La Amazonía boliviana enfrenta una degradación acelerada asociada a la minería aluvial, especialmente en los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Las dragas y balsas operan en ríos como el Kaka, Beni, Madre de Dios y Orthon.
Brújula Digital|18|11|25|
La minería ilegal de oro se expande a un ritmo acelerado en Bolivia y deja daños severos en territorios indígenas y ecosistemas amazónicos, según advierte el informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA).
El documento identifica a Bolivia como uno de los países amazónicos donde la actividad minera –incluidas operaciones ilegales y semilegales vinculadas a cooperativas– avanza con mayor impacto sobre ríos, bosques y comunidades originarias.
El informe señala que la Amazonía boliviana enfrenta una degradación acelerada asociada a la minería aluvial, especialmente en los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Las dragas y balsas operan en ríos como el Kaka, Beni, Madre de Dios y Orthon, donde la remoción de sedimentos destruye ecosistemas frágiles, altera cauces y afecta la pesca de subsistencia.
La contaminación con mercurio –empleado en el procesamiento del oro– se ha convertido en una amenaza directa para la salud de comunidades indígenas como los ese ejja, tacanas, lecos y mosetenes, que consumen peces contaminados y enfrentan pérdida de medios de vida tradicionales.
El documento también advierte que la expansión minera se produce en un contexto de debilidad institucional y permisividad estatal. Aunque gran parte de las operaciones se presentan formalmente como cooperativas, la coalición señala que muchas funcionan como fachada de redes criminales dedicadas al oro ilegal, con escaso control ambiental y tributario.
En áreas protegidas, como la Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y el Parque Nacional Madidi, la presencia minera se ha incrementado pese a las restricciones legales, generando deforestación, apertura de caminos clandestinos y ruptura del tejido social en comunidades indígenas.
Con miras a la COP30 en Belém en 2025, las organizaciones consideran que existe una “oportunidad histórica” para que los gobiernos asuman compromisos coordinados que articulen justicia climática, control de la minería ilegal, protección de la biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.
Conforman CMIA, y redactaron el informe, CEDIB, Amazon Conservation Team, DPLF, Fundación Gaia Amazonas, Hutukara Associação Yanomami, People in Need, la SPDA y SOSOrinoco.
Según el informe, Bolivia ha incorporado metas de control de la minería y protección de bosques en sus compromisos climáticos internacionales, pero los avances son mínimos. La falta de monitoreo, la ausencia de controles efectivos y los incentivos económicos que favorecen la extracción aurífera han impedido frenar la expansión de esta actividad.
La coalición sostiene que, sin un cambio estructural en la regulación y en la protección de los territorios indígenas, la Amazonía boliviana continuará perdiendo biodiversidad, calidad de agua y resiliencia ante el cambio climático.
El documento concluye que la situación en Bolivia requiere una acción inmediata y coordinada: fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación. De lo contrario, el avance de la minería ilegal y sus impactos en la Amazonía podrían alcanzar niveles irreversibles.
BD/RPU
