El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz (CMSA-LPZ) propone diez acciones prioritarias que el Estado debe asumir para enfrentar esta problemática de manera efectiva.
Brújula Digital l02l06l25l
El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz expresó su preocupación ante el crítico contexto político y económico que atraviesa Bolivia, el cual pone en riesgo la seguridad alimentaria. Frente a este panorama propone 10 acciones prioritarias que el Estado debe asumir para enfrentar esta problemática de manera efectiva.
El pronunciamiento destaca que la escasez de productos básicos, el encarecimiento de los alimentos, la incertidumbre sobre el abastecimiento, los conflictos sociales en zonas productivas, el impacto de los desastres ambientales y la fragilidad institucional del Estado para garantizar los derechos humanos más básicos son factores que exigen una respuesta urgente, colectiva y consciente por parte de las autoridades actuales y las que resulten electas en 2025.
El Comité es una entidad sin fines de lucro y está conformado por equipo multisectorial y multidisciplinario que funciona como instancia de asesoramiento e incidencia en materia de seguridad alimentaria ante instituciones públicas y privadas.
“La crisis que estamos viviendo no es momentánea, responde a un modelo que prioriza la exportación de materias primas como la soya y la carne, en lugar de garantizar la alimentación de su población”, señala la coordinadora del Comité, Viviana Zamora. Según el documento, la situación se agrava porque se recurre a las importaciones para abastecer de alimentos a la población, mientras se permite la destrucción de bosques, el desplazamiento de comunidades, la promoción del uso intensivo de agrotóxicos y el abandono a la agricultura familiar.
Estas son las 10 acciones que la entidad propone para garantizar el derecho a la alimentación:
1.- Promover una canasta básica alimentaria con productos justos, sostenibles y agroecológicos.
2.- Sustituir importaciones con producción local, diversa y saludable.
3.- Proteger la agricultura familiar como eje central de la seguridad y soberanía alimentaria.
4.- Apostar por una nutrición basada en alimentos locales, con más calidad y menos dependencia de productos ultraprocesados.
5.- Reducir y, de ser posible, eliminar las quemas e incendios, asignando presupuestos suficientes para la fiscalización ambiental y la protección de áreas protegidas, áreas fiscales y otras áreas en riesgo, así como el establecimiento de medidas legales adecuadas y efectivas.
6.- Apostar por una economía circular que evite el desperdicio y priorice el uso eficiente de recursos.
7.- Fortalecer alianzas con medios de comunicación y plataformas de difusión para que la ciudadanía esté informada con datos veraces y análisis claros.
8.- Conocer, socializar, y cumplir las leyes de protección del medio ambiente, la biodiversidad y la fauna, que ya existen pero muchas veces se desconocen o no se aplican adecuadamente.
9.- Impulsar el consumo responsable y sostenible de productos del bosque, que protege los ecosistemas y fortalece las economías locales.
10.- Solicitar y difundir información clara y accesible para que las y los consumidores y productores conozcan en qué medida la agroindustria aporta a nuestra alimentación, ya que no garantiza una dieta saludable para todas y todos, pese a ocupar un lugar central en las políticas públicas.
En ese marco, el Comité insta a las autoridades electas este 2025 a tomar conciencia, promover políticas públicas sostenibles y respetuosas que protejan todos los ecosistemas para abrir el camino hacia una alimentación adecuada, justa y soberana que garantice la seguridad alimentaria de toda la población.
“Desde el Comité exhortamos al electorado a tomar una decisión informada y responsable en las urnas, ya que se trata del futuro alimentario y ambiental de Bolivia, y a mantenerse vigilantes para asegurar el cumplimiento de las promesas electorales”, finalizó Zamora.
BD/RED