El objetivo de estas medidas es generar las condiciones para fortalecer una educación de calidad para todos que permitan disminuir las tasas de abandono y mejorar las competencias básicas en lenguaje, matemática y ciencias.
Brújula Digital|20|10|25|
Mauricio Alzérreca
En la encrucijada actual de Bolivia, marcada por una profunda crisis sistémica en lo económico, social, cultural y ambiental, y la inminente reconfiguración político-ideológica, optimizar el gasto educativo es una exigencia impostergable.
Ante la necesidad de una gestión fiscal extraordinaria para la estabilización económica a corto plazo, se deben sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo ecológico, económico, social y tecnológico sostenible, en el que la eficiencia del gasto en educación se convierta en un pilar fundamental.
En los próximos años, Bolivia demanda ajustes macroeconómicos profundos, lo que nos impone la exigencia de mejorar resultados educativos con recursos limitados. La ineficiencia en el gasto educativo no es un fenómeno aislado propio del sistema educativo, más bien es la compleja manifestación de un círculo vicioso histórico, que se alimenta de una interacción de factores críticos: i) contextos socioeconómicos y territoriales adversos; ii) discriminación de género que anula el potencial humano; iii) vulnerabilidad ante desastres naturales; iv) un modelo económico extractivista que no garantiza la sostenibilidad de la inversión en capital humano; v) mercado laboral tradicional dominado por una informalidad que desvaloriza la calificación ocasionando bajos niveles de retorno educativo y; vi) sistema educativo con resultados deficientes con una gestión escolar crónicamente desatendida.
La evidencia señala que la solución no es simplemente "gastar más" o "gastar mejor" de forma aislada al interior del sistema educativo. La clave es crear las condiciones institucionales, intersectoriales y territoriales para que cada boliviano invertido genere un impacto máximo, lo que exige el desarrollo de políticas públicas en educación con un enfoque sistémico, intersectorial, diferenciado e integradas a las políticas públicas económico-productivas, socioculturales y ambientales.
El Ministerio de Educación del nuevo gobierno, en estrecha colaboración con otras carteras clave, tiene la oportunidad decisiva de ejecutar intervenciones de bajo costo económico que actúen como puntos de apalancamiento, que promuevan una transformación profunda en la conducta del sistema educativo. El éxito de este cambio dependerá de la habilidad política para generar alianzas sólidas y fortalecer la gobernabilidad.
El establecimiento de una ruta crítica podría considerar en primer lugar el rediseño o reingenieria estratégica del sector educativo que permita al menos: i) garantizar la transparencia, pertinencia y eficiencia de la inversión por estudiante, a través de la descentralización y presupuesto por resultados territorializado; ii) romper barreras de género con la priorización y fortalecimiento de programas que incentiven el acceso de mujeres a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) y mujeres emprendedoras, con acceso a la educación superior y a carreras de alto retorno; iii) fortalecer la educación secundaria, mediante una expansión masiva de oferta técnica y bilingüe, la implementación de sistemas duales y pasantías, y una orientación vocacional robusta, y iv) fortalecer la protección de la inversión educativa con un fondo nacional para la resiliencia escolar y una planificación adaptada a riesgos y cambios demográficos.
En un segundo nivel se podría plantear intervenciones de gestión escolar focalizadas: i) Sistema de Alerta Temprana (SART) que identifique y apoye a estudiantes en riesgo de exclusión antes de que sea demasiado tarde, con apoyo pedagógico automatizado y tutoras y; ii) fortalecer los programas existentes de empoderamiento a directores como líderes pedagógicos, mejorando la participación familiar con programas como "escuelas para padres".
Finalmente, el tercer nivel de reformas estructurales habilitante podrían incluir: i) lanzar un pacto nacional por el empleo digno y la productividad que alinee la educación con las demandas reales del mercado laboral, creando incentivos para la contratación juvenil y fomentando sectores de alto valor agregado; ii) priorizar y fortalecer las políticas de cuidados y equidad de género, con guarderías, licencias corresponsables y apoyo a emprendimientos femeninos, y iii) fortalecer las intervenciones de prevención del embarazo adolescente para mitigar los factores externos que expulsan a los estudiantes del sistema educativo.
El objetivo de estas medidas es generar las condiciones para fortalecer una educación de calidad para todos que permitan disminuir las tasas de abandono y mejorar las competencias básicas en lenguaje, matemática y ciencias.
