de Tariquía, comunarios que se oponen a las actividades hidrocarburíferas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petrobras fueron objeto de citaciones fiscales, imputaciones y medidas coercitivas.
Este año, 12 de 29 defensores del territorio de Tariquía fueron imputados por supuestamente obstaculizar el trabajo de funcionarios de la estatal petrolera.
El informe señala que, pese a que las acciones de las comunidades se enmarcan en la defensa ambiental y en la denuncia de la falta de consulta previa, diversas autoridades respondieron trasladando el conflicto al ámbito penal. UNITAS advierte que esta dinámica genera “un efecto disuasivo” que impacta no solo en los líderes, sino también en la organización comunitaria que pretende ejercer control social.
“En lugar de promover espacios de diálogo y participación, el Estado respondió con medidas punitivas que colocan a los defensores en situación de riesgo jurídico y personal”, se lee en el informe sobre este caso.
Cala Cala: agresión a defensor indígena
Uno de los hechos más graves del periodo afecta al defensor indígena Jacobo Copa Mamani del Ayllu Cala Cala en Potosí, quien, en junio pasado, fue agredido y criminalizado por mineros de la Cooperativa Mollepata, mientras defendía fuentes de agua y territorio comunitario.
Copa relató haber sido golpeado hasta perder el conocimiento y la dentadura, además de haber sido trasladado por sus agresores desde la comunidad hasta la ciudad de Potosí, para intentar incriminarlo falsamente por porte de armas y drogas.
“Las comunidades, al defender sus territorios, se encuentran con un sistema estatal y cooperativista que no solo instala maquinaria extractiva sin consulta efectiva, sino que responde con la criminalización de quienes se oponen”, señala el informe sobre este caso.
Viacha: amenazas armadas contra líderes comunitarios
En el municipio de Viacha, el informe recoge que los líderes comunitarios Juan Pablo Yujra y Pastor Carvajal enfrentaron amenazas directas, incluyendo un episodio en el que dos encapuchados que portaban un arma exigieron a Yujra abandonar su labor de denuncia por la contaminación minera que sufre su territorio.
Estas intimidaciones afectaron a nueve comunidades representadas en la microcuenca Pallina, creando un clima de riesgo permanente para las autoridades originarias.
“En Viacha, la defensa del territorio se encuentra íntimamente ligada al riesgo personal, lo que plantea un serio desafío para la protección de defensores y para una gobernabilidad democrática que garantice la seguridad de quienes ejercen vigilancia ciudadana”, resalta UNITAS.
Un patrón que se consolida
El Observatorio concluye que el aumento de casos —que pasan de 10 en el primer cuatrimestre a 22 en el segundo— confirma una intensificación de los mecanismos de presión contra defensores, especialmente a través de la criminalización, las amenazas y las agresiones físicas. El informe sostiene que “la defensa ambiental se convierte en un factor de vulnerabilidad cuando entra en tensión con intereses extractivos”, generando un deterioro del espacio cívico y debilitando el control social en territorios indígenas y rurales.
UNITAS señala que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un escenario en el que defender derechos ambientales y territoriales expone a líderes y comunidades a riesgos jurídicos, físicos y psicológicos, sin que existan mecanismos estatales sólidos para su protección.
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