El defensor indica que la norma solo es para quienes tienen sentencia ejecutoriada y que el 60% de los reclusos del país aún no están condenados y se encuentran con detención preventiva.
Brújula Digital|27|10|25|
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este lunes que el decreto presidencial de indulto y amnistía para reclusos no soluciona el hacinamiento en las cárceles del país, ya que solo beneficia al 40% de la población penitenciaria, que es la que cuenta con sentencia ejecutoriada, sin considerar a quienes guardan detención preventiva.
“Efectivamente no es la solución, hay un tema pendiente, que debe construirse a partir de una política criminal, de la penitenciaria que proscriba el uso abusivo de la detención preventiva”, dijo Callisaya en conferencia de prensa.
Decreto busca reducir el hacinamiento
La semana pasada, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, con más de dos tercios de votos, la resolución que avala el Decreto Presidencial 5460 de Indulto y Amnistía, cuyo objetivo es reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
La medida beneficiará a las personas privadas de libertad que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada y una pena privativa de libertad igual o menor a diez años, a partir de diversos requisitos.
Crítica al alcance limitado del decreto
Callisaya señaló que la norma alcanza solo al 40% de la población carcelaria, conformada por quienes ya tienen sentencia.
“Hay casi un 60% de personas privadas de libertad en detención preventiva y el saldo con sentencia condenatoria y esa ley (decreto) que se ha emitido solamente va a beneficiar a este porcentaje de 40%, pero el grueso de la población penitenciaria que está con detención preventiva no va a tener acceso”, precisó.
El defensor sostuvo que es necesario enfrentar el problema estructural del uso excesivo de la detención preventiva, causa principal del hacinamiento y de otras deficiencias en los penales del país.
“Hace varias semanas nosotros hemos planteado una alerta temprana donde claramente se ha identificado un uso abusivo de la detención preventiva y que eso provoca no solamente hacinamiento, sobrepoblación, sino debilitamiento de los diferentes servicios donde se encuentra el tema de seguridad”, aclaró.
Régimen Penitenciario resaltó la norma y dijo que beneficiará al 15% de la población carcelaria del país.
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